El 21 y 22 de enero de 2025, una Misión de Alto Nivel del Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE llegó a Lima para abordar los temas relacionados con la independencia judicial y fiscal en el Perú. La Misión se lleva a cabo en el contexto de la implementación de la Convención de la OCDE para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, de la cual el Perú es Parte desde julio de 2018. El artículo 5 de esta Convención exige a las Partes evitar influencias indebidas en la investigación y el enjuiciamiento de casos de cohecho a funcionarios públicos extranjeros.
El Grupo de Trabajo sobre Cohecho está compuesto por los 46 Estados Parte de la Convención Anticohecho, incluido el Perú. Este Grupo supervisa la implementación de la Convención por parte de dichos Estados. Su decisión de enviar una Misión de Alto Nivel a Lima para reunirse con altos funcionarios fue motivada por preocupaciones sobre la independencia judicial y fiscal. La misión estuvo liderada por la presidenta del Grupo de Trabajo, Kathleen Roussel, acompañada de varios delegados del mismo grupo.
El Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE ha manifestado su preocupación ante acontecimientos que podrían poner en riesgo la independencia judicial y fiscal en el Perú durante las reuniones sostenidas con altos funcionarios peruanos de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo, incluyendo: el Presidente del Consejo de Ministros; el Ministro de Justicia y Derechos Humanos; la Presidenta del Poder Judicial; el Presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada; así como el Presidente y la Vicepresidenta del Congreso, además de altos miembros de la Comisión de Justicia y de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
El Grupo de Trabajo observa que, desde el año 2023, algunos fiscales a cargo del Equipo Especial Lava Jato, una unidad anticorrupción creada en el año 2016 para coordinar las investigaciones del Perú en materia de cohecho vinculadas al escándalo de la Operación Lava Jato en Brasil, han sido objeto de procesos disciplinarios e investigaciones fiscales mientras continúan en sus cargos y en ejercicio de sus funciones.
Durante el mismo período, se presentaron asimismo iniciativas para inhabilitar a ciertos miembros de la Junta Nacional de Justicia, además de presentarse una propuesta legislativa para reemplazar dicha Junta por una Escuela Nacional de la Magistratura, propuesta que deberá ser evaluada a fin de evitar un posible impacto en la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos de nombramiento y disciplinarios de jueces y fiscales. De manera similar, las reformas recientes al marco legal del Perú en materia de los acuerdos de colaboración y la incautación de bienes podrían socavar la capacidad de los fiscales para perseguir a los responsables de actos de corrupción.
Estos hechos generan preocupación sobre la capacidad para investigar los casos de cohecho internacional, como lo exige la Convención para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.
"Valoramos la voluntad de los representantes de los tres poderes del Estado peruano para reunirse con nosotros y abordar nuestras serias preocupaciones”, señaló Kathleen Roussel, presidenta del Grupo de Trabajo sobre Cohecho. “El Perú ha logrado avances significativos en la lucha contra la corrupción, y en los últimos años ha puesto en marcha varias investigaciones de alto perfil contra altos funcionarios. Para mantener este impulso, es fundamental que el Perú tome medidas proactivas para proteger a los fiscales y jueces de posibles interferencias políticas."
Seguidamente, el señor Eduardo Melchor Arana Ysa, Ministro de Justicia y Derechos Humanos, afirmó: “Es una preocupación permanente del Estado peruano la búsqueda de una mejor administración de justicia. El Perú es un país democrático que respeta la separación de poderes y la institucionalidad que se encuentra consagrada en nuestra Constitución Política, así como en los tratados internacionales. Hemos hecho los mejores esfuerzos para que cuenten con la mayor independencia durante sus reuniones. Estamos seguros de que la misión, en los próximos meses, realizará una adecuada evaluación, a partir de la información recabada.”
El Grupo de Trabajo volverá a evaluar la implementación de la Convención por parte del Perú en diciembre de 2026. Para más información, se invita a los periodistas a contactar con la Oficina de Medios de la OCDE.
Para conocer más sobre el trabajo del Perú en la lucha contra la corrupción, visite esta página web.
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