América Latina y el Caribe (ALC) es una región vasta y diversa, que presenta una gran diversidad económica y en la que los países enfrentan distintos desafíos según su estructura económica, dinámica comercial, dependencia de las materias primas, potencial energético, etc. Aunque los países de ALC encaran diferentes obstáculos según sus circunstancias, también tienen muchas tendencias en común, entre ellas la vulnerabilidad ante choques externos, la necesidad de una transición a una economía verde, la desigualdad persistente y los problemas de gobernanza. Para superar estos desafíos y aprovechar nuevas oportunidades, serán esenciales los esfuerzos coordinados a escala nacional, regional y global para movilizar los recursos necesarios.

A fin de acometer esta difícil tarea, ALC necesita una planificación efectiva y coordinada en materia de políticas, así como un financiamiento efectivo, con una integración estratégica de los actores públicos y privados. Teniendo en cuenta las limitaciones fiscales, existe una creciente necesidad de mecanismos de financiamiento innovadores y eficientes, y de colaboraciones entre el gobierno, el sector privado y los actores internaciones. Si bien el financiamiento del sector público sigue siendo esencial para superar las dificultades sociales, es fundamental crear incentivos y marcos adecuados para atraer inversión del sector privado hacia objetivos de desarrollo basados en el mercado. Las estrategias en materia de políticas deben trascender las fronteras sectoriales a fin de superar los desafíos sociales, económicos y ambientales interrelacionados. Este enfoque basado en la colaboración tiene por objeto movilizar recursos de manera eficiente, mejorar la resiliencia de las infraestructuras y promover un crecimiento inclusivo.

Estos esfuerzos deben sacarse adelante en un momento en el que la actividad económica de ALC ha sido moderada, debido a la dinámica cíclica y a problemas estructurales. El escaso crecimiento de la productividad sigue afectando al crecimiento económico a largo plazo de la región. En 2023, la productividad laboral promedio de ALC ascendió a un 33% de la correspondiente a la OCDE, lo que constituye un descenso desde el 40% registrado en 1990. Gran parte de esta brecha en la productividad laboral de ALC con respecto a las economías de ingresos altos puede atribuirse a las diferencias en la productividad total de los factores. El escaso crecimiento de la productividad en la región es un problema generalizado, ya que afecta a la mayoría de los sectores de la economía, en especial a aquellos en los que el sector privado desempeña una función principal, por ejemplo, el comercio, la fabricación y los servicios.

La mayoría de las economías de ALC han reaccionado a sus diferentes contextos económicos con instrumentos fiscales y monetarios adecuados, aunque el margen de maniobra es limitado. Por lo que se refiere a la política monetaria, las autoridades de los países que han adoptado un régimen de meta de inflación han mantenido una postura monetaria estricta, con el fin de estabilizar las expectativas de inflación. Al mismo tiempo, las elevadas tasas de interés nacionales han evitado riesgos financieros derivados de unas tasas de interés internacionales más elevadas, que podrían estimular la fuga de capitales. En relación con la política fiscal, la región está atravesando una fase de consolidación, pues el espacio fiscal del que disponen ha descendido significativamente desde la pandemia del COVID-19. Debido al incremento de los niveles de deuda y las subidas de las tasas de interés, el servicio de la deuda, como proporción de los ingresos tributarios, ha aumentado considerablemente. Junto con la necesidad de mejorar los resultados fiscales principales para reducir, o al menos contener, las ratios de deuda sobre el PIB, esta situación ha provocado la necesidad de reducir el gasto principal en algunos países de ALC, por lo que ha disminuido la demanda agregada en un momento en el que la actividad económica ha descendido.

Las tasas de pobreza y empleo informal siguen siendo desafíos socioeconómicos importantes de ALC. Aunque la pobreza ha disminuido en las últimas décadas, sigue siendo elevada en la región, representando el 26.8% de la población total de la región en 2024, mientras que la pobreza extrema se ha mantenido relativamente estable, afectando a una de cada diez personas en la región. En esta región, persiste la pobreza multidimensional —que engloba factores no monetarios como la educación, la salud, la vivienda y las condiciones de saneamiento— y el cambio climático amenaza aún más a las poblaciones más vulnerables. Pese a que las tasas de empleo han aumentado ligeramente, más de la mitad de los ocupados de ALC siguen desempeñando trabajos informales, con bajos salarios y un seguro social limitado. Además, las vulnerabilidades son más marcadas en el caso de las mujeres y los jóvenes. El trabajo informal se encuentra especialmente extendido en las zonas rurales y en sectores como la agricultura y la construcción. Resulta fundamental disponer de políticas efectivas que incorporen índices de pobreza multidimensional y estén orientadas a resolver el problema del empleo informal, a fin de conseguir beneficios sociales específicos, una mejora del empleo formal y una disminución de la desigualdad en la región.

Este capítulo examina el bajo crecimiento económico de ALC, centrándose de manera especial en los desafíos estructurales, habida cuenta de su moderado crecimiento potencial y bajo desempeño en materia de productividad. Además, el capítulo analiza el actual margen de actuación en cuanto a políticas fiscales y monetarias, así como el estado de las cuentas externas de la región. A continuación, pasa a examinar las condiciones sociales de ALC, centrándose en la informalidad y en el papel que podrían desempeñar los sistemas de seguridad social en la reducción de las vulnerabilidades sociales de la región. Por último, el capítulo destaca la necesidad de trazar una hoja de ruta clara para el desarrollo, con una agenda de financiamiento precisa, y concluye con los principales mensajes en materia de políticas.

Desde el año 2022, la región de ALC ha venido experimentando una ralentización económica. Pese a que esta tendencia es el resultado de una dinámica cíclica, siguen influyendo factores estructurales en la mayoría de los países de ALC. Esta situación se ve agravada por la combinación de medidas de política macroeconómica internas en la mayoría de los países de ALC, que no disponen de un espacio fiscal suficiente y presentan tasas de inflación persistentemente altas.

Un desafío estructural principal de ALC es el escaso crecimiento de la productividad, un factor clave en el deficiente desempeño económico de la región y su incapacidad para alcanzar el nivel de las economías desarrolladas. La productividad laboral promedio por hora trabajada de la región ascendió a un 33% del promedio de la OCDE en 2023 y esta diferencia ha aumentado desde 1990, cuando el promedio de ALC se situaba en un 40% (Gráfico 1.1). El bajo crecimiento de la productividad en ALC se asocia a varios factores, entre ellos los bajos niveles de innovación y adopción de tecnologías, la escasa inversión en capital físico y humano, el alto grado de informalidad y una asignación de los recursos que no es óptima (OECD et al., 2019[1]). La asignación de los recursos no es óptima cuando se da a las empresas establecidas un trato favorable a expensas de las nuevas empresas innovadoras o cuando el capital se canaliza hacia empresas políticamente relacionadas en lugar de a las que tienen un mayor potencial de crecimiento (IDB, 2024[2]).

La escasa productividad laboral de ALC se debe principalmente a la reducida eficiencia productiva de las economías de la región. La escasa eficiencia productiva puede atribuirse a décadas de crecimiento insuficiente de la productividad total de los factores (PTF), una medida del grado de eficiencia existente en el uso que la economía hace de sus insumos (entre otros del capital y de la mano de obra) para producir bienes y servicios. Por ejemplo, en promedio, la productividad laboral de ALC es del 70% en comparación con la de Estados Unidos. Cerca del 80% de esta brecha se puede atribuir a diferencias en la PTF, que en ALC es aproximadamente una tercera parte de la de Estados Unidos en promedio (las disparidades en cuanto a capital humano representan la mayor parte de la brecha restante).1 La PTF lleva desde 1950 situándose por debajo de la PTF de los países de la OCDE (Gráfico 1.2). De 1950 a 1975, la PTF creció en promedio cerca de un 1.1% al año en ALC, menos de la mitad del 2.4% registrado en los países de la OCDE y, desde entonces, los datos de la región han empeorado. De 1975 a 2023, la PTF descendió a una tasa anual promedio del 0.08% en ALC mientras que, en la OCDE, apenas creció en promedio al 0.05%.

Los niveles de capital por trabajador también son bajos en la región. En promedio, el nivel de capital por trabajador de ALC se acerca a una cuarta parte del registrado en Estados Unidos. Sin embargo, esta diferencia se explica en última instancia por la estructura de producción ineficiente de las economías de ALC. Así, la inferior PTF posee un efecto negativo directo en la producción y la productividad laboral, además de un efecto perjudicial agravado por la acumulación de capital. En consecuencia, el volumen total de capital en relación con el producto interno bruto (PIB) de ALC es similar en promedio a la ratio registrada en los Estados Unidos.

La evolución de la productividad en la región ha constituido un obstáculo importante para el crecimiento económico, en especial desde la década de 1980 (Gráfico 1.3). Durante el período 1950-70, el crecimiento de la PTF supuso aproximadamente una cuarta parte del crecimiento del PIB real de la región, que en promedio se situó en un 5.3% anual. Sin embargo, en la década de 1970, la PTF no solo no contribuyó al crecimiento económico, sino que en realidad lo frenó ligeramente. Desde 1980, la PTF ha obstaculizado de forma considerable el crecimiento económico, en particular en la década de 1980 y nuevamente desde 2011. Como consecuencia, durante el período 1980-2023, el PIB de ALC creció a una tasa promedio del 2.1% anual, ligeramente por debajo del 2.3% registrado en los países de la OCDE.

Debido al bajo crecimiento de la productividad, las tasas de crecimiento per cápita potenciales de ALC son reducidas e insuficientes para alcanzar la convergencia con las economías de ingresos más altos a medio plazo. Se estima que el crecimiento potencial del PIB per cápita de la región es próximo a un 0.8% al año, con independencia del método de estimación y según los datos del período comprendido entre 1980 y 2023. En comparación, se calcula que el crecimiento potencial del PIB per cápita de las economías de ingresos altos se sitúa cerca del 1.7% anual (Gráfico 1.4).

El escaso crecimiento de la productividad de ALC afecta a la mayoría de los sectores de la economía (Gráfico 1.5). La productividad laboral es inferior a la de la OCDE, en promedio, en todos los sectores salvo en la administración y los servicios públicos. Más concretamente, la productividad sectorial relativa promedio de ALC es el 66% de la de la OCDE. La productividad laboral de sectores clave tales como el comercio, la fabricación y otros servicios —que ocupan a una fracción considerable de trabajadores (23%, 10% y 11% respectivamente)— asciende al 33%, el 39% y el 42% de la registrada en la OCDE. La agricultura, que representa un 15% del empleo total, también muestra una brecha importante, ya que la productividad laboral es del 55% con respecto a la OCDE.

Los desafíos en materia de productividad que ALC lleva varias décadas encarando han obstaculizado el crecimiento y el desarrollo. Entre los principales factores que han contribuido a esta situación están las instituciones económicas que conforman el entorno empresarial. Estos factores institucionales engloban aspectos críticos tales como la protección de los derechos de propiedad, y la defensa de la observancia de la ley, el cumplimiento de los contratos y el mantenimiento de la capacidad estatal. Los marcos normativos y las políticas públicas también tienen una incidencia significativa. Estos factores influyen colectivamente en el funcionamiento de las empresas, ya que inciden en la productividad por medio de i) la asignación de recursos entre diferentes empresas e industrias; ii) la innovación empresarial; y iii) la entrada y la salida de las empresas. Para garantizar la efectividad de estos mecanismos e invertir en sectores estratégicos, resulta fundamental disponer de un sistema financiero que funcione correctamente (CAF, 2018[6]; OECD et al., 2023[7]).

Un factor clave para el escaso crecimiento de la productividad es el exiguo desarrollo de los sistemas financieros, que son esenciales para el financiamiento de la agenda de desarrollo (Capítulo 3). Los mercados financieros pueden tener efectos importantes en la productividad a través de diversos canales. En primer lugar, el acceso al financiamiento influye de manera importante en las decisiones de las empresas sobre innovación, expansión y exportación. En segundo lugar, la falta de crédito también puede tener consecuencias en las elecciones profesionales de las personas e impedir que empresarios de talento promuevan proyectos con gran potencial. En tercer lugar, un sistema financiero que funcione correctamente es fundamental para que las empresas amortigüen mejor los choques y para que las empresas más vulnerables y productivas sobrevivan. En una economía con escaso acceso al crédito, las empresas que superan los períodos de dificultades no necesariamente son aquellas más productivas. sino más bien las que presentan menores problemas de liquidez. El incremento de la productividad que se podría obtener con la eliminación de las fricciones de crédito oscila entre un 18% y un 24%, y podría llegar a ser del 36%. De igual manera, si los países de la región adoptasen mejores prácticas financieras, podrían lograr incrementos de la productividad del 18% y aumentos de la producción per cápita del 88% (CAF, 2018[6]).

Al igual que ocurre en el resto del mundo, la inflación de esta región está convergiendo hacia los niveles previos a la pandemia. Tras alcanzar máximos del 10% en promedio (salvo en Argentina y Venezuela) a mediados de 2022, desde la segunda mitad de 2023 la inflación ha descendido en la mayoría de los países de ALC, con independencia del régimen de su política monetaria (Gráfico 1.6). Los precios de las materias primas fueron el factor que más influyó en los recientes incrementos de las tasas de inflación principal y subyacente (IDB, 2024[2]; OECD et al., 2023[7]). Desde el inicio de 2023, los descensos de la inflación han resultado especialmente evidentes en economías en las que los bancos centrales son independientes y siguen regímenes de meta de inflación. Sin embargo, dentro de este tipo de regímenes, algunas economías —entre ellas Colombia y, en menor grado, México— han tenido dificultades para reducir la inflación general y estabilizar las expectativas a este respecto mientras que en otros países, como Brasil, Chile y Perú, la normalización de las tasas de inflación y las tasas de interés se consiguió más rápido a partir de la segunda mitad de 2023.

La política monetaria ha sido fundamental para contener la inflación general y mantener bajo control las expectativas al respecto. Para controlar tanto la inflación general como las expectativas, los bancos centrales de algunos países de ALC, entre ellos Brasil, Colombia, México y Perú, comenzaron a endurecer sus políticas monetarias incluso antes de que lo hicieran las economías avanzadas. Conforme las presiones inflacionistas se fueron atenuando en dichos países, los bancos centrales de la región también comenzaron a relajar las condiciones monetarias.

Las autoridades monetarias deberían mantener la cautela. Habida cuenta de que las condiciones locales están creando tensiones en lo que se refiere a las expectativas sobre la inflación en algunos países (entre ellos Brasil y México), los bancos centrales de la región deberían mantener la cautela y no relajar las condiciones monetarias con demasiada rapidez. Así se evitará una reducción importante de las diferencias entre las tasas de interés y, por lo tanto, se evitará la fuga de capitales y la depreciación de las divisas.

Los flujos de capital a corto plazo destinados a ALC han seguido mostrando resiliencia en vista de las altas tasas de interés registradas en los mercados financieros mundiales. La región obtuvo unas entradas netas de capital a corto plazo de 42 900 millones de USD en 2023 y 24 800 millones de USD en el primer semestre de 2024, de manera que mantuvo un flujo positivo prácticamente todos los meses (Gráfico 1.7).

Las entradas positivas en cartera desde 2023 se pueden atribuir en parte a las subidas de las tasas de interés en la región para hacer frente a la elevada inflación. Esta situación ha generado importantes diferencias con las tasas de interés de Estados Unidos y otras economías avanzadas. Las tasas de interés de la mayoría de los países de ALC se mantienen en niveles superiores a los de las economías avanzadas, sobre todo en Brasil y México. Estas diferencias han incrementado el atractivo de la región para los inversores, lo que ha beneficiado a los mercados de renta variable y de deuda. En el caso de los mercados de renta variable, el precio de los activos financieros en la región superó a los del grupo de las 24 economías emergentes que mide el Morgan Stanley Capital International (MSCI), al registrar una revalorización combinada próxima al 3.0%, en comparación con la caída del 4.4% sufrida por el bloque de economías emergentes, según el MSCI Stock Price Index, durante el tercer trimestre de 2023. En el caso de los mercados de bonos, América Latina disfrutó de un año favorable, al sumar entradas de capital netas por valor de 44 000 millones de USD en 2023.

Además de estas entradas en la cartera, la región recibió entradas históricas de inversión extranjera directa (IED) en 2022, con una ligera caída en 2023. Los flujos de entrada marcaron niveles récord de 205 590 millones de USD en 2022, pero descendieron un 9.9% en 2023, hasta los 184 300 millones de USD (2.8% del PIB), siguiendo la tendencia de descenso general a nivel mundial. La región sigue siendo una de las más atractivas del mundo en lo que se refiere a IED (OECD et al., 2023[7]; ECLAC, 2024[9]). En 2022 y 2023, las entradas de IED en la región supusieron más de un 14% de la IED mundial total (Gráfico 1.8). Ante estos elevados flujos de entrada de IED, debería seguir prestándose atención a la calidad. Por IED de calidad se entienden las inversiones que puedan contribuir al aumento de la productividad, la innovación, los salarios y las competencias, así como a la consecución de los objetivos de descarbonización (OECD et al., 2022[10]; OECD, 2019[11]; OECD et al., 2023[7]). Para fomentar una IED de calidad, se necesitan marcos normativos reforzados y estrategias de inversión bien definidas, a fin de garantizar que los flujos de IED puedan orientarse mejor hacia los objetivos de desarrollo.

El incremento de las entradas de IED en ALC se vio impulsado por factores estructurales y a corto plazo. Puesto que la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, iniciada en febrero de 2022, indujo una reconfiguración forzosa de las cadenas de valor en el continente europeo, la lejanía del conflicto transformó a América Latina en un destino seguro. Una gran parte de la inversión se dirigió al sector energético, con una relevancia cada vez mayor de las energías renovables (OECD, 2023[13]). La IED destinada a la región se benefició además de la retención de los beneficios por parte de un elevado número de corporaciones transnacionales en 2022. Esto fue lo que ocurrió sobre todo en Argentina, donde las filiales del país decidieron reinvertir los beneficios generados a lo largo del año, en lugar de transferirlos a la compañía matriz. La IED destinada a la región se vio impulsada además por el avance del nearshoring, que se expandió desde 2020, sobre todo en México (OECD, 2024[14]).

Tras el importante estímulo fiscal de 2020-21, la región inició un proceso de consolidación fiscal. El aumento de los ingresos fiscales en 2022, unido a un descenso del gasto público tras los estímulos fiscales adoptados durante la pandemia en 2020, redujeron los déficits fiscales del 6.9% del PIB en 2020 al 2.2% en 2022 en la región. De igual manera, el resultado primario alcanzó un superávit del 0.3% del PIB en 2022, frente a un déficit de 4.0% en 2020 (Gráfico 1.9) (ECLAC, 2024[15]).

Los ingresos fiscales aumentaron en 2022 en una mayoría de los países de ALC, gracias a los elevados precios de las materias primas y a un crecimiento económico mejor de lo esperado en algunos países. Más concretamente, la ratio impuestos/PIB aumentó en más de un 75% de los países de ALC entre 2021 y 2022, y el promedio correspondiente a toda la región aumentó 0.3 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 21.5%, de manera que se mantiene ligeramente por debajo de su nivel prepandemia del 21.6% (Gráfico 1.10). Este incremento del promedio regional se vio impulsado por el impuesto sobre las sociedades, debido al aumento de las ganancias de las empresas petroleras, pese a que se vio parcialmente contrarrestado por un descenso de los ingresos procedentes de los impuestos especiales, a causa de un descenso de la demanda y de la adopción de una serie de medidas de políticas por parte de los países para mitigar el impacto de las subidas de precios de la energía y los alimentos en los hogares y las empresas (OECD et al., 2024[16]).

Mantener una postura fiscal restrictiva está demostrando ser difícil por varios motivos. En primer lugar, el crecimiento se está ralentizando en la región tras la recuperación inicial de la pandemia, lo cual incrementa las presiones sociales y políticas para que los gobiernos gasten más. En segundo lugar, el financiamiento de los paquetes de estímulo fiscal adoptados durante la pandemia supuso la reasignación de recursos de otras partidas de gasto a subsidios y transferencias. Con la remisión de la pandemia, la presión para que se compense esa pérdida de gasto en ámbitos ignorados durante el período 2020-21 es cada vez mayor. En tercer lugar, con las citas electorales fijadas en varios países de la región, se está intensificando el apremio para que se incremente el gasto a corto plazo. En cuarto lugar, las presiones inflacionistas obligaron a las autoridades monetarias a subir las tasas de interés, lo que ha encarecido el servicio de la deuda. Eso es lo que ha sucedido en particular en los países con elevados niveles de deuda, como son los del Caribe, que no solo tienen una deuda superior, sino que sus debilidades fiscales están asociadas a perfiles de deuda más cortoplacistas. Por lo tanto, estos países son más sensibles a los cambios en la deuda a corto plazo y son vulnerables a las interacciones entre unas tasas de interés mundiales más altas y los riesgos de país. Por último, los precios de las materias primas sujetos a una gran volatilidad están afectando a los ingresos fiscales de los principales productores mineros y de hidrocarburos de ALC. Los ingresos relacionados con los hidrocarburos de los principales productores de la región aumentaron del 4.4% del PIB, en promedio, en 2022 al 2.6% en 2021, aunque se calcula que cayeron al 3.9% en 2023. Del mismo modo, los ingresos promedio procedentes del sector de la minería se incrementaron del 0.7% del PIB en 2021 al 0.8% en 2022, aunque en 2023 descendieron aproximadamente hasta el 0.5% del PIB, ya que la tendencia de los precios de los minerales fue a la baja (OECD et al., 2024[16]).

Resulta fundamental para la sostenibilidad fiscal y para proteger las inversiones disponer de marcos fiscales fiables, ya que pueden ayudar a mejorar la disciplina fiscal y reducir las primas de riesgo de la deuda soberana, si establecen normas claras (p. ej., normas fiscales) y directrices en materia de gasto público, recaudación de ingresos y endeudamiento. Los marcos fiscales sólidos pueden aumentar la confianza de los inversores y reducir así el costo de endeudamiento de los gobiernos. También pueden ayudar a proteger las inversiones públicas durante episodios de consolidación fiscal, ya que a los gobiernos les resulta más sencillo recortar el gasto en inversión (Ardanaz and Izquierdo, 2022[17]). Esto no solo incide en el crecimiento a largo plazo, sino que también puede afectar a la recuperación económica. (Arreaza et al., 2022[18]; OECD et al., 2023[7]).

Como consecuencia de la dinámica macroeconómica y de los esfuerzos permanentes de consolidación fiscal, el ratio de deuda sobre el PIB ha comenzado a converger con los niveles prepandemia. Sin embargo, la dinámica de la deuda debería seguir sometiéndose a seguimiento. En 2022, la deuda de los gobiernos centrales de la región representó un 51.5% del PIB, lo que supuso un descenso desde el 56.3% registrado en 2020 (ECLAC, 2024[15]). Este descenso se debe fundamentalmente a que el PIB ha vuelto a los niveles prepandemia en la mayoría de los países de la región y a la reducción de los déficits primarios. La retirada gradual de los paquetes de gasto extraordinario debido a la pandemia ha sido más difícil, aunque ha dado cierto resultado. Las fricciones sociales y políticas han dificultado el desmantelamiento total de los programas de gasto extraordinario según lo previsto. Además, el resultado primario sigue por encima del nivel necesario para estabilizar la deuda y el costo de la deuda es superior al crecimiento del PIB (Gráfico 1.11). Al situarse las tasas de interés por encima del crecimiento económico, el costo de servicio de la deuda crece a mayor velocidad que la economía.

La dinámica de la deuda pública de la región presenta una heterogeneidad considerable. En países que contaban con sólidos programas de consolidación fiscal ya antes de la pandemia (como Barbados, Ecuador y Jamaica), las ratios de deuda sobre el PIB reanudaron la tendencia a la baja tras un aumento inicial. En otros países (tales como Chile, Colombia, Paraguay y Perú), pese a su considerable heterogeneidad en lo que se refiere a ratios de deuda pública y calificaciones crediticias, la ratio de deuda sobre el PIB se ha estabilizado. Sin embargo, en otras economías (como Brasil), la ratio de deuda sobre el PIB podría estabilizarse en un nivel superior, lo que podría generar fragilidades fiscales. En otros países (Argentina y, en menor medida, México), todavía no hay evidencias claras de que la deuda esté iniciando una trayectoria de estabilización (IMF, 2024[19]).

La pobreza sigue siendo elevada en los países de ALC, aunque ha descendido desde principios de este siglo. En 2024, las personas que vivían en la pobreza representaban un 26.8% de la población total de la región (Gráfico 1.12). Dos décadas antes, en 2001, ese porcentaje era del 44.1%. Pese a la reducción generalizada de la pobreza, la pandemia del COVID-19 ha tenido un efecto perjudicial persistente en el bienestar de la población. La pobreza y la pobreza extrema se han mantenido por encima de los niveles prepandémicos en ALC en más de la mitad de los países de la región. En promedio, la situación mejoró ligeramente en 2024 en comparación con 2020, cuando la pobreza alcanzó el 32.8%. Sin embargo, la pobreza extrema se ha mantenido persistentemente alta desde 2001. En 2024, más de una de cada diez personas (10.4%) vivía en situación de pobreza extrema, en comparación con el 12.2% en 2002 (ECLAC, 2024[20]).

La inflación ha tenido un impacto negativo en las condiciones de vida de las personas que viven en ALC, en especial en las personas más vulnerables. De hecho, el efecto acumulado de los episodios de inflación incide enormemente en los hogares más vulnerables, en particular en aquellos con bajos ingresos o en los que la cabeza de familia es una persona mayor (Caisi et al., 2023[22]). En 2023, el nivel general de precios de la región fue un 13.1% superior al de 2021, aunque para las personas que viven en la pobreza extrema, el precio de la cesta de bienes consumidos normalmente fue un 20% más elevado (Gráfico 1.13, Panel A). La diferencia en las tasas de inflación alcanzó un máximo de 4.4 puntos porcentuales en 2022, durante el primer semestre de 2023 se mantuvo en 4.1 puntos porcentuales (OECD et al., 2023[7]) y, en promedio, fue de 2.9 puntos porcentuales en 2023 (Gráfico 1.13, Panel B). Esta brecha sigue siendo especialmente elevada en Argentina (8.5 puntos porcentuales), Colombia (3.3), Guatemala (4.5) y Perú (4.2). El descenso de la inflación relativa desde mediados de 2023 para la gente que vive por debajo del umbral nacional de la pobreza extrema se debe en parte a una disminución de los precios de las materias primas, que comenzaron a aumentar cuando la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania hizo que los precios de los alimentos y la energía se disparasen (OECD, 2023[23]; Rogoff, 2023[24]). Esta situación agravó aún más los problemas ocasionados por la pandemia en las cadenas de valor mundiales (Arriola et al., 2020[25]; OECD et al., 2023[7]), aunque dichas presiones se han atenuado recientemente (ECB, 2023[26]; Giordano and Michalczewsky, 2024[27]).

Pese a los avances, la reducción de la pobreza sigue siendo una preocupación social principal en ALC y debe considerarse en todas sus dimensiones. La falta de ingresos suficientes está correlacionada con otras dimensiones que son fundamentales para el bienestar de la población, tales como la educación, la salud, la vivienda y el saneamiento. Las mediciones de los ingresos y de la pobreza multidimensional en la región de ALC han avanzado considerablemente en las últimas décadas gracias a la disponibilidad de microdatos procedentes de encuestas nacionales a hogares realizadas por órganos gubernamentales y oficinas nacionales de estadística (Gasparini, Santos and Tornarolli, 2021[28]; OPHI and UNDP, 2023[29]). Sin embargo, la pobreza de ingresos medida a través de las encuestas a hogares no necesariamente mantiene una correlación perfecta con la pobreza a nivel multidimensional (Alkire and Shen, 2017[30]; Tran, Klasen and Alkire, 2015[31]). Las iniciativas de las Naciones Unidas (ONU) destinadas a abordar el desafío que supone erradicar la pobreza y la privación material en todas sus formas incluyen la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en 2015, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Los esfuerzos para medir la pobreza multidimensional tratan de establecer prioridades claras para la consecución de dichos objetivos (Recuadro 1.1).

La pobreza multidimensional medida por el IPM mundial varía enormemente entre los diferentes países de ALC. En 2022, la pobreza multidimensional se situó por debajo del 20% en seis países de ALC, aunque fue especialmente alta en El Salvador (33.4%), México (36.3%), Ecuador (38.1%) y Honduras (66.9%) (ECLAC, 2024[45]). De acuerdo con las estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, cerca de 33 millones de personas de ALC, o casi un 6% de la población regional, se encontraban en situación de pobreza multidimensional aguda en 2023 (OPHI and UNDP, 2023[29]). Entre las dimensiones de la pobreza, las condiciones de vida, en particular la vivienda y los servicios básicos, son las que más contribuyen a la pobreza aguda de la región (38.9%), seguidas de la salud (33.5%) y la educación (27.6%) (ECLAC, 2024[45]). Al mismo tiempo, las consecuencias del cambio climático tienen un mayor impacto en los grupos más vulnerables. A escala mundial, entre 32 y 132 millones de personas corren el riesgo de caer en situación de pobreza debido al cambio climático de aquí a 2030 en la mayoría de los escenarios (Jafino et al., 2020[46]).

Los índices de pobreza multidimensional son una herramienta importante para ayudar a los responsables de la formulación de políticas a entender mejor la pobreza monetaria y otras formas de privación, y para poder abordarlas. En Colombia, se elaboró una versión simplificada del IPM nacional usando datos detallados del censo para identificar zonas del país en situación de privación crítica. La información se utilizó para priorizar determinadas regiones y municipios con el fin de orientar mejor las prestaciones sociales (DANE, 2020[47]). En Chile, se ha utilizado el IPM como una herramienta de política para complementar los datos estadísticos existentes sobre pobreza y diseñar, supervisar y evaluar la política pública para la consecución de los ODS (Gobierno del Chile, 2017[48]). En muchos casos, hacer que las personas pobres participen directamente en la validación de la estructura del IPM nacional puede servir para saber de manera más directa en cuáles de las dimensiones centrarse, así como el nivel de gravedad de la pobreza multidimensional. Algunos países de ALC, como El Salvador y Panamá, han llevado a cabo dicho proceso (OPHI/University of Oxford/UNDP, 2019[44]).

Algunos países de ALC han ampliado el alcance de los IPM en las políticas. Por ejemplo, Costa Rica y México han adoptado e incorporado oficialmente el IPM en sus procesos de asignación presupuestaria, al alinear los recursos con los resultados del IPM nacional. Las asignaciones pueden ajustarse para abordar las privaciones de manera más efectiva, incluso cuando se usa la misma cantidad de recursos presupuestarios agregados. Este tipo de análisis permite a los gobiernos acelerar las reducciones de la pobreza multidimensional redistribuyendo los recursos de acuerdo con las necesidades de cada región o de los grupos vulnerables (MPPN, 2017[49]; OPHI/University of Oxford/UNDP, 2019[44]). Los IPM pueden complementar además la información existente con indicadores ambientales, como un dominio específico de la pobreza multidimensional. Gran parte de la privación material está vinculada a desastres naturales tales como terremotos, deslizamientos de tierra, inundaciones y tormentas (OECD et al., 2022[10]). Las encuestas a hogares sobre diversos temas pueden brindar la oportunidad de identificar qué grupos pobres y vulnerables son las víctimas de privaciones específicas relacionadas con los recursos naturales y ambientales. Chile, la República Dominicana, El Salvador y Panamá han modificado sus encuestas a hogares para incluir un módulo sobre los riesgos de los desastres naturales y la contaminación ambiental (OPHI/University of Oxford/UNDP, 2019[44]).

Las oportunidades laborales se han estancado en ALC en la última década (ECLAC, 2024[43]). En 2022, la tasa de empleo en la región de las personas con edades comprendidas entre 15 y 64 años se situó en el 65.1%, ligeramente por encima del nivel de 2012, del 64.4%, y por debajo del promedio de la OCDE de 2022, del 69.3% (año en el que se registró un incremento sustancial de 4.4 puntos porcentuales con respecto al observado diez años antes).

Las mujeres y los jóvenes son segmentos de la población sumamente vulnerables en el mercado laboral de la región. En 2022, la brecha de género de las tasas de empleo era de 24.8 puntos porcentuales en los países de ALC, con una oscilación de entre 38.3 puntos porcentuales en Honduras y 11.7 puntos porcentuales en Uruguay. Las oportunidades relativas que ofrece el mercado de trabajo a las mujeres han mostrado escasos avances durante los últimos diez años: la brecha de género se ha contraído tan solo 3.5 puntos porcentuales desde 2012. Los jóvenes de entre 15 y 24 años tienen pocas probabilidades de conseguir empleo. En 2022, la tasa de empleo juvenil era del 39.6%. Estas vulnerabilidades son acumulativas en el mercado laboral de ALC. Las mujeres jóvenes tienen una probabilidad extremadamente baja de conseguir un empleo, con solo tres de cada diez ocupadas en 2022.

Además, en los mercados laborales de la región abundan los empleos de baja calidad y la informalidad. En 2022, más de la mitad de los trabajadores de ALC tenían empleos informales (55.7%) (ILO, 2024[50])2. Esta cifra constituye tan solo una ligera mejora con respecto a 2010, cuando un 59.4% de las personas empleadas tenía un trabajo informal. La tasa de informalidad es especialmente alta en Bolivia (83.7%), Ecuador (68.5%), Guatemala (79.6%), Paraguay (67.9%) y Perú (74.4%). Por el contrario, las políticas fiscales efectivas han ayudado a recortar las tasas de informalidad prácticamente a la mitad en Chile y Uruguay (véase más información en el Capítulo 2). En 2022, esta tasa se situó en el 27.4% en Chile y en el 22.1% en Uruguay.

En la región de ALC, tanto hombres como mujeres se encuentran expuestos a las dificultades que acarrea el trabajo informal. En 2022, la proporción de trabajadores informales dentro de cada grupo era del 55.9%, en el caso de los hombres, y del 55.4%, en el caso de las mujeres. Sin embargo, en los países en los que la informalidad es especialmente elevada, las mujeres presentan más probabilidades que los hombres de realizar un trabajo informal. La brecha de género de la tasa de informalidad es considerable en Bolivia (5.0 puntos porcentuales), Ecuador (4.6), Guatemala (4.8), Paraguay (3.0) y Perú (5.7), países en los que cerca de siete de cada diez trabajadores pertenecen al sector informal. Además, la incidencia del trabajo informal es más elevada en sectores como la agricultura (78.0%) y la construcción (75.8%), y es más baja en el sector de la fabricación (47.8%) y los servicios (49.6%). La informalidad también es más predominante en las zonas rurales (71.4%) que en las urbanas (50.5%).

Medir la informalidad de los hogares resulta útil para conocer las características del mercado laboral de cada país. La condición de trabajadores informales o formales de los miembros activos de un hogar tiene consecuencias importantes para los miembros dependientes. El empleo formal de al menos uno de los miembros de un hogar puede incrementar el acceso de este a los sistemas de seguridad social, que con frecuencia cubren al cónyuge y/o los hijos del contribuyente, al igual que ocurre con el seguro médico. Por eso, los hogares en los que solo hay trabajadores informales se enfrentan a vulnerabilidades diferentes de las de los hogares mixtos. Incorporar la dimensión del hogar al análisis de la informalidad ayuda a los responsables de la formulación de políticas a identificar a los destinatarios de los programas de ayuda social y diseñar políticas públicas específicas que aborden las vulnerabilidades y consecuencias negativas de la informalidad para las personas individuales y sus hogares.

En ALC, durante los años previos a 2022, un 64.9% de la población vivía en hogares en los que al menos uno de los sustentos económicos principales procedía del sector informal, ya que un 42.5% de los hogares dependía por completo del empleo informal y un 22.4% de los hogares tenía características mixtas porque sus ingresos procedían del sector formal e informal. Los miembros de los hogares que dependían del empleo formal representaban un 25.1% de la población (Gráfico 1.14). Sin embargo, existe una gran heterogeneidad en toda la región. La proporción de personas que viven en hogares completamente dependientes del sector informal es considerable en países como Honduras (73.9%), Bolivia (70.8%), Nicaragua (64.2%) y Perú (60.6%), mientras que la proporción de personas cuyo sustento procede íntegramente de la economía formal es alta en Uruguay (65.4%), las Bahamas (62.0%), Chile (59.2%) y Costa Rica (56.6%).

El trabajo informal, al ser un factor que influye en el reducido salario de las personas y los bajos ingresos de los hogares, incide negativamente en las condiciones de vida. En ALC, durante la década de 2020, un 65.5% de la población que se situaba en el quintil más bajo de distribución de ingresos de los hogares viviría en hogares que dependían íntegramente de la economía informal, un 13.9% en hogares con ingresos procedentes de ambos sectores y un 20.6% en hogares con trabajos formales. En el quintil de ingresos más alto, por el contrario, dichos porcentajes eran respectivamente del 22.2%, el 24.1% y el 53.7% (OECD, 2024[51]).

En otras palabras, la informalidad laboral está vinculada a la pobreza de la región de ALC (Gráfico 1.15). Durante la década de 2020, un 28.2% de los trabajadores informales vivía por debajo del umbral de pobreza nacional en promedio, mientras que solo un 10.5% de los trabajadores formales eran pobres. El porcentaje de trabajadores informales que vivía por debajo del umbral de la pobreza era extremadamente alto en Honduras (62.4), Argentina (58.5%) y México (44.8%). Entre los diferentes países de ALC, cabe destacar que las tasas de pobreza totales de los trabajadores guardan una correlación casi perfecta con la brecha de pobreza entre los trabajadores informales y los trabajadores formales.

Más allá de su impacto directo en los trabajadores, la economía informal tiene graves consecuencias negativas para los miembros de las familias. En ALC, durante la década de 2020, un 44.8% de los menores de 5 años dependía íntegramente de los ingresos de hogares informales. Ocurre lo mismo en el caso de las personas mayores: un 48.7% de las personas de más de 65 años dependía íntegramente de hogares informales (OECD, 2024[51]). Esto significa que prácticamente la mitad de la población más vulnerable de la región podría no disponer de una cobertura social efectiva, por ejemplo pensiones contributivas o un seguro médico. Orientar los programas de asistencia social hacia este tipo de familia debe ser una prioridad de los gobiernos de ALC.

El uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en las políticas de formalización puede constituir un instrumento fundamental para reducir la informalidad en ALC. Estudios recientes han destacado cómo estas han contribuido a la formalización de empresas pequeñas, debido a una mejor trazabilidad de las actividades informales, un avance en la productividad gracias a aplicaciones digitales o a un mejor acceso a instrumentos financieros por parte de las pequeñas empresas o los empleados por cuenta propia, a través de las tecnologías financieras (fintech) (ILO, 2022[52]; Filipetto et al., 2022[53]). Por lo tanto, promover la transformación digital en la región podría contribuir al descenso de la informalidad.

Las economías de ALC siguen presentando profundas desigualdades, aunque han disminuido en las décadas recientes debido en parte al elevado crecimiento durante la época en la que los precios de las materias primas se dispararon (Balakrishnan et al., 2021[54]). Los indicadores de las desigualdades que presentan los ingresos disponibles de los hogares, por ejemplo, el índice de Gini, no han experimentado grandes cambios desde 2017, tras los significativos descensos observados desde el inicio de la década de 2000 (Gráfico 1.16). En 2022, el coeficiente de Gini en ALC fue del 0.45. Los países que presentaban los coeficientes de Gini más elevados (indicativos de una mayor desigualdad) eran Brasil y Colombia, por encima de 0.50. Los coeficientes de Gini más bajos se observaron en Argentina, la República Dominicana y Uruguay, con índices entre 0.38 y 0.40. A nivel mundial, en torno a 2015, la región presentaba desigualdades relativas superiores a las de África (0.42), Asia (0.36) y Europa (0.31) (World Bank, 2024[55]).

El descenso estructural de la desigualdad en la región durante las últimas dos décadas se ha visto impulsado principalmente por una importante reducción de los desiguales resultados en cuanto ingresos en una selección de países en los que la desigualdad era especialmente elevada. Por ejemplo, la desigualdad de ingresos medida por el coeficiente de Gini fue sumamente elevada a principios de la década de 2000 en Bolivia (0.61), la República Dominicana (0.50) y El Salvador (0.51). Pero en 2022, dicho coeficiente se había contraído respectivamente a 0.42, 0.38 y 0.40. Esta tendencia positiva estuvo relacionada en parte con el hecho de que los precios de las materias primas se disparasen en dichos países (Balakrishnan et al., 2021[54]). Sin embargo, la desigualdad ha sido más persistente en ciertos países de ALC, manteniéndose por encima del promedio regional tanto en 2002 como en 2022, entre ellos Brasil (0.57 en 2002 y 0.51 en 2022), Panamá (0.57 y 0.50) y Paraguay (0.58 y 0.47).

El trabajo formal es el factor que más influye en la desigualdad salarial. En promedio, durante la década de 2020, los empleados formales de ALC ganaban un salario por hora que duplicaba el obtenido por los empleados informales, lo que contribuía a una elevada dispersión de los ingresos del mercado laboral. La ratio es superior al promedio en El Salvador (4.4 veces), Honduras (2.5) y Perú (2.4) y es considerablemente más baja en Barbados (1.7), Chile (1.3), y Brasil y Colombia (1.6).

Para aumentar la inclusión social en ALC, no solo es necesario reforzar el financiamiento sino también mejorar el diseño de las políticas de los sistemas de protección social. En un contexto en el que los recursos son limitados, resulta fundamental promover el diseño de políticas de protección social que sean efectivas y eficientes. Este apartado se centra en el diseño de las pensiones de jubilación, los seguros médicos, las prestaciones por desempleo y las políticas activas del mercado de trabajo en ALC. Comienza con una descripción de los niveles de gasto social en la región y un examen de las diferencias entre los sistemas de protección social contributivos y no contributivos.

En 2022, el gasto social de los gobiernos centrales en relación con el PIB de América Latina descendió por segundo año consecutivo, tras el importante crecimiento registrado en 2020 con la respuesta de emergencia a la pandemia del COVID-19. En 2022, el gasto social de los gobiernos centrales se situó en un 11.5% del PIB, 2.2 puntos porcentuales menos que en 2020, pese a ser ligeramente superior al nivel de 2019 (0.3 puntos porcentuales) (ECLAC, 2023[56]). Utilizando la base de datos de gasto social de la OCDE (SOCX), una clasific ación de los gastos sociales, los países de ALC sobre los que hay datos disponibles gastaron, en promedio, un 12.6% del PIB en protección social en 2018, frente a un 19.7% del PIB en la OCDE (ECLAC, 2023[57]; OECD, 2023[58]). El uso eficiente de los recursos públicos es esencial para promover el bienestar de los ciudadanos, al tiempo que se reduce al mínimo el tener que recurrir a los impuestos directos de los trabajadores (véase el Capítulo 2) (Nuñez and Lasso, 2023[59]; Izquierdo, Pessino and Vuletin, 2018[60]; AFD, 2024[61]; OECD et al., 2019[1]; Cecchini, 2020[62]).

Los principales componentes de los sistemas de protección social pueden clasificarse en dos grandes áreas: i) los sistemas de protección social contributivos, conocidos tradicionalmente como “seguridad social” o “seguro social”; y ii) los sistemas de protección social no contributivos, también denominados “ayudas sociales”. Los sistemas de protección social contributivos tienen por objeto ofrecer a los trabajadores y a sus dependientes un seguro adecuado que los proteja ante experiencias vitales que inciden en los medios materiales de los que disponen, por ejemplo, la jubilación, el desempleo, una enfermedad, una discapacidad y la paternidad/maternidad. El acceso a los sistemas de protección social contributivos requiere el pago de contribuciones a la seguridad social, que son deducidas de los salarios o de otros ingresos del trabajo generados en el mercado laboral. Los sistemas de protección social no contributivos consisten en transferencias, subsidios y servicios públicos orientados a la población y los hogares más vulnerables, por ejemplo, a quienes se encuentran en situación de pobreza (ya sea monetaria o multidimensional). Estas prestaciones no suelen financiarse mediante contribuciones a la seguridad social, sino que se incluyen en el presupuesto general, usando recursos procedentes de los impuestos directos e indirectos (Cecchini, 2020[62]; ILO, 2021[63]; OECD, 2019[64]). Debería implantarse un sistema de protección social básica para los trabajadores tanto formales como informales, a pesar de que se necesitarían más ingresos tributarios. Los incentivos para la creación de empleo formal se verían reforzados en el caso de que dicha protección social básica se financiara con cargo a la recaudación de impuestos generales y no con contribuciones a la seguridad social, que suelen incrementar el costo del proceso de formalización. La vinculación de las prestaciones y la concesión de derechos de protección social también puede incrementar el atractivo del empleo formal para los trabajadores (Arnold et al., 2024[65]).

Una combinación efectiva de programas de financiamiento público bien orientados, destinados a incrementar la cobertura de los regímenes de protección social, junto con intervenciones en materia de políticas bien diseñadas e implementadas en los mercados laborales de ALC, puede promover la inclusión social y abordar las actuales carencias en la protección de los grupos vulnerables estrechamente ligadas al empleo informal. En este contexto, diseñar un único régimen de afiliación para los diferentes sistemas de seguridad social, que abarcan las pensiones y el seguro médico, debería contribuir al aumento de la inclusión social a través de la formalización del empleo (OECD, 2024[66]).

Pese a que la mayoría de los sistemas de pensiones, por ejemplo, las pensiones mínimas contributivas, pertenecen a la categoría de sistemas de protección social contributivos, algunos programas, como las pensiones sociales no contributivas, son programas de transferencia de efectivo (Arenas De Mesa, 2019[67]; Arenas de Mesa, Robles and Vila, 2024[68]; OECD, 2024[66]; Arenas De Mesa and Robles, 2024[69]). La finalidad de dichas pensiones no contributivas es equilibrar el consumo a lo largo del ciclo de vida, a fin de facilitar ingresos tras una invalidez o tras el fallecimiento de la persona cabeza de familia, además de mitigar la pobreza de la población de edad avanzada.

Los sistemas de pensiones pueden también clasificarse en categorías según la gestión financiera de los recursos, las normas para la concesión de las prestaciones y el mecanismo de distribución (Cecchini, 2020[62]; Uthoff, 2016[70]). Las diferencias principales están relacionadas con las modalidades de gestión financiera. Los sistemas de pensiones pueden clasificarse como i) sistemas por reparto, en los que la población económicamente activa contribuye al sistema de pago de las pensiones de quienes ya se han jubilado; o ii) sistemas de capitalización, en los que las contribuciones a las pensiones se depositan en una cuenta de ahorro de inversión creada por cada trabajador afiliado para su uso personal al llegar a la edad de jubilación.

Los sistemas de pensiones de ALC han experimentado reformas estructurales importantes desde la década de 1980. Dichas reformas han consistido en general en la transformación del diseño institucional de los sistemas de reparto, mediante la introducción de planes de capitalización individual. En general, las reformas estructurales han derivado en períodos de transición largos durante los cuales han coexistido al menos dos sistemas de pensiones, el nuevo y el antiguo, como ocurrió con la reforma chilena de 1981. Desde entonces, nueve países de ALC (Argentina, Bolivia, Costa Rica, la República Dominicana, El Salvador, México, Panamá, Perú y Uruguay) han incorporado un régimen de capitalización a sus sistemas, ya sea como pilar principal o como complemento del sistema de reparto tradicional (ECLAC, 2018[71]; Cecchini, 2020[62]; OECD, 2023[72]). Colombia ha aprobado recientemente una nueva legislación destinada a incrementar la cobertura, mediante subsidios orientados a trabajadores que no cumplen los requisitos de período mínimo de cotización para obtener una pensión contributiva, en especial a las mujeres (Ministerio del Trabajo, 2024[73]).

Los países de ALC han experimentado además reformas paramétricas destinadas a modificar el marco de los sistemas de reparto, incluso aunque dichas reformas se hayan aplicado también a los sistemas de capitalización. Entre 2008 y 2017, 11 países de América Latina —Brasil, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela— ajustaron sus sistemas públicos de reparto, mientras que 4 países —Colombia, Chile, El Salvador y Perú— ajustaron sus sistemas de capitalización individual (ECLAC, 2018[71]).

En este contexto, los sistemas de pensiones consistentes exclusivamente en regímenes de capitalización individual han comenzado a ser objeto de crítica en la región. Los economistas argumentan que centrar los esfuerzos del sistema de pensiones exclusivamente en la capacidad de ahorro individual no parece viable, en especial en un contexto de informalidad laboral de larga data (Arnold et al., 2024[65]; Uthoff, 2016[70]; Sojo, 2017[74]). Las contribuciones a los sistemas de pensiones de la región descendieron durante la pandemia. En 2020, solo contribuyó a los sistemas de pensiones un 44.3% de la población económicamente activa, con una ligera recuperación en 2021 (45.7%); la cobertura de la población activa en 2021 fue especialmente baja en el caso de las familias con bajos ingresos (7.1%) y en las zonas rurales (21.8%), así como en el caso de los jóvenes de entre 15 y 19 años (16%) (Robles and Holz, 2024[75]; Arenas de Mesa, Robles and Vila, 2024[68]; Arenas De Mesa and Robles, 2024[69]).

El elevado nivel de informalidad en el mercado laboral de ALC, la gran proporción de empleos inestables del sector formal con escasa capacidad de contribución y el aumento de otras formas de trabajo atípicas, como las vinculadas a las plataformas digitales, plantean desafíos a la hora de incrementar la baja tasa de cobertura de los sistemas de pensiones de la región, en especial en el caso de los sistemas de capitalización individual (Robles and Holz, 2024[75]; ECLAC, 2018[71]). Los sistemas actuales ya han cambiado a una combinación en la que las pensiones sociales no contributivas complementan el sistema contributivo: la cobertura de los sistemas de pensiones no contributivas para personas de 65 años o más se incrementó del 3.4% en 2000 al 26.7% en 2021 (ECLAC, 2018[71]; Robles and Holz, 2024[75]). Diversos estudios se han centrado en los efectos de las pensiones no contributivas en la reducción de la pobreza y la desigualdad en los países de ALC. Los resultados no son concluyentes, pero algunas evidencias estadísticas sostienen la hipótesis de que la pobreza y la pobreza extrema se reducen en el caso de las personas que reciben pensiones sociales, sin que ello plantee riesgos para la sostenibilidad financiera (Arenas de Mesa, Robles and Vila, 2024[68]; Arenas De Mesa and Robles, 2024[69]).3

ALC también presenta grandes brechas en términos de acceso al sistema de salud, por lo que la región se enfrenta al desafío de avanzar hacia políticas y sistemas de atención más integrales (OECD, 2023[76]). Sin embargo, el gasto total en salud ha ido en aumento. De 2010 a 2017, la tasa de crecimiento anual promedio del gasto en salud real per cápita fue superior al 3% en la mayoría de los países de la región (Rao et al., 2022[77]).

El gasto público en salud varía enormemente entre los diferentes países de ALC. Esta variable se sitúa cerca del 5% del PIB en países como Argentina, Costa Rica, Nicaragua, Surinam y Uruguay, pero es próxima al 3% del PIB en otros como Colombia, Granada, Guatemala, Honduras, México y Venezuela. Estas cifras se comparan con niveles de gasto en salud en los países de la OCDE de entre el 8% y el 11% del PIB. Particulares y familias siguen financiando un amplio porcentaje del gasto total en salud. Los gastos de bolsillo promedio de la región alcanzaron el 30.3% del gasto total en salud en torno a 2020, lo que equivale a un 2.2% del PIB regional, una cifra que superó el 30% en 14 de 33 países de ALC (Robles and Holz, 2024[75]). Los elevados gastos de bolsillo indican que el acceso a un servicio de salud universal continúa sin estar a disposición de un considerable porcentaje de la población de la región, en un momento en el que los riesgos de enfermedades y desastres naturales están repercutiendo precisamente en este tipo de gastos, tal como han demostrado nuevas amenazas epidemiológicas como la crisis del COVID-19 (Marinho, Dahuabe and Arenas de Mesa, 2023[78]).

Sin embargo, los sistemas de salud están enormemente integrados con otros programas de protección social existentes en la región y la protección social global contribuye de forma importante a la mejora del derecho a la salud, gracias a programas de bajas laborales remuneradas, transferencias de efectivo, inclusión laboral, cuidado y acceso a los servicios básicos. Estos mecanismos de ayuda influyen de manera positiva en la salud de la población y contribuyen a la reducción de las desigualdades en materia de salud a lo largo del ciclo de vida, además de disminuir la carga económica de hogares y gobiernos (Hone, 2018[79]). Este enfoque, que se conoce como atención primaria de la salud, se considera una esfera prioritaria en ALC (ECLAC, 2022[80]; WHO and UNICEF, 2018[81]). La atención primaria de la salud desempeña un papel estratégico en la coordinación de los sistemas de salud con la protección social y la promoción de los cambios necesarios en dichos sistemas para avanzar hacia la universalidad. Mediante el refuerzo de la atención primaria de la salud, se puede abordar la fragmentación de los servicios sanitarios y la segmentación de la demanda de atención basada en la capacidad de pago de la población.

Las prestaciones por desempleo son otro aspecto fundamental de la protección social, ya que su objetivo principal es garantizar las condiciones en materia de ingresos de aquellas personas que, pese a tener capacidad y voluntad para trabajar, no pueden encontrar un empleo (Isgut and Weller, 2016[82]; ILO, 2021[83]; ILO, 2021[63]). Las prestaciones por desempleo se otorgan a través de sistemas contributivos, en los que los trabajadores o las empresas pagan contribuciones a la seguridad social (seguro por desempleo) o a través de transferencias monetarias financiadas con cargo al presupuesto público (ayudas al desempleo) (ECLAC, 2023[56]).

En la actualidad, las prestaciones por desempleo en ALC son insuficientes, ya que solo 10 de los países de la región cuentan con un seguro por desempleo. Esta exigua cobertura se explica por la estructura de los mercados laborales de la región, en los que la informalidad es elevada y hay pocos trabajadores por cuenta propia que tengan capacidad para pagar contribuciones voluntarias (Weller, 2023[84]). Los países tuvieron que ajustar sus programas y políticas de protección social durante la pandemia del COVID-19 para ofrecer ayudas adecuadas a los desempleados (ECLAC, 2022[80]; Velásquez, 2021[85]; Velásquez Pinto, 2003[86]). Las modificaciones introducidas consistieron en reducir las contribuciones mínimas necesarias para adquirir derechos, ampliar la cobertura a otros grupos o en relación con sistemas de desempleo parciales, ampliaciones de la duración de las medidas y un incremento de sus importes. Pese a estos esfuerzos, únicamente un 12.5% de la población desempleada total de la región disfrutaba de prestaciones por desempleo en 2021, con una gran heterogeneidad entre los distintos países. La cobertura no superaba el 10% de los trabajadores desempleados en Argentina, Ecuador y Venezuela, mientras que los países con una cobertura superior a la de los del resto de la región fueron entre otros Barbados (88.0%), Uruguay (31.4%), las Bahamas (26.9%) y Chile (24.3%) (Robles and Holz, 2024[75]). Adaptar las prestaciones por desempleo a las características del mercado laboral y vincularlas a programas activos del mercado de trabajo son acciones fundamentales para promover la reinserción laboral, al tiempo que se protege a los grupos más vulnerables sin desincentivar la formalización del empleo.

Por último, las políticas activas del mercado de trabajo constituyen medidas políticas destinadas a fomentar oportunidades laborales, mejorar la calidad del empleo en términos de formalidad e incrementar las competencias y habilidades de los trabajadores (Espejo et al., 2023[87]; ECLAC, 2024[20]). Las políticas activas del mercado de trabajo bien diseñadas, en cuanto que elementos fundamentales en la implementación de programas de asistencia social, pueden ayudar a reducir las disparidades sociales. El número de programas de este tipo aumentó en 22 países de ALC de 70 en 2010 hasta 121 en 2019 (ECLAC, 2024[20]).

Las políticas activas del mercado de trabajo de la región están orientadas a diferentes etapas de la vida de las personas, en particular a los desempleados y los trabajadores con empleos informales. En 2022, 31 de los 120 programas de la región se enfocaron en la inclusión de los jóvenes en el mercado laboral, aunque se necesitan más esfuerzos, habida cuenta de las importantes brechas a las que se enfrentan los jóvenes en términos de acceso al mercado de trabajo. Otros programas abordan las necesidades de los grupos vulnerables que encaran múltiples barreras en los mercados laborales de ALC, así como a personas con discapacidades, mujeres y minorías étnicas como la población indígena y la afrodescendiente (ECLAC, 2024[20]). Estos programas deberían ampliarse, tanto en número como en alcance, para derribar las barreras de entrada y garantizar la inclusión laboral de los grupos vulnerables que experimentan múltiples formas de desigualdad, discriminación y exclusión (Espejo et al., 2023[87]).

Los tipos de iniciativas habituales en la región de ALC incluyen capacitación técnica y promoción del autoempleo, algo especialmente importante para abordar la informalidad, ya que los trabajadores por cuenta propia se encuentran sobrerrepresentados entre los trabajadores informales. En 2022, 79 programas de inclusión laboral impartieron cursos de capacitación técnica y profesional; 48 promovieron el autoempleo; 21 se dirigieron a programas de creación de empleos indirectos; 10 incluyeron programas de educación para adultos e iniciativas para animar a los estudiantes a seguir estudiando; y 9 constituyeron iniciativas de creación de empleos directos. El foco de los programas de inclusión laboral varía según el grupo de edad objetivo, ya que las necesidades de inclusión son distintas a lo largo del ciclo de vida (Espejo et al., 2023[87]). En términos generales, los datos indican que los cursos de capacitación técnica y profesional son fundamentales para jóvenes y adultos. También es clave anticipar la demanda que habrá en el mercado de futuras competencias, para formular políticas efectivas del mercado laboral (ECLAC, 2024[20]; OECD et al., 2023[7]). Las políticas activas del mercado de trabajo orientadas a las poblaciones más vulnerables deberían promover la inclusión social y el uso eficiente de los recursos económicos. Uno de los desafíos principales a los que se enfrenta la región es el diseño sistemático de estudios de evaluación del impacto. Las pruebas empíricas existentes apuntan a que los programas de capacitación generalmente tienen un impacto positivo en el incremento de las oportunidades laborales de los beneficiarios y que resultan efectivos para aumentar las probabilidades de conseguir un trabajo formal (Escudero et al., 2019[88]). Los escasos estudios disponibles son menos concluyentes con respecto al papel contracíclico de los programas de obras públicas, mientras que los subsidios salariales suelen impulsar las probabilidades de obtención de empleo, en particular cuando se orientan directamente a las personas particulares (ILO, 2016[89]).

La enorme diversidad y abundancia de recursos naturales con los que cuenta ALC se yuxtapone a un contexto de persistentes desigualdades, vulnerabilidad ante el cambio climático y convulsiones socioeconómicas recientes. Los desafíos sociales, económicos y ambientales de carácter estructural que presenta esta región exigen acciones estratégicas en materia de políticas, que tengan como eje central la mejora y el incremento de los niveles de inversión (OECD et al., 2023[7]).

En tal escenario, resulta esencial realizar una planificación de las políticas coordinada y correctamente secuenciada, ya que los desafíos en materia de desarrollo son multidimensionales y no resultan fáciles de superar. Estas dificultades están profundamente interrelacionadas, por lo que son necesarias estrategias que trasciendan las fronteras sectoriales y que aprovechen las sinergias entre los diferentes objetivos de desarrollo (OECD, 2021[90]). Los indicadores multidimensionales de desarrollo ofrecen un marco útil para la formulación de estrategias en materia de políticas que aborden los problemas ampliamente interrelacionados. El marco multidimensional de los ODS es tal vez la referencia más importante para cuantificar el progreso hacia la consecución de múltiples objetivos de desarrollo y, por lo tanto, resulta útil para conocer los costos que tendrá tal desafío (UNCTAD, 2023[91]). Los debates en curso sobre lo que ocurrirá tras la Agenda 2030 reconocen la necesidad de mantener iniciativas destinadas a conseguir un desarrollo sostenible (UofT and UCL, 2024[92]; Partners for Impact, 2024[93]). El marco de medición del bienestar multidimensional de la OCDE ofrece además indicadores útiles para conocer el progreso en materia de desarrollo y los desafíos que quedan por superar (OECD, 2021[90]).

Según las evaluaciones, los avances registrados hasta la fecha en relación con los ODS en ALC no son suficientes para alcanzar la mayor parte de las metas de aquí a 2030. Pese a que un 73% de los indicadores medibles, que representan un 72% de las metas señaladas en la Agenda 2030, apuntan a un avance en el sentido previsto, un 41% de dichos indicadores (equivalente al 47% de las metas) debe intensificar los esfuerzos para agilizar los progresos. Esta aceleración es necesaria para garantizar el cumplimiento de los niveles de referencia fijados para 2030 en los próximos siete años (ECLAC, 2024[45]). Según los datos disponibles, solo se podría alcanzar el 25% de las metas de los ODS de aquí a 2030 (Gráfico 1.17). Los progresos son lentos en cerca del 48% de las metas y, en un 27%, se están experimentando retrocesos (ECLAC, 2022[80]).

El marco de la OCDE para medir el bienestar multidimensional ofrece una herramienta analítica complementaria para conocer el estado y los desafíos principales en el avance hacia un mayor bienestar para los ciudadanos (OECD, 2020[94]). Si miramos más allá de los promedios, se observan amplias variaciones entre los diferentes países y también dentro de estos. Las dos décadas anteriores a la pandemia fueron testigo de incrementos considerables en el bienestar promedio de la región, aunque el ritmo de avance se ha ralentizado desde mediados de la década de 2010 y hasta 2019 persistieron problemas estructurales como la informalidad y las desigualdades (OECD, 2021[90]). Asimismo, muchos de los recursos en los que se fundamenta la sostenibilidad del bienestar ‒recursos de capital natural, humano, social y económico‒ se encuentran amenazados o mermados. Adoptar un enfoque en materia de políticas que se centre en el bienestar4 contribuiría a que los países de ALC aborden desafíos sociales sumamente interrelacionados de manera más efectiva.

La brecha de financiamiento constituye la diferencia entre los niveles actuales de inversión en desarrollo sostenible y la cantidad necesaria para lograr los ODS de aquí a 2030. Cuantificar la brecha de financiamiento para el desarrollo sostenible de ALC es una tarea fundamental que exige esfuerzos colectivos entre los diferentes gobiernos e instituciones multilaterales. Resulta esencial conocer su magnitud para planificar iniciativas de desarrollo efectivas. Pese a los desafíos inherentes que supone esta labor tan compleja, se han puesto en marcha iniciativas para calcular los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos mundiales en materia económica, social y ambiental (Recuadro 1.2).

La magnitud de los desafíos de la región de ALC exige una movilización considerable de recursos, que supera con creces lo que puede aportar el financiamiento público por sí solo, así como un uso efectivo de dichos recursos. Esto subraya la necesidad urgente de un esfuerzo de colaboración que agrupe a los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y los socios internacionales, a fin de sumar recursos y conocimientos especializados de manera coherente y estratégica. Mediante la promoción de un entorno que fomente la inversión privada y el desarrollo de mecanismos de financiamiento innovadores y eficientes, así como del fortalecimiento de la cooperación internacional, la región puede movilizar los recursos necesarios para alcanzar sus metas de desarrollo (Capítulos 3 y 4). El camino hacia un futuro sostenible y resiliente de la región de ALC reside en aprovechar el poder del financiamiento colaborativo, que impulsa la innovación y garantiza que los esfuerzos de desarrollo beneficien a todos los segmentos de la sociedad (OECD, 2022[103]).

La región puede recorrer dicho camino hacia el crecimiento sostenible y la resiliencia trazando una hoja de ruta clara para el desarrollo. En un contexto de desafíos apremiantes en materia de desarrollo y de limitación de las capacidades fiscales, ALC precisa una estrategia integral de desarrollo que tenga como eje central una agenda de financiamiento definida. Las acciones estratégicas en materia de políticas para abordar las disparidades de la región y movilizar recursos de manera efectiva exigen la identificación de mecanismos de financiamiento innovadores y la alineación de las inversiones públicas y privadas con los objetivos de desarrollo (United Nations, 2024[104]).

Los Planes Nacionales de Desarrollo (PND) son cruciales para definir estrategias coherentes —propiedad de los gobiernos de los países asociados— a fin de que los sectores públicos y privados movilicen recursos hacia la consecución de los principales objetivos de desarrollo. Esto reviste especial importancia para optimizar los recursos en la difícil coyuntura fiscal de la región. Por lo que se refiere al sector público, los PND sirven como marcos rectores e incluso como marcos obligatorios en algunos casos, que resumen las inversiones públicas y garantizan la asignación eficiente de los recursos. En el caso del sector privado, los PND proporcionan orientación sobre las estrategias nacionales, lo que permite a los inversores canalizar los recursos hacia sectores fundamentales para el desarrollo (OECD et al., 2019[1]). Mediante la alineación de los intereses públicos y privados, los PND promueven sinergias en los esfuerzos de movilización de recursos, lo que facilita el crecimiento económico sostenible y el progreso social.

Los planes sectoriales deberían alinearse con los PND para coordinar la implementación de estrategias polifacéticas en materia de políticas, tales como la “triple transición” que engloba las transiciones verde, social y digital. Por ejemplo, la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas, Conectividad y Educación de Colombia ofrece una hoja de ruta sectorial coordinada de programas paralelos cuyo objetivo es suministrar energía no contaminante a los centros escolares y también una infraestructura digital para garantizar el acceso a internet en zonas remotas. Además, las políticas de desarrollo productivo desempeñan un papel fundamental, ya que permiten a los países enfocarse en transformar los sectores priorizados para un crecimiento sostenible (ECLAC, 2024[105]). Estas políticas son esenciales para dirigir los esfuerzos hacia donde pueden tener mayor impacto, fomentando la diversificación industrial y mejorando la competitividad en sectores seleccionados. Al alinear el financiamiento con los objetivos de desarrollo productivo, los PND aseguran que los recursos se canalicen hacia sectores con alto potencial de retorno económico y social, impulsando así la transformación estructural de la región.

Los PND también crean las condiciones necesarias para la colaboración entre las esferas pública y privada, lo que en última instancia promueve inversiones en ámbitos prioritarios y fomenta el desarrollo inclusivo. La región de ALC presenta uno de los niveles de inversión total más bajos de todas las regiones del mundo, tan solo un 20% del PIB (OECD et al., 2023[7]).

El financiamiento público es crucial para hacer frente a los desafíos sociales que son primordiales para el desarrollo sostenible de la región, aunque podría no atraer inversión privada de forma inmediata (Capítulo 2). Entre otras cosas, engloba programas sociales que tienen por objeto la reducción de la pobreza, la equidad educativa, la protección social y un acceso universal al cuidado de la salud, esferas con ventajas generalizadas para la sociedad y en las que el retorno directo para los inversores privados es más difícil de determinar (Gráfico 1.18).

Del mismo modo, determinadas áreas de conservación ambiental requieren inversión pública por su falta de rentabilidad para el sector privado. En un momento en el que ALC está lidiando con una importante desigualdad y vulnerabilidad al cambio climático, la región precisa una inversión importante en infraestructura resiliente a los impactos ambientales y en programas sociales que puedan reducir la brecha de desigualdad (Capítulo 2). La inversión pública en proyectos de energía renovable y la preservación de lugares importantes para la biodiversidad, como la selva amazónica, resultan esenciales para la consecución de los objetivos de sostenibilidad de la región y tienen que financiarse con fondos públicos y ayuda internacional (OECD et al., 2022[10]). Garantizar la transparencia y la eficiencia del gasto público es vital para maximizar el impacto de estas inversiones, ya que genera confianza y garantiza un uso efectivo de los recursos (IMF, 2019[107]).

El financiamiento público no es suficiente para financiar todas las necesidades de desarrollo de la región (véase anteriormente sobre la política fiscal y también el Capítulo 2). Los gobiernos de ALC están lidiando con limitaciones fiscales que han agravado la crisis económica provocada por la pandemia del COVID‑19, lo que ha limitado su capacidad para invertir en salud, educación, clima, medioambiente y protección social a los niveles necesarios (Bierbaum and Schmitt, 2022[108]; OECD et al., 2021[109]). Esta realidad fiscal acentúa la importancia decisiva del sector privado para cubrir la brecha de financiamiento. Aunque el sector privado sigue siendo el principal motor de inversión de ALC, su porcentaje del 78.4% de la inversión total de la región es inferior al promedio de la OCDE, cercano al 84% (Gráfico 1.19) (OECD et al., 2023[7]).

Desarrollar modelos de financiamiento en los que participe el sector privado, tales como las asociaciones público-privadas (APP), puede facilitar la inyección de capital privado en sectores cruciales, lo que aportará eficiencia, escalabilidad e innovación a los proyectos de desarrollo (IDB, 2021[111]). Algunos países de ALC han logrado avances significativos en la implementación de marcos regulatorios e institucionales de APP, aunque persisten importantes disparidades regionales en lo que respecta a la sostenibilidad y la preparación de los proyectos. Instituciones estatales débiles, legislación ambigua y un diseño deficiente de los contratos han conducido a anomalías tales como renegociaciones frecuentes y costosas de las concesiones de carreteras (Bitran, Nieto-Parra and Robledo, 2013[112]). En particular, se identifican brechas significativas en la gestión de las APP, que requieren mejoras en la gestión de riesgos, la supervisión de proyectos y la evaluación de los impactos económicos y sociales de las APP operativas (OECD et al., 2023[7]; Economist Impact, 2022[113]).

El financiamiento público de ALC suele centrarse en inversiones en infraestructura crítica, entre otras carreteras, lo que destaca el énfasis estratégico que ponen los gobiernos en las redes físicas básicas (Gráfico 1.20). El financiamiento privado impulsa el crecimiento económico a través de inversiones en sectores cuya viabilidad comercial está clara y pueden prosperar soluciones impulsadas por el mercado, por lo que es esencial en la región (Capítulo 3). Esto engloba sectores tales como el de la tecnología, las telecomunicaciones y la conectividad del transporte, así como determinados proyectos de infraestructura que pueden generar beneficios tanto económicos como sociales (OECD et al., 2020[114]; OECD et al., 2023[7]). El subsector de las telecomunicaciones, en particular, al ser un sector de crecimiento dinámico, suele atraer financiamiento privado. Dichas inversiones digitales son cruciales para impulsar la conectividad y también para potenciar las transiciones verde y social.

Movilizar recursos del sector privado implica algo más que solo subsanar las brechas de financiación: representa una oportunidad para apoyar las políticas de desarrollo productivo mediante el fomento de la transformación económica en sectores prioritarios (Capítulo 3). La participación del sector privado puede introducir nuevas tecnologías y modelos de negocio que incrementen la productividad y la competitividad, además de abordar cuestiones sociales y ambientales críticas. Al fomentar inversiones alineadas con estrategias de desarrollo productivo, el sector privado puede impulsar un crecimiento sostenible mientras apoya las agendas de desarrollo de los países (CEPAL, 2024[116]). Estas inversiones focalizadas permiten cambios estructurales que aumentan la competitividad y promueven industrias de alto impacto, lo cual es fundamental para la resiliencia y el crecimiento a largo plazo de la región. Por ejemplo, las inversiones en energía renovable y agricultura sostenible pueden contribuir a los esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático, crear empleo y promover la resiliencia económica (OECD et al., 2022[10]). Asimismo, cada vez hay más oportunidades empresariales alineadas con objetivos ambientales y con las nuevas regulaciones, por lo que su atractivo para el sector privado también va en aumento. El floreciente ecosistema de empresas emergentes tecnológicas de la región, por ejemplo, demuestra cómo puede el capital privado impulsar la innovación en soluciones de banca digital, comercio electrónico y tecnologías financieras y hacer frente a desafíos económicos y relacionados con el acceso (Capítulo 3).

La inversión en investigación y desarrollo (I+D) es un sector transformador que ofrece oportunidades atractivas e incentivos a la inversión privada. A diferencia de otros sectores que dependen enormemente de financiamiento público debido a su escaso atractivo comercial, la innovación y el desarrollo destaca como esfera dinámica que puede atraer capital privado, en particular cuando se impulsa mediante incentivos tales como las desgravaciones fiscales y los derechos de propiedad intelectual (ECLAC, 2022[117]). La inversión en I+D impulsa la innovación y la competitividad, aspectos fundamentales para superar desafíos regionales tales como el estancamiento económico y la desigualdad social. Al aumentar de forma estratégica el I+D, la inversión privada no solo fomenta avances tecnológicos y la creación de empleo altamente cualificado, sino que además contribuye de manera importante al crecimiento económico sostenible (ECLAC, 2022[117]). En comparación con otras regiones y países, como la Unión Europea, los países de la OCDE, China o los Estados Unidos, ALC sigue dependiendo enormemente del financiamiento público para las labores de I+D, por lo que existe margen de crecimiento de las fuentes privadas de financiamiento, entre ellas empresas, instituciones de educación superior, fondos extranjeros y organizaciones privadas no lucrativas (Gráfico 1.21).

La creación de un entorno propicio para la inversión privada implica abordar desafíos estructurales que pueden disuadir a los inversores, tales como la inestabilidad política, la incertidumbre regulatoria y la infraestructura inadecuada. Para atraer inversión privada, es necesario generar un entorno propicio que mitigue los riesgos y ofrezca una rentabilidad atractiva, además de un alineamiento con los ODS (Capítulo 3). El contrato social desempeña un papel fundamental en este proceso al fomentar una gobernanza inclusiva y participativa que genera confianza, fortalece los sistemas fiscales y alinea los intereses de diversos actores con objetivos de política a largo plazo y sostenibles (OECD et al., 2021[109]). Reforzar los marcos jurídicos e institucionales y mejorar la transparencia y la gobernanza son medidas cruciales para incrementar la confianza de los inversores (OECD, 2015[120]). Esto comporta disponer de un marco regulatorio y de políticas que incentiven inversiones sostenibles (p. ej., taxonomías, informes), mecanismos de distribución de riesgos y directrices claras sobre prácticas sostenibles (OECD et al., 2023[7]).

La región de ALC encara importantes desafíos debido a la complejidad institucional y regulatoria, tanto a nivel interno como entre las diferentes jurisdicciones. Dicha complejidad engloba cuestiones tales como el trato desigual de los inversores, prácticas de diligencia debida inconsistentes y requisitos regulatorios que varían entre las diferentes jurisdicciones (OECD et al., 2023[7]). Mediante la promoción de la interoperabilidad de los sistemas regulatorios y la integración de las taxonomías de desarrollo sostenible, la región de ALC podría elevar la calidad de la inversión, mitigar riesgos para las empresas privadas y crear un entorno empresarial coherente y propicio, lo que contribuiría a atraer inversores nacionales e internacionales. Asimismo, generar confianza y entablar un diálogo entre el sector público, los inversores privados y las comunidades es algo vital no solo para reforzar el pacto social, sino también para garantizar que los proyectos estén alineados con las necesidades locales y las prioridades en materia de desarrollo. Innovaciones financieras como los bonos verdes, sociales, sostenibles y ligados a la sostenibilidad, la inversión de impacto y los instrumentos de financiamiento mixto pueden ofrecer soluciones viables para canalizar fondos privados hacia proyectos de desarrollo sostenible (véase el Capítulo 4).

La cooperación y colaboración internacionales desempeñan un papel crucial en la amplificación del impacto del financiamiento del desarrollo. Los bancos multilaterales de desarrollo, las instituciones financieras internacionales y los donantes bilaterales no solo pueden aportar recursos financieros, sino también conocimientos técnicos de gran utilidad, desarrollo de capacidades y ayuda en materia de políticas (OECD et al., 2019[1]). Por ejemplo, el modelo GEMMES de Colombia ofrece escenarios para el financiamiento de la trayectoria de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN), lo que ayuda a los encargados de la toma de decisiones a definir las estrategias en materia de políticas para luchar contra el calentamiento global (AFD, 2024[61]). Esta ayuda externa es crucial para apalancar recursos adicionales, distribuir el riesgo y garantizar la sostenibilidad de las inversiones. Asimismo, las colaboraciones internacionales pueden facilitar el acceso a los mercados mundiales, a tecnologías y mejores prácticas, lo que incrementará la capacidad de la región para superar sus desafíos en materia de desarrollo de manera más efectiva (United Nations, 2024[104]).

Para avanzar de manera fructífera en el financiamiento para el desarrollo sostenible, la región de ALC debe seguir acertando con su combinación de políticas macroeconómicas. Las medidas para mantener o reforzar la credibilidad de las autoridades monetarias son esenciales para estabilizar las expectativas sobre la inflación y prevenir riesgos financieros derivados de tasas de interés internacionales más altas, que podrían estimular la fuga de capitales. Del mismo modo, deberían mantenerse los esfuerzos destinados a incrementar el espacio fiscal. Aunque los niveles de deuda se están reduciendo, deben seguir controlándose y deben mantenerse o reforzarse marcos fiscales fiables, puesto que son esenciales para la sostenibilidad fiscal y para la promoción de las inversiones.

De cara al futuro, la región debe hacer frente a desafíos de larga data en materia de desarrollo. Los países de ALC deberían implementar estrategias de desarrollo bien diseñadas a través de planes nacionales de desarrollo, en forma de planes de inversión plurianuales. Reformar las instituciones económicas (p. ej., la protección de los derechos de propiedad, la observancia de la ley, el cumplimiento de los contratos, la capacidad estatal y los marcos regulatorios) ayudará a las empresas con la asignación de los recursos y la innovación, aspectos fundamentales para incrementar la productividad e impulsar el crecimiento sostenible. Crear sistemas que faciliten el financiamiento es vital para que las empresas se expandan, exporten y superen períodos adversos de convulsión económica. Derribar las barreras que impiden el buen funcionamiento de los sistemas financieros es igualmente fundamental. Facilitar el acceso al crédito ayudará a las personas con sus opciones en el ámbito laboral, en particular a emprendedores con talento que persigan proyectos de gran potencial.

Será fundamental crear sociedades más resilientes para conseguir un modelo de desarrollo más inclusivo. Una acertada combinación de reformas de las políticas estructurales y sistemas de protección social bien diseñados constituirán herramientas fundamentales para acabar con la informalidad laboral persistente, la pobreza y las desigualdades socioeconómicas. En un contexto en el que los recursos económicos son limitados, resulta esencial promover el diseño de políticas que sean efectivas y eficientes. Por ejemplo, las intervenciones en materia de políticas relacionadas con los sistemas de protección social deberían tener como objetivo una mayor universalidad, además de reconocer que la forma de financiamiento de los sistemas de salud y de las pensiones contributivas es fundamental para promover la formalización del empleo. Por otra parte, los sistemas de protección social no contributivos adecuadamente orientados, entre ellos las transferencias de efectivo condicionales, podrían mejorar la protección que se brinda a los grupos más vulnerables.

Los desafíos interrelacionados deben abordarse mediante una planificación de las políticas bien secuenciada, coordinada y efectiva. La región debería incrementar la inversión pública en la resolución de los desafíos sociales, creando infraestructura resiliente y mejorando los servicios esenciales, además de incrementar al mismo tiempo la transparencia y la eficiencia del gasto. Fomentar un entorno regulatorio estable atraerá inversión privada, respaldada por marcos institucionales solventes sobre asociaciones público-privadas y otros tipos de inversiones. Este aspecto resulta fundamental, habida cuenta de la participación relativamente baja del sector privado de ALC, en especial en materia de investigación y desarrollo.

[61] AFD (2024), GEMMES Colombia: Understanding Macroeconomic Vulnerabilities and Opportunities Related to Low Carbon Transition, Agence Française de Développement (AFD), Paris, https://www.afd.fr/en/carte-des-projets/gemmes-colombia-understanding-macroeconomic-vulnerabilities-and-opportunities-related-low-carbon-transition.

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[22] Caisi, J. et al. (2023), “The uneven impact of high inflation”, OECD Papers on Well-being and Inequalities, No. 18, OECD Publishing, https://doi.org/10.1787/59e2b8ae-en.

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[47] DANE (2020), Medida de Pobreza Multidimensional Municipal de Fuente Censal, https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2018/informacion-censal/bt-censal-pobreza-municipal-2018.pdf.

[26] ECB (2023), Economic Bulletin Issue 6, European Central Bank, https://www.ecb.europa.eu/press/economic-bulletin/html/eb202306.en.html.

[43] ECLAC (2024), CEPALSTAT, Statistical Databases and Publications, https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/dashboard.html?theme=1&lang=en.

[15] ECLAC (2024), Fiscal Panorama of Latin America and the Caribbean, 2024: Fiscal Policy for Addressing the Challenges of Climate Change, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, https://www.cepal.org/en/publications/69217-fiscal-panorama-latin-america-and-caribbean-2024-fiscal-policy-addressing.

[9] ECLAC (2024), Foreign Direct Investment in Latin America and the Caribbean 2024, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/a450f098-bbcb-41d2-88fd-b8e426c92677/content.

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[20] ECLAC (2024), Social Panorama of Latin America and the Caribbean, 2024, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, https://repositorio.cepal.org/items/e1403b62-ae38-461c-af18-00c8ed1610b3.

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[57] ECLAC (2023), Public and private social expenditure (SOCX methodology), in percentages of GDP, https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/dashboard.html?lang=en (accessed on 1 April 2024).

[56] ECLAC (2023), “Social Panorama of Latin America and the Caribbean, 2023”, Economic Commission for Latin America and the Caribbean, https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/7ddf434a-6073-4f1e-8b71-a6639e4586d5/content.

[117] ECLAC (2022), Innovation for Development: The Key to a Transformative Recovery in Latin America and the Caribbean, Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), Santiago.

[80] ECLAC (2022), Social Panorama of Latin America 2021, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/dcad3d5a-70c5-4ec6-8712-c68c8b220487/content.

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[125] Escobar, F., S. Martínez and J. Mendizábal (2013), El impacto de la Renta Dignidad: política de redistribución del ingreso, consumo y reducción de la pobreza en hogares con personas adultas mayores, Economic and Social Policy Analysis Unit (UDAPE), Ministry of Development Planning (MDP), La Paz.

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