Cuando funcionan correctamente, los sistemas financieros son capaces de movilizar recursos privados y de canalizarlos hacia objetivos de desarrollo. Un sistema financiero desarrollado proporciona a los particulares y las empresas acceso a servicios financieros esenciales, como préstamos, productos de ahorro y seguros, lo que les permite mejorar o suavizar su consumo e incrementar la inversión en capital físico y humano. Asimismo, el sistema financiero desempeña una función esencial en la promoción del emprendimiento y el fomento de la creación de empleo y, de este modo, mejora el bienestar económico, reduce la desigualdad e impulsa el crecimiento económico (Levine, 2018[1]; World Bank, 2008[2]; OECD, 2020[3]). Una condición fundamental para alcanzar estos objetivos es que los mercados financieros estén bien regulados y supervisados, ya que esto debería reforzar su solvencia y estabilidad y mitigar la acumulación de vulnerabilidades con el fin de evitar riesgos sistémicos (Boikos, Panagiotidis and Voucharas, 2022[4]; Strobbe, Nie and Rab, 2023[5]).

Durante las tres últimas décadas, los mercados financieros han experimentado un crecimiento considerable en América Latina y el Caribe (ALC) en términos de volumen, número de participantes, instrumentos y productos. Los hogares han incrementado en gran medida su participación en estos mercados por la vía del acceso a cuentas de ahorro y al crédito, aunque una proporción elevada de los hogares informales continúan sin tener una cuenta de crédito. La expansión del sector financiero ha contribuido al crecimiento y el desarrollo de las grandes empresas, incluidas las de mayor tamaño. Sin embargo, las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (mipymes) de la región de ALC todavía tienen dificultades para acceder a los mercados financieros, además de que ALC presenta el segundo mayor déficit de financiamiento de todas las regiones en desarrollo del mundo (OECD et al., 2023[6]). En lo que respecta al desarrollo de los mercados de capitales, aunque en una gran mayoría de los países de ALC el acceso a financiamiento de las empresas privadas a través de los mercados locales de renta variable y renta fija es limitado, la región ha incrementado su presencia en los mercados internacionales por medio de emisiones de deuda y el uso de recibos de depósito y continúa trabajando en pro de la integración financiera regional.

El presente capítulo explora la situación actual de los mercados financieros en ALC y la contribución que pueden realizar a la consecución de los objetivos de desarrollo de la región. Analiza el sistema bancario regional atendiendo a su profundidad, acceso y eficiencia, así como las cuestiones del riesgo y la solvencia. Tras este repaso del panorama del desarrollo financiero de la región, el capítulo examina las brechas en materia de inclusión financiera, el impacto de la innovación digital en la supresión de las barreras de acceso y el papel crucial de la educación financiera. Después analiza los mercados de capitales de la región, haciendo hincapié en que su desarrollo puede mejorar la liquidez y la inclusión y facilitar el acceso a los mercados de las empresas de tamaño mediano, especialmente en condiciones de solvencia elevada y riesgos equilibrados. El capítulo resalta la importancia de la regulación, y concluye explorando el papel de ALC en los mercados internacionales de deuda, así como los esfuerzos para trascender las fronteras nacionales en el desarrollo de los mercados financieros por medio de la integración financiera regional.

Dentro del sistema financiero, los bancos son los principales intermediarios para los hogares y las empresas. En las regiones con mercados de capitales poco desarrollados, como América Latina, el crédito bancario es particularmente importante, puesto que constituye la fuente de financiamiento principal para las empresas (Christiano Silva, Miranda Tabak and Tetzner Laiz, 2021[7]). Mejorar la inclusión financiera de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y de los hogares en el sistema bancario y desarrollar mercados financieros más diversificados y eficientes son dos medidas imprescindibles para impulsar el desarrollo inclusivo en ALC (Arellano et al., 2018[8]).

Por lo general, para evaluar el funcionamiento del sistema bancario se consideran tres aspectos: profundidad, acceso y eficiencia (Čihák et al., 2012[9]). La profundidad mide el tamaño de los mercados financieros; el acceso indica en qué medida pueden utilizarlos las personas; y la eficiencia evalúa la efectividad con que el sistema presta servicios. Este enfoque permite capturar las principales características de los sistemas financieros y la evolución de la estructura financiera en la región (De la Torre et al., 2011[10]).

Pese a las mejoras de la última década, la profundidad financiera en ALC sigue siendo baja. El crédito interno al sector privado se ha duplicado en los últimos 20 años, hasta alcanzar el 50% del producto interno bruto (PIB) en 2022. Pese a este crecimiento, ALC se sitúa por detrás de regiones como la Unión Europea (85%) y Asia Oriental (170%), con una profundidad similar a los niveles observados en Asia Meridional y África Subsahariana (Gráfico 3.1). El crédito interno lo proporcionan fundamentalmente las entidades bancarias. En cambio, los depósitos bancarios como porcentaje del PIB se situaron en el 55.1% en ALC en 2021, frente al 99.3% de los países de la OCDE (Gráfico 3.1). Estas cifras ponen de manifiesto la importancia de eliminar las barreras que impiden la inclusión financiera de individuos y empresas. Aunque la profundidad financiera presenta una correlación positiva con el crecimiento económico y con la estabilidad, los estudios sugieren que hay un umbral más allá del cual sus beneficios disminuyen, sobre todo cuando el crédito al sector privado alcanza el 80‑100% del PIB (Almarzoqi, Naceur and Kotak, 2015[11]; Arcand, Berkes and Panizza, 2012[12]; Easterly, Islam and Stiglitz, 2000[13]). Del mismo modo, la rápida expansión del sector financiero fortalece la capacidad de asumir riesgos, pero en ausencia de un marco regulatorio e institucional sólido basado en normas y prácticas internacionales, también amplifica los riesgos sistémicos, lo que intensifica la vulnerabilidad a crisis en los mercados (Rajan, 2006[14]).

La profundidad financiera muestra heterogeneidad entre los países de la región. Países como Chile y Brasil presentan niveles elevados de profundidad y sus ratios de crédito interno al sector privado sobre el PIB, que son un indicador de la contribución de los sistemas financieros a la economía real, se sitúan en el 83% y el 71%, respectivamente. En cambio, esa ratio es del 12% en Guyana y del 8% en Haití. En lo que respecta a los depósitos bancarios como porcentaje del PIB, un indicador de los niveles de ahorro de los hogares y las empresas, los valores más elevados se observan en San Cristóbal y Nieves (105%) y Belice (98%), mientras que los más bajos son los de República Dominicana (29%) y Haití (24%).

El nivel de ahorro ha sido históricamente bajo en ALC, lo que limita la concesión de crédito y la acumulación de capital. Durante las dos últimas décadas, los niveles de ahorro bruto en ALC han sido moderados: alcanzaron un máximo del 22% del PIB en 2006 y se estabilizaron en 18% en 2022. En comparación, el ahorro bruto como porcentaje del PIB en 2022 fue del 38% en Asia Oriental y el Pacífico, del 25% en la Unión Europea y del 23% en los países de la OCDE (World Bank, 2024[16]). El ahorro es clave para proporcionar recursos para el crédito y facilitar la inversión. Su crecimiento se traduce, por lo general, en un incremento de las oportunidades de inversión (David, Goncalves and Werner, 2020[17]). Las tasas nacionales de ahorro persistentemente bajas son un lastre considerable para la acumulación de capital en ALC (Cavallo and Pedemonte, 2015[18]).

La región de ALC ha experimentado una mejora en el acceso a los servicios financieros tanto de los hogares como de las mipymes. Sin embargo, persisten retos como los costos elevados, el analfabetismo financiero, la informalidad y los obstáculos regulatorios. Superar estas barreras es crucial para garantizar un mayor acceso a los servicios financieros y para fomentar el crecimiento económico inclusivo en toda ALC.

La titularidad de cuentas se ha duplicado en ALC en una década, pero persisten las disparidades en el acceso a servicios financieros formales y la dependencia de los préstamos informales. El acceso a instrumentos de ahorro o créditos permite a los hogares gestionar sus finanzas, lo que reduce su vulnerabilidad económica al suavizar su consumo a lo largo del tiempo y facilita la acumulación de riqueza. La proporción de personas mayores de 15 años de ALC que declaraban ser titulares de una cuenta en una institución financiera formal aumentó desde un promedio del 29.6% en 2011 hasta el 57.2% en 2021 (World Bank, 2021[19]; 2008[2]). No obstante, en la región persisten disparidades significativas. En 2021, Chile ocupaba la primera posición en acceso a mecanismos de ahorro formales, con el 87% de su población adulta, mientras que Nicaragua se situaba en el último lugar con tan solo un 26%. Esto contrasta con los países de la OCDE, en los que, en promedio, el 93.7% de la población mayor de 15 años declara tener una cuenta en una institución financiera formal (Gráfico 3.2, Panel A). En cuanto al crédito, los latinoamericanos todavía recurren con frecuencia a préstamos informales. En promedio, el 42% de la población contrata préstamos, pero solo el 20.1% lo hace con instituciones financieras formales (Gráfico 3.2, Panel B).

Para lograr avances en el acceso financiero, es necesario abordar varios obstáculos. Entre ellos, los elevados costos de transacción, la falta de acceso a infraestructura bancaria, la escasez de productos de calidad, el alcance limitado de las calificaciones crediticias, los obstáculos regulatorios y la necesidad de competencias financieras y digitales (World Bank, 2021[19]). En 2021, en promedio, el 59% de los adultos de ALC que no eran titulares de una cuenta bancaria afirmaban que el motivo era que no tenían recursos suficientes, mientras que el 55% declaraba que los servicios financieros eran excesivamente caros (Gráfico 3.3).

Pese a la mejora en el acceso a cuentas financieras en todos los grupos socioeconómicos de ALC, la disparidad de género ha aumentado. Mientras que las brechas de acceso en función de los ingresos, la participación en el mercado, el nivel educativo y la edad se han reducido en todos los casos, la disparidad de género aumentó en 3 puntos porcentuales en el período comprendido entre 2011 y 2021. La probabilidad de tener una cuenta en ALC es 7 puntos porcentuales más baja para las mujeres que para los hombres (World Bank, 2021[19]).

La mejora del acceso a financiamiento es clave para las mipymes, que dan trabajo al 60% de la población ocupada en ALC y aportan aproximadamente el 25% de su PIB (Herrera, 2020[20]). Proporcionar a las empresas los recursos financieros necesarios les permite invertir en nuevas tecnologías, contratar trabajadores, incrementar su inventario y ampliar su capacidad operacional y su productividad (OECD/CAF/SELA, 2024[21]). El acceso a otros productos financieros, como los seguros y los instrumentos derivados, ayuda a las empresas a sobrevivir y a protegerse ante acontecimientos imprevistos como los desastres naturales, la volatilidad del mercado o interrupciones de sus operaciones (Morgan and Pontines, 2014[22]; Bruhn and Love, 2013[23]).

Las empresas utilizan el sistema financiero principalmente para realizar depósitos y como medio de pago. El 89% de las pequeñas empresas, el 94.3% de las empresas medianas y el 96.6% de las grandes empresas de la región tienen una cuenta corriente o de ahorro en el sistema financiero formal. Sin embargo, menos del 15% del crédito total de la región está destinado a mipymes, mientras que en los países de la OCDE, esta cifra supera el 25% (World Bank, 2024[24]).

El nivel de utilización del sistema financiero en ALC es proporcional al tamaño de la empresa. Por ejemplo, en promedio, la proporción de empresas pequeñas, medianas y grandes de la región que han recibido un préstamo bancario o tienen una línea de crédito con un banco es del 40.9%, el 56.7% y el 69.0%, respectivamente. En cambio, el valor de las garantías necesarias para obtener un préstamo, expresado como porcentaje del préstamo, se reduce con el tamaño de la empresa (200.9% para las pequeñas empresas, 172.1% para las medianas y 155.1% para las grandes) (Gráfico 3.4).

Las mipymes formales tienen dificultades para acceder al crédito debido al elevado costo del financiamiento. Por lo general, al tener un perfil de riesgo más elevado, pagan tasas de interés más altas que las grandes empresas. Alrededor del 30% de las mipymes de la región afrontan restricciones de financiamiento (IFC, 2017[25]). En 2022, el diferencial de tasas de interés entre los préstamos a pymes y los préstamos a grandes empresas era notablemente elevado en los países de ALC (Gráfico 3.5). Con la excepción de México, donde el diferencial ha descendido desde 2020, en el resto de los países de la región se han observado aumentos. Actualmente, los niveles de los diferenciales en ALC superan los de los países de ingresos altos (0.84%) (OECD, 2024[26]). La informalidad también eleva el costo del financiamiento. Es habitual que los prestatarios no tengan documentación como estados financieros y declaraciones tributarias, lo que limita la información que pueden facilitar a los prestamistas. Esto puede hacer que se les impongan tasas de interés más altas para mitigar los riesgos de selección adversa (Herrera, 2020[20]).

La falta de garantías es uno de los principales obstáculos para el acceso al crédito de las mipymes de la región. Por ejemplo, nueve de cada diez pymes de Colombia necesitan garantías para contratar préstamos bancarios. Además, existe un desajuste entre los tipos de garantía que exigen los prestamistas y los activos que suelen poseer las pymes. Aproximadamente el 80% de los prestamistas exigen fundamentalmente bienes inmuebles como garantía, mientras que la base de activos de alrededor del 75% de las pymes de la región está formada por bienes muebles, como existencias y bienes de equipo (OECD, 2024[26]).

En 2021, el rendimiento de los activos (ROA) promedio de la región se situó en el 1.6%, por encima del promedio del 0.9% de la OCDE (Gráfico 3.6). El ROA mide el ingreso neto de un banco en relación con sus activos totales, evaluando la capacidad de gestión para generar ganancias a partir de su base de activos. Pese a que el ROA puede utilizarse como un indicador de eficiencia, es posible que una rentabilidad elevada sea indicativa de ineficiencias en el sistema financiero y en el conjunto de la economía (p. ej. la falta de información fiable sobre los hogares y las empresas). En cuanto al margen de interés neto (NIM) de la región, aunque hay una elevada heterogeneidad entre los países de ALC, el 5%, superaba el promedio de la OCDE, el 1.7%. El margen de interés neto mide la diferencia entre los ingresos por intereses generados con activos como préstamos y valores y los intereses pagados a los depositantes por sus ahorros. Un diferencial de crédito elevado puede limitar el acceso al crédito, al elevar su costo tanto para los particulares como para las empresas, y desincentiva el ahorro. Debido principalmente a sus elevados márgenes de interés netos, los bancos de las economías emergentes pueden ser más rentables que los de los países de ingresos altos, lo que hace que resulten más atractivos para los inversores, pero también restringe el acceso al crédito (Arellano et al., 2018[8]). La rentabilidad bancaria en la región no está impulsada por las altas tasas de interés, que tuvieron un impacto directo limitado en Brasil, Chile, Colombia, México y Perú (IMF, 2023[27]). Estudios anteriores muestran que más bien está relacionada con la escasa diversificación de los ingresos, la elevada concentración, los riesgos macroeconómicos más altos y la debilidad de los sistemas jurídico y regulatorio (Saona, 2016[28]; Bejar et al., 2022[29]).

Los costos bancarios elevados prevalecen en la región. En 2021, la ratio de gastos generales sobre los activos totales de los bancos de ALC era del 3.7%, por encima del promedio del 1.4% de la OCDE. Este indicador evalúa la eficiencia operacional de un banco comparando sus gastos operativos con sus activos totales. Los niveles observados pueden atribuirse a varios factores y son distintos entre países de ALC. Entre dichos factores cabe citar primas asociadas con riesgos macroeconómicos subyacentes más elevados, niveles altos de informalidad, requerimientos regulatorios más estrictos e ineficientes y la ausencia de grandes presiones competitivas en el sector bancario (Maudos and Solís, 2009[30]; Gelos, 2006[31]). Los altos costos generales de los bancos pueden reducir su rentabilidad, y llevarlos a cobrar comisiones más altas o a ofrecer condiciones menos favorables a los hogares y las empresas. También pueden limitar la capacidad de las entidades para invertir en nuevas tecnologías y servicios que podrían beneficiar a los usuarios.

Las políticas de competencia en el sector bancario contribuyen a reducir los costos de los servicios financieros y están relacionadas con el auge de las fintech. Los mercados con altos niveles de competencia y barreras de entrada bajas no solo pueden reducir el costo de los servicios financieros, sino que además suelen ofrecer más crédito (Carlson, Correia and Luck, 2022[32]). Se asocian con diferenciales crediticios y comisiones de préstamo más bajos, así como con una oferta más amplia de productos financieros (Joaquim, Van Doornik and Haas, 2023[33]). La competencia en el sector bancario también fomenta la transformación digital e incrementa la inversión en investigación y desarrollo (I+D), lo que mejora la eficiencia y el servicio al cliente. En Brasil y México, por ejemplo, la innovación bancaria, menores márgenes de interés netos y comisiones más bajas en el segmento de pagos están relacionados con una menor concentración de los mercados en el contexto de la emergencia de las fintech (Bejar et al., 2022[29]). Asimismo, en los países en los que se promueve la transparencia en el sector bancario, este suele caracterizarse por niveles más altos de competitividad y un descenso de los márgenes de intereses (Abuselidze, 2021[34]).

Un marco de regulación financiera sólido y un sistema financiero bien supervisado son clave para minimizar el riesgo de crisis financieras y la fragilidad del sistema financiero, además de promover el desarrollo ordenado del sector y potenciar su contribución a la economía real. Esta regulación es especialmente importante en las economías emergentes y los países en desarrollo para promover el crecimiento sostenible y evitar que se repitan experiencias de crisis bancarias y económicas.

El sistema bancario en ALC mantiene una sólida capitalización, lo que fortalece su estabilidad y ofrece un entorno propicio para garantizar el acceso a financiamiento. En 2022, la ratio de adecuación del capital de los bancos de la región se situaba en el 16.9%, ligeramente por debajo del 19.9% observado en los países de la OCDE y por encima del requerimiento regulatorio mínimo del 8% establecido por el marco de Basilea (BIS, 2020[35]). Las autoridades nacionales de países como Brasil, Colombia, Perú y Argentina exigen a sus entidades bancarias que mantengan niveles de capital superiores al requerimiento mínimo de Basilea (OECD, 2010[36]). Esto indica una capitalización sólida que permite amortiguar los choques financieros. En cuanto al impacto de mayores requerimientos de capital sobre el otorgamiento de préstamos, en Perú se ha asociado con un menor crecimiento del crédito únicamente a corto plazo, con un efecto insignificante después de medio año aproximadamente. Este efecto es más fuerte en los períodos de menor crecimiento económico y en los bancos menos rentables y capitalizados (Fang et al., 2022[37]).

La elevada liquidez existente en ALC en comparación con las economías avanzadas ha favorecido la resiliencia del sistema bancario. La ratio de activos líquidos sobre los depósitos y el financiamiento a corto plazo continuó siendo elevada en 2022, con un 57.2%, por encima del promedio del 50.5% de la OCDE (Gráfico 3.7). Los elevados niveles de liquidez reflejan la capacidad de los bancos de hacer frente a sus obligaciones a corto plazo y a perturbaciones de liquidez inesperadas.

Adaptar las normas de Basilea III a las circunstancias específicas de los países de ALC es esencial para promover la estabilidad del sistema financiero sin obstaculizar el desarrollo en la región. Aunque la adopción de la regulación de Basilea es opcional para la gran mayoría de las economías emergentes, y pese a que las recomendaciones de Basilea III se calibraron principalmente para las economías avanzadas, varios países en desarrollo están adaptándolas a sus marcos regulatorios internos. Más de la mitad de los países de ALC han incorporado alguna de las normas de Basilea III a su marco de regulación bancaria (Galindo and Izquierdo, 2024[39]). Sin embargo, los países de mercados emergentes y en desarrollo presentan características específicas que deberían tenerse en cuenta, como el acceso restringido a los mercados internacionales de capital, mercados financieros internos poco desarrollados, una elevada volatilidad macroeconómica y problemas de transparencia, eficacia regulatoria y capacidad institucional (Beck and Rojas-Suarez, 2019[40]). Por ejemplo, la aplicación de Basilea III puede afectar negativamente al crédito para proyectos de infraestructura, ya que el endurecimiento de la norma sobre grandes exposiciones restringe el crédito de los bancos pequeños y nacionales, y los requerimientos de capital más estrictos para estos proyectos incrementan los costos de los préstamos. Asimismo, los requerimientos de liquidez obligan a los bancos a alinear el crédito a largo plazo con el financiamiento a largo plazo y a mantener más activos líquidos para el financiamiento de proyectos, lo que resulta complicado debido al acceso limitado a los mercados de capitales en la región (Beck, 2018[41]). Por último, la mayoría de las empresas en ALC, especialmente las pymes, no tienen necesariamente las calificaciones o la información de mercado necesarias para adoptar modelos internos que les permitan cuantificar sus activos ponderados por riesgo y, por consiguiente, el requerimiento de capital podría ser más alto que el calculado utilizando el método estándar.

El sistema bancario de la región continúa gestionando el riesgo de crédito de manera eficaz, lo que demuestra que está preparado para hacer frente a contracciones económicas y que podría incrementar su capacidad de préstamo. En 2022, la ratio de préstamos improductivos (NPL) sobre préstamos totales de la región se situó en el 4.8%, por encima del promedio del 2.2% de la OCDE (Gráfico 3.8). Sin embargo, esta cifra se ve influenciada por los altos niveles en cinco países del Caribe; cuando estos se excluyen, la ratio es del 2.5% y se asemeja a la tendencia de la OCDE. Además, las provisiones para préstamos improductivos en ALC continúan siendo adecuadas, con un 122% frente al 70.6% de la OCDE, aunque los niveles en algunos países del Caribe son especialmente bajos. Dichas provisiones indican el nivel de preparación para posibles impagos de préstamos, ya que representan los recursos que los bancos tienen a su disposición para absorber pérdidas potenciales derivadas de préstamos improductivos.

La inclusión financiera es un concepto multidimensional que engloba al menos tres dimensiones clave: el acceso, el uso y la calidad de los servicios y productos financieros. La dimensión del acceso se refiere a la disponibilidad de servicios y productos financieros para todos, especialmente para las poblaciones subatendidas y de ingresos más bajos. Durante la última década, todos los países de la región de ALC han logrado avances significativos en lo que respecta al acceso financiero. Sin embargo, las persistentes desigualdades verticales y horizontales marginan a algunos sectores, que no pueden acceder a productos financieros clave. La dimensión del uso evalúa cuál es la relación de las personas con estos servicios, y mide factores como la regularidad y la frecuencia de las transacciones. Esta dimensión está experimentando un crecimiento acelerado en ALC gracias a la proliferación de soluciones digitales innovadoras, que han incrementado de manera exponencial los pagos digitales en la región. La dimensión de la calidad de la inclusión financiera abarca la capacidad de los servicios y productos financieros de dar respuesta a las necesidades de los consumidores, así como el conocimiento y el grado de comprensión de los productos financieros por parte de los clientes. Para incrementar esta calidad es necesario promover la competencia financiera, establecer marcos eficaces de protección del consumidor y ofrecer productos financieros responsables adaptados a las necesidades individuales (OECD, 2022[42]). En esta dimensión, los países de ALC todavía afrontan retos significativos en lo que respecta a la educación financiera, que es crucial para que las personas comprendan mejor los productos y servicios financieros y hagan un uso responsable y se beneficien de ellos.

El aumento de la inclusión financiera, si va acompañado de productos y servicios financieros de calidad, puede tener beneficios considerables para los hogares y las empresas de ALC e impulsar así el crecimiento económico y el bienestar de las personas (OECD, 2022[42]). La mejora del acceso a productos y servicios financieros de alta calidad, en el contexto de un marco de protección del consumidor financiero sólido y con niveles suficientes de competencia financiera, puede permitir a los hogares incrementar su ahorro, suavizar el consumo e invertir en vivienda, educación y salud, lo que propiciaría una mejora de las condiciones de vida y una reducción de la pobreza (Banerjee and Duflo, 2011[43]). En el caso de las empresas, especialmente de las pymes, la inclusión financiera facilita el acceso al crédito y posibilita la inversión en tecnología y en crecimiento, lo que impulsa la productividad y la creación de empleo. A nivel social, una mayor inclusión financiera con calidad puede contribuir a reducir la desigualdad de ingresos, promover la eficiencia en la asignación de recursos y a consolidar la estabilidad y la resiliencia económicas (Pal and Bandyopadhyayv, 2022[44]).

Las estrategias de inclusión financiera pueden ser claves para corregir las desigualdades tanto verticales (de ingresos) como horizontales (p. ej., de género, entre las zonas urbanas y las rurales, entre la economía formal e informal) que existen en la región de ALC. El acceso a productos y servicios financieros de alta calidad y su utilización no solo pueden permitir que particulares y empresas gestionen sus finanzas de una forma más eficaz, sino que también pueden servir para catalizar el empoderamiento económico, la movilidad social y el crecimiento de las empresas (Beck, Demirgüç-Kunt and Levine, 2007[45]). Sin embargo, las brechas en el acceso a servicios financieros refuerzan las desigualdades existentes, lo que agrava las disparidades entre los distintos grupos demográficos. Además, la infraestructura bancaria tradicional no llega en muchas ocasiones a las poblaciones marginadas, en particular a las que dependen del trabajo informal o viven en zonas remotas.

Los países de ALC han logrado avances considerables en la ampliación del acceso, pero los promedios ocultan disparidades significativas, que dejan a algunos grupos vulnerables sin acceso a productos y servicios financieros esenciales. Como ya se ha señalado, el acceso a mecanismos formales de ahorro en ALC aumentó hasta el 57.2% en 2021, mientras que el acceso a préstamos de instituciones financieras formales creció hasta el 20.1%. No obstante, el análisis de factores como el nivel de ingresos y el carácter formal o informal del empleo todavía revelan disparidades de acceso considerables. El acceso puede mejorarse identificando esas brechas y eliminando los obstáculos que impiden que las personas utilicen los servicios financieros, así como poniendo en marcha iniciativas para incrementar la competencia financiera.

El bajo nivel de ingresos continúa siendo una barrera significativa para el acceso a productos y servicios financieros de alta calidad en ALC. Los productos y servicios financieros son más accesibles y también más diversos para los hogares en el quintil más rico, lo que facilita su inversión en bienes inmuebles, educación y negocios. Esta facilidad de acceso se debe en gran medida a su mayor nivel de ingresos y a que disponen de garantías, lo que, de manera conjunta, reduce los riesgos de préstamo percibidos por las instituciones financieras. En cambio, los hogares en el quintil más pobre a menudo tienen sus opciones financieras sumamente limitadas por su carencia de garantías y sus ingresos más bajos. Esto no solo restringe su movilidad financiera inmediata, sino que también obstaculiza su crecimiento económico a largo plazo, ya que no pueden invertir en oportunidades que mejorarían su situación económica (Beck and de La Torre, 2007[46]). La disparidad en el acceso al crédito ilustra de manera contundente la brecha económica: en los países de ALC, fueron muy pocas las personas del quintil más pobre que tuvieron acceso a un crédito para la adquisición de vivienda, en comparación con los hogares más ricos (Gráfico 3.9). En los países de la OCDE, el 24.7% de las personas residen en viviendas en propiedad con una hipoteca (OECD, 2024[47]).

La pobreza reduce drásticamente el acceso a productos y servicios financieros en ALC. Esta exclusión se debe principalmente a los estrictos criterios financieros, como por ejemplo los umbrales de ingresos, los historiales de crédito y las exigencias de garantías, con frecuencia imposibles de alcanzar para las personas pobres, muchas de las cuales dependen del trabajo informal (Beck and de La Torre, 2007[46]). Sin acceso al crédito, los pobres tienen una mayor probabilidad de quedar atrapados en el ciclo de la inestabilidad financiera, incapaces de invertir en activos que podrían ofrecerles ventajas a largo plazo, seguridad financiera y movilidad económica (Banerjee and Duflo, 2011[43]).

La ampliación de la brecha en el acceso a los servicios financieros entre los ricos y los pobres destaca la necesidad de políticas de inclusión financiera dirigidas a grupos específicos. Los datos empíricos han mostrado que el desarrollo financiero beneficia a los pobres al acelerar el crecimiento de sus ingresos más que el PIB per cápita promedio, lo que reduce la desigualdad de ingresos (Beck, Demirgüç-Kunt and Levine, 2007[45]). El uso de calificaciones de crédito alternativas y las finanzas abiertas (open finance) ofrecen oportunidades significativas para la inclusión financiera. Al utilizar datos alternativos, las empresas fintech pueden ampliar el acceso al crédito a las poblaciones marginadas. La regulación de las finanzas abiertas en países como Brasil, México, Chile y Colombia está fomentando un aumento de la competencia y la innovación en los servicios financieros, lo que en última instancia refuerza la inclusión financiera y la participación económica. Esta regulación establece la obligatoriedad del intercambio de datos entre instituciones financieras, lo que puede dar lugar a productos financieros más personalizados y accesibles para los consumidores. Por ejemplo, información positiva de pagos puede complementar los datos utilizados tradicionalmente en las calificaciones de crédito, mejorando la predicción del comportamiento crediticio de la población y las pymes habitualmente excluidas (Herrera et al., 2023[49]).

Los trabajadores informales también se topan con barreras de acceso a los productos financieros. Esto se debe principalmente a que carecen de historiales de empleo formal, que son cruciales para que las instituciones financieras evalúen su solvencia, así como a que no tienen muchos activos que puedan usarse como garantía (Beck and de La Torre, 2007[46]). Además, los ingresos más bajos e irregulares que con frecuencia están asociados con el trabajo informal agravan estas dificultades, creando efectos combinados que limitan aún más el acceso a productos financieros. Los hogares con personas en situación de empleo formal suelen poseer una variedad mayor de activos que pueden usarse como garantía y esto les permite acceder a más productos financieros. Esto facilita la inversión en capital físico, como bienes inmuebles, y en capital humano mediante la mejora de su nivel educativo (Banerjee and Duflo, 2011[43]).

Mientras en algunos países, como Chile, Costa Rica y Uruguay, una proporción relativamente notable de la población vive en hogares que han recibido préstamos para la adquisición de vivienda, el porcentaje es considerablemente más bajo en países como El Salvador y la República Dominicana. Asimismo, los hogares formales representan la mayor proporción de hogares con préstamos para la adquisición de vivienda en una selección de países de ALC, en comparación con los hogares informales y con los mixtos (aquellos en los que viven trabajadores tanto formales como informales). En cambio, dependiendo del grado de informalidad entre países de ALC, no se observa un patrón común respecto a qué tipo de hogar (formal, mixto o informal) es más propenso a no tener un préstamo para la adquisición de vivienda (Gráfico 3.10, Panel A).

Existen importantes diferencias en el acceso al crédito entre los hogares formales y los informales. Por ejemplo, en México, cerca del 15% de los hogares formales tenían acceso a préstamos hipotecarios en 2020, frente a tan solo un 2.3% de los hogares informales. En Costa Rica la tendencia era similar, con más del 12% de los hogares formales con acceso a préstamos para la adquisición de vivienda en 2021, frente a solo el 4.2% de los hogares informales (Gráfico 3.10, Panel B).

Mayores niveles de inclusión financiera se asocian con un menor grado de informalidad, después de controlar por el PIB per cápita (Gráfico 3.11). El empleo formal promueve la inclusión financiera al integrar a los individuos en el sistema financiero, ya que generalmente requiere que los empleados posean cuentas bancarias para el depósito de sus salarios. Con la documentación adecuada y un historial bancario, estas personas tienen más probabilidades de acceder a crédito y otros productos financieros (Aurazo and Gasmi, 2024[50]). Además, un mayor acceso a los servicios financieros permite a las empresas obtener capital, estabilizar su flujo de caja y mejorar su productividad y rentabilidad. Estos beneficios pueden incentivar a las empresas informales a formalizarse, generando más oportunidades de empleo formal (Lahura and Vargas, 2021[51]).

Los avances recientes en el acceso de las mujeres a productos y servicios financieros han contribuido significativamente a reducir la brecha de género en el acceso financiero en ALC. El acceso a productos financieros posibilita que las mujeres inviertan en educación, vivienda, salud y actividades empresariales, lo que mejora su situación económica. Entre 2011 y 2021, el porcentaje de mujeres con una cuenta bancaria se incrementó del 34.9% al 69.3%, frente al 77% de los hombres. El porcentaje de mujeres que obtuvieron un préstamo de una institución financiera formal aumentó del 7.4% al 24.3% durante el mismo período (World Bank, 2021[19]), lo que ilustra los positivos avances logrados en materia de igualdad de género en el acceso financiero.

Sin embargo, pese a estas mejoras, las mujeres de ALC continúan enfrentándose con obstáculos sistémicos que les impiden beneficiarse plenamente de la inclusión financiera (Demirgüç-Kunt, Klapper and Sin, 2013[53]). Normas culturales, expectativas sexistas y los marcos jurídicos en muchos países de ALC continúan limitando su autonomía y su capacidad de decisión sobre los recursos financieros (Banca de las Oportunidades and CAF, 2024[54]; CMF, 2022[55]). Por ejemplo, el acceso al crédito de las mujeres aún es notablemente inferior al de los hombres: solo el 25% de ellas reciben préstamos de instituciones financieras, 11 puntos porcentuales menos que en el caso de los hombres. Además, menos del 5% de aquellas que obtienen préstamos los utilizan con fines empresariales, lo que pone de manifiesto una brecha en las oportunidades empresariales de las mujeres (World Bank, 2021[19]). Este desequilibrio se refleja también en la propiedad de las empresas, ya que solo el 18.7% de las empresas de ALC son propiedad mayoritaria de mujeres (World Bank, 2024[24]). Asimismo, en los países en desarrollo, las mujeres se concentran en gran medida en las pequeñas empresas y, por consiguiente, tienen más riesgo de experimentar mayores restricciones financieras (Maquera Sardon, 2022[56]).

Alcanzar la igualdad de género en la región no solo es un imperativo social, sino que también conlleva unos costos económicos sustanciales. Estimaciones recientes sugieren que, para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, medida por ocho indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desagregados por sexo, hará falta una inversión anual de 1.6 billones de USD entre 2023 y 2030 para las 19 economías de ALC analizadas (véase el Capítulo 1 (UNCTAD, 2024[57])). Esto equivale al 28.4% de su PIB conjunto, que sería necesario para cerrar la brecha de género en ámbitos fundamentales como la erradicación de la pobreza, la lucha contra el hambre y la participación en pie de igualdad de las mujeres en la toma de decisiones y en la economía. Esto evidencia la magnitud de la inversión necesaria para promover la igualdad de género, en particular mediante la inclusión financiera, como motor clave del desarrollo en términos más generales (Andrade et al., 2023[58]).

Las diferencias entre los sexos en materia de conocimiento y resiliencia financieros complican aún más el acceso de las mujeres a los productos y servicios financieros. En ALC, las mujeres todavía suelen obtener puntuaciones más bajas que los hombres en conocimientos financieros (Gráfico 3.14). Esta brecha de conocimientos tiene repercusiones importantes, ya que afecta la capacidad de las mujeres para gestionar sus finanzas, ahorrar para emergencias o acceder a crédito con fines empresariales (OECD, 2023[59]). La resiliencia financiera es otro aspecto crucial: las mujeres declaran con mayor frecuencia que los hombres que sus ingresos no cubren sus gastos básicos y que no tienen recursos suficientes para aguantar reveses financieros. Las mujeres afrontan obstáculos adicionales a la hora de alcanzar la resiliencia financiera debido a su menor participación en el mercado de trabajo, a las brechas salariales de género y a las interrupciones de su carrera profesional como consecuencia de responsabilidades familiares (OECD, 2023[59]).

La desigualdad interseccional también agrava la exclusión financiera de las mujeres. Las mujeres de zonas rurales, las pertenecientes a las comunidades indígenas y afrodescendientes y las trabajadoras informales afrontan obstáculos agravados, como un acceso limitado a servicios financieros digitales y requisitos más estrictos para la concesión de crédito (UN Women, 2022[60]). Esta brecha podría corregirse mediante programas de mejora de la competencia financiera dirigidos específicamente a estos grupos, junto con soluciones financieras innovadoras como los microcréditos y las calificaciones crediticias alternativas. Por ejemplo, utilizar fuentes de datos no convencionales para la puntuación crediticia —como los pagos de suministros básicos o el uso del teléfono móvil— puede ampliar el acceso al crédito para las mujeres con empleos informales, un segmento en el que están representadas de manera desproporcionada (Herrera et al., 2023[49]).

También es esencial abordar los sesgos, tanto en el lado de la oferta como en el de la demanda. Distintos estudios muestran que las mujeres con frecuencia carecen de la autoconfianza necesaria para utilizar productos financieros o presentar sus características de crédito de manera clara, lo que da lugar a tasas de aprobación de préstamos más bajas (Banca de las Oportunidades and CAF, 2024[54]). Las instituciones financieras deberían plantearse aplicar otras prácticas de concesión de préstamos más sensibles al género, como ofrecer productos financieros adaptados a las mujeres o reducir los requisitos de garantías, que afectan de manera desproporcionada a las mujeres, que en muchos casos no tienen derechos de propiedad o historiales de empleo formal.

La innovación digital se ha convertido en un poderoso motor de la inclusión financiera. Aprovechando las nuevas tecnologías digitales, los servicios financieros en ALC pueden llegar a ser mucho más inclusivos (Sahay et al., 2020[61]). Las plataformas fintech emergentes ofrecen servicios financieros innovadores, accesibles y asequibles, que superan las barreras de acceso y las limitaciones de los sistemas bancarios tradicionales y llegan a segmentos de la sociedad que antes estaban subatendidos (Bakker et al., 2023[62]). Las fintech engloban una amplia variedad de tecnologías innovadoras y soluciones digitales, incluidos los servicios bancarios, los préstamos, la inversión y los pagos en internet y móviles. Esta rápida transformación puede observarse en la proliferación de sistemas digitales de pago, la emergencia de bancos digitales o neobancos y el crecimiento de las finanzas y los seguros alternativos1 (Sahay et al., 2020[61]; Mastercard and AMI, 2023[63]). Los pagos digitales también comprenden los pagos realizados en comercios físicos o en línea, el envío y la recepción de remesas, el pago de facturas de suministros básicos, así como la recepción de salarios y transferencias o pensiones públicas (Demirgüç-Kunt et al., 2022[64]). La integración de estos avances tecnológicos no solo está agilizando y asegurando las transacciones financieras, sino que también fomenta la competencia, reduce los costos y promueve una cultura de competencia financiera e innovación.

La innovación digital ya está impulsando la inclusión financiera en ALC, pero sigue habiendo brechas. Entre 2014 y 2021, el porcentaje de personas mayores de 15 años de ALC que habían realizado o recibido un pago digital aumentó desde el 35.9% hasta el 49.0%, en promedio (Gráfico 3.12, Panel A). En algunos países, como Brasil y Chile, alrededor del 80% de esta población ha realizado o recibido un pago digital, lo que se acerca a los niveles de los países de la OCDE (95.6%). Del mismo modo, el crecimiento de las cuentas de dinero móvil se ha disparado en ALC; por ejemplo, en Argentina pasó del 0.8% en 2014 al 27.0% en 2021. Al prestar servicios financieros a través de dispositivos móviles, estas plataformas son una puerta de acceso crucial al sistema financiero para personas que han sido excluidas de la banca tradicional. Esta inclusividad no solo amplía el mercado, sino que desempeña una función clave en la promoción de la competencia y la estabilidad financieras entre la población. Pese a este crecimiento, en la mayoría de los países persisten brechas significativas. Por ejemplo, en 2021, el 20.2% de los hombres mayores de 15 años de Perú declararon que tenían una cuenta de dinero móvil, frente a tan solo el 8.9% de las mujeres (Gráfico 3.12, Panel B).

Las fintech han simplificado el acceso a los servicios financieros y su uso en toda la región. Los mercados verticales fintech de mayor crecimiento en ALC son los pagos digitales, la banca digital, y los servicios financieros alternativos ofrecidos por empresas fintech, insurtech (innovaciones tecnológicas que están transformando el sector financiero) y big tech, entre otros. Aunque se encuentran en una fase inicial, los sectores de las finanzas alternativas y los seguros basados en la tecnología (insurtech) se están expandiendo a gran velocidad. La transformación fintech en ALC se caracteriza por el rápido crecimiento de los sistemas de pagos digitales, que en 2023 ya tenían 262.8 millones de usuarios, y de la banca digital, con más de 58.7 millones de usuarios en 2023, fundamentalmente en Brasil y México. Otros segmentos, como las inversiones digitales y los activos digitales, también con Brasil a la cabeza, alcanzaron los 43.2 millones y 62.5 millones de usuarios respectivamente en 2023 (Gráfico 3.13, Panel A). Los pagos digitales en ALC crecieron desde 89 000 millones de USD en 2017 hasta 215 000 millones de USD en 2021 (Bakker et al., 2023[62]). El volumen de transacciones de bancos digitales con presencia exclusivamente en internet en ALC-6 (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México) se incrementó desde 17 000 millones de USD en 2017 hasta 123 000 millones de USD en 2021 (Statista, 2024[65]).

Las innovaciones fintech han hecho que las transacciones financieras sean instantáneas y han facilitado el acceso en línea a servicios bancarios tradicionales, lo que mejora la competencia y reduce los diferenciales de crédito. Además, el sector fintech ha desempeñado un papel fundamental en la inclusión financiera, acercando los servicios bancarios a la población que anteriormente no estaba bancarizada o estaba sub-bancarizada y contribuyendo al crecimiento de las pymes mediante las finanzas alternativas. Este crecimiento inclusivo ha contribuido a reducir la desigualdad de ingresos (Bakker et al., 2023[62]). De hecho, aproximadamente tres cuartos de los clientes de bancos digitales en ALC eran clientes particulares y pymes anteriormente no bancarizados o sub-bancarizados (Gráfico 3.13, Panel B). Al llevar los servicios financieros a las poblaciones que antes no tenían acceso o tenían un acceso reducido a los servicios bancarios, así como a las pymes subatendidas, las innovaciones fintech están acabando con obstáculos que limitaban desde hace mucho tiempo el acceso financiero y promoviendo la participación económica.

La puntuación crediticia que utiliza datos alternativos en sus algoritmos (p. ej., información positiva de pagos) parece una vía prometedora para complementar los datos tradicionales utilizados en las calificaciones crediticias y mejorar así la predicción del comportamiento de crédito de poblaciones y pymes habitualmente excluidas (Herrera et al., 2023[49]).

La adopción por parte de las empresas de sistemas de pagos digitales, de la banca en internet y de soluciones de dinero móvil puede agilizar las operaciones comerciales, reducir los costos de las transacciones y ahorrar tiempo, además de incrementar la inclusión financiera. Estos avances tecnológicos no solo mejoran la eficiencia operacional de las empresas, sino que también abren nuevas vías para llegar a clientes y mercados. Las fintech son especialmente resilientes en épocas de tensión. Durante la pandemia del COVID-19, por ejemplo, las fintech respaldaron la continuidad de la actividad económica, atrajeron más inversión ysiguieron impulsando la expansión del sector, resaltandosu papel vital tanto para la estabilidad como para el crecimiento económico. En Brasil, casi el 50% de las mipymes con hasta 9 trabajadores incrementaron su utilización de productos financieros digitales durante la pandemia del COVID-19. Esta cifra superó el 60% en el caso de las mipymes con entre 10 y 49 empleados. En cambio, en México el incremento fue más moderado: alrededor del 30% de las mipymes de hasta 9 empleados y aproximadamente el 45% de las mipymes de entre 10 y 49 trabajadores aumentaron su utilización de productos financieros digitales (OECD, 2021[66]). En 2023, el 92% de las pequeñas empresas de ALC aceptaban pagos digitales y el 82% aceptaban transferencias bancarias, mientras que menos del 33% aceptaban otros métodos de pago digitales (Mastercard and AMI, 2023[63]).

Sin embargo, la rápida expansión de los servicios financieros digitales, acelerada por la pandemia del COVID-19, resalta la importancia de proporcionar a las personas los conocimientos y las competencias necesarios para utilizar estos servicios de manera segura. Niveles actuales de competencia financiera digital pueden ser insuficientes para afrontar las oportunidades y los riesgos asociados con estos servicios (OECD, 2023[67]). Mejorar la competencia financiera digital es esencial para garantizar que los productos financieros digitales se utilicen de forma segura.

La calidad de los productos y servicios financieros es crucial para garantizar que las mejoras en su acceso y uso en ALC contribuyan a incrementar el bienestar de los ciudadanos. Servicios financieros de alta calidad deben diseñarse y prestarse de forma responsable, incorporando marcos de protección del consumidor estrictos y promoviendo las competencias financieras (OECD, 2022[42]; OECD, 2023[67]). La OCDE define la competencia financiera como una combinación de “conciencia, conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos financieros necesarios para tomar decisiones financieras acertadas y, en última instancia, para lograr el bienestar financiero” (OECD, 2020[68]). Capacita a los consumidores para tomar decisiones informadas, ayudándolos a elegir los productos adecuados y a evitar trampas como el sobreendeudamiento. Los marcos regulatorios son una protección contra prácticas abusivas y garantizan la transparencia, lo que mejora la confianza en el sistema financiero. Sin estos elementos, una mayor inclusión financiera puede tener consecuencias no deseadas, como fomentar conductas financieras no adecuadas y agravar las tensiones financieras, lo que en última instancia reduce el bienestar de las personas.

Pese a que se reconocen como competencias fundamentales para el siglo XXI, las competencias financieras siguen siendo limitadas en ALC, donde una parte importante de la población no está familiarizada con conceptos financieros básicos. Muchos adultos no comprenden ni son capaces de aplicar conceptos financieros básicos que son necesarios para tomar decisiones acertadas en el complicado entorno económico actual. Conceptos económicos fundamentales, como la inflación y las tasas de interés, siguen sin ser conocidos por muchos ciudadanos de ALC, con un desconocimiento desproporcionadamente alto entre las mujeres. En el promedio de una selección de nueve países de ALC, el concepto de tasas de interés es comprendido más por los hombres (27%) que por las mujeres (18%). En Colombia, solo el 13% de los hombres entienden las tasas de interés, frente al 6% de las mujeres (Gráfico 3.14, Panel A). Pese a que los latinoamericanos y caribeños comprenden ligeramente mejor el concepto de inflación y su efecto sobre el dinero, la brecha de género persiste: un promedio del 50% de los hombres entienden este concepto, por solo un 44% de las mujeres en los nueve países. En Uruguay, por ejemplo, el 65% de los hombres y el 53% de las mujeres comprenden el concepto de inflación (Gráfico 3.14, Panel B). Asimismo, en Brasil, México y Perú, los hombres propietarios de mipymes tienen un nivel de competencias financieras superior al de las mujeres propietarias (OECD, 2021[66]).

Mejorar las competencias financieras no solo facilita la adopción de decisiones financieras acertadas, sino que también mejora sustancialmente el bienestar y la resiliencia financieros de las personas. De acuerdo con los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de 2022, el rendimiento en competencias financieras en Brasil, Costa Rica y Perú era inferior al promedio de la OCDE. En estos países, el 45%, 43% y 42% de los alumnos, respectivamente, no alcanzaron el nivel básico de rendimiento (Nivel 2), frente al 18% de los estudiantes en el promedio de la OCDE. En el Nivel 2, los estudiantes pueden identificar productos y conceptos financieros ordinarios, reconocer la diferencia entre necesidades y deseos y tomar decisiones sencillas sobre gastos cotidianos basados en experiencias personales. El nivel más elevado de rendimiento en competencia financiera, el Nivel 5, solo fue alcanzado por el 2% de los alumnos de Brasil y el 1% de los de Costa Rica y Perú, frente a un 11% en el promedio de la OCDE. Los estudiantes con el Nivel 5 demuestran capacidades avanzadas en el análisis de productos financieros complejos y la resolución de problemas financieros no rutinarios, así como comprensión del panorama financiero en general (OECD, 2024[70]).

La puesta en práctica de una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera con un fuerte componente de educación financiera puede contribuir notablemente a alcanzar niveles más elevados de competencia financiera, a reducir la concentración del mercado2 (OECD, 2022[42]) y a la adopción de nuevas tecnologías financieras digitales. Los datos empíricos de nueve países de ALC sugieren que la aplicación de una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera ha propiciado que aumente la penetración de los productos de captación (López Marmolejo and Ruiz Arranz, 2024[71]). Sin embargo, no se registra un cambio significativo en otros productos y servicios, como son los de crédito, lo que sugiere que lograr resultados con un mayor alcance requiere un fortalecimiento de su diseño e implementación. Asimismo, mejorar la competencia financiera puede ayudar a las personas y las empresas a comprender y evaluar mejor sus opciones en materia de financiamiento, lo que reduce la exclusión involuntaria al favorecer la adopción de decisiones más informadas sobre la obtención de crédito (Zuleta, 2017[72]).

El vínculo entre una mayor competencia financiera y un mayor bienestar financiero de las personas que se describe en la Recomendación sobre competencias financieras de la OCDE (Recuadro 3.1) sirve como base para una serie de recomendaciones de políticas encaminadas a mejorar la resiliencia y el bienestar financieros de la población. Las sugerencias en materia de políticas incluyen elevar los conocimientos financieros básicos, fomentar conductas y actitudes financieras positivas, mejorar las competencias financieras digitales y dirigir el apoyo a las personas con los niveles más bajos de competencias financieras, en todos los casos con el fin de impulsar el bienestar financiero individual y la resiliencia ante perturbaciones económicas (OECD, 2023[67]).

La mayoría de los países de ALC aún necesitan crear marcos regulatorios sólidos para proteger a los consumidores del fraude, las conductas indebidas, los errores y los abusos, y para sancionar estas conductas cuando se produzcan. Estos marcos, junto con unos mecanismos de supervisión eficaces, fomentan la confianza en el sistema financiero al exigir transparencia en la oferta de productos financieros, lo que ayuda a los consumidores a tomar decisiones informadas y evitar posibles riesgos financieros (OECD, 2022[42]). Una supervisión eficaz desempeña un papel crucial al garantizar el cumplimiento de la regulación, y la detección y sanción oportunas de las prácticas poco éticas. Esta combinación de regulación y supervisión ayuda a prevenir las prácticas de préstamo abusivas —actuaciones poco éticas o de explotación por parte de las instituciones financieras que se aprovechan de los consumidores vulnerables ofreciéndoles condiciones de préstamo injustas, comisiones excesivas o información engañosa— al permitir a los organismos reguladores controlar y sancionar los comportamientos poco éticos (OECD, 2022[42]). Una regulación eficaz también promueve el desarrollo de productos financieros adaptados a las necesidades de las comunidades marginadas y apoya las innovaciones fintech para ofrecer servicios más accesibles. Al fomentar un mercado financiero competitivo y transparente, esta regulación mejora la calidad de los productos y servicios financieros, y en última instancia crea un ecosistema financiero seguro y propicio que impulsa el crecimiento económico y la resiliencia (OECD, 2024[74]).

Dado que las instituciones financieras adoptan cada vez más tecnologías emergentes, deben tomar medidas proactivas para protegerse de los crecientes riesgos cibernéticos (Atkins et al., 2024[75]). La ciberseguridad se ha convertido en un pilar fundamental de la confianza de los consumidores y en un factor clave de la inclusión financiera equitativa para evitar el fraude y las prácticas abusivas.

Las instituciones públicas nacionales y subnacionales de financiamiento para el desarrollo (IFD) desempeñan una función crucial en la movilización de recursos hacia los objetivos de desarrollo. Las IFD públicas3 incluyen principalmente a los bancos de desarrollo públicos. También incluyen a instituciones financieras especializadas y fondos a nivel nacional y local. Estas instituciones tienen el mandato de promover el desarrollo económico, el empleo y la inversión de acuerdo a los objetivos de desarrollo de cada país. Las IFD siguen siendo fundamentales para promover el crecimiento económico y el desarrollo mediante préstamos y actividades de fortalecimiento de capacidades donde los bancos privados y los mercados de capitales resultan insuficientes (De Luna-Martínez, 2017[76]). Además, dan respuesta a fallos del mercado, como las asimetrías de información y el crédito procíclico del sector privado (Xu, Ren and Wu, 2019[77]). También pueden contribuir a solventar problemas de profundidad de los mercados financieros, a redistribuir riesgos y a fomentar la inclusividad de los mercados. La región de ALC cuenta actualmente con aproximadamente 107 IFD que operan a escala nacional. El 73% de ellas son bancos de primer piso, mientras que el 20% son bancos de segundo piso. Los activos totales de las IFD varían mucho de unos países a otros en ALC: desde el 8% del PIB en Brasil hasta el 0.2% en Argentina (AFD/Peking University, 2023[78]). Estas instituciones presentan tamaños, perfiles financieros y coberturas regionales muy dispares, como se observa en indicadores de sus balances como el capital, los fondos propios, los activos, los pasivos y las carteras de préstamos. Las IFD, incluidos los bancos de desarrollo nacionales y subnacionales, poseen un conocimiento muy amplio de los mercados locales y mantienen relaciones estrechas con actores tanto del sector privado como del público. Aprovechando esta posición ventajosa, pueden evaluar riesgos, desarrollar carteras de proyectos y facilitar flujos de capitales nacionales e internacionales (OECD et al., 2023[6]). Las iniciativas internacionales, como Finanzas en Común, son fundamentales para intercambiar experiencias e información entre las IFD y, de esta forma, lograr un mayor impacto en el desarrollo sostenible de las economías emergentes y en desarrollo (Recuadro 3.2).

La clasificación de las IFD en función de su mandato muestra una clara especialización productiva en las mipymes. De una muestra de 76 bancos e instituciones financieras de desarrollo en ALC, el 34% tienen un mandato institucional centrado en el apoyo financiero a las mipymes (Xu et al., 2021[81]). La heterogeneidad de los mandatos institucionales en la región es notable; por ejemplo, América del Sur tiene las IFD más centradas en las pymes, mientras que muchas de estas instituciones en América Central se dedican fundamentalmente a proporcionar apoyo financiero al sector agrícola (Gráfico 3.15, Panel A). Las IFD ofrecen a las mipymes de la región una amplia gama de instrumentos financieros adaptados a sus necesidades financieras en cada fase de su desarrollo. Estos instrumentos pueden agruparse en cinco tipos de financiamiento: i) financiamiento de operaciones cotidianas (capital de trabajo, nóminas, existencias, alquileres); ii) financiamiento de inversiones; iii) financiamiento del comercio exterior; iv) financiamiento de emergencia; y v) instrumentos de mitigación de riesgos y garantías. Una muestra de 473 instrumentos financieros de 38 IFD en 13 países de ALC mostró que los principales tipos de financiamiento ofrecidos son el financiamiento de inversiones (45%) y el financiamiento de operaciones cotidianas (34%) (Gráfico 3.15, Panel B). Esto demuestra el compromiso de las IFD para garantizar las necesidades de capital, liquidez e inversión a largo plazo de las mipymes. Otros tipos de financiamiento son menos habituales y están destinados principalmente a mejorar la inclusión financiera y la competitividad de las mipymes (OECD et al., 2023[6]).

A raíz de la pandemia, las IFD ampliaron significativamente sus actividades de crédito e introdujeron innovaciones en sus servicios financieros para dar respuesta a la creciente demanda de financiamiento de las mipymes. Estos esfuerzos incluyeron nuevos programas de préstamo adaptados a las necesidades de pago de nóminas y capital de trabajo, una mayor disponibilidad de los créditos y el aplazamiento de la amortización de la deuda. Las IFD también proporcionaron garantías para emisiones de bonos de pymes, que cubrían hasta el 98% del monto del préstamo (80-98% en el caso de Argentina, y porcentajes variables en función del tamaño de la empresa en el de Perú). Se introdujeron medidas innovadoras que favorecieron el financiamiento de las mipymes, como plataformas web para poner a empresas en contacto con el mercado y financiamiento de intermediarios financieros (p. ej. utilizando a empresas fintech). En México, Nafin y Bancomext repartieron aproximadamente 2 500 millones de USD a través de intermediarios financieros, ampliando la duración de los préstamos y los períodos de gracia, proporcionando nuevos préstamos de capital de trabajo y ofreciendo garantías bursátiles para mejorar la liquidez (ALIDE, 2023[82]).

Las IFD desempeñan un papel crucial para promover la inclusión financiera de las mipymes a través de instrumentos fundamentales como los sistemas de garantía, los préstamos y las líneas de crédito, entre otros. Los sistemas de garantía dan prioridad a las mipymes debido a su vulnerabilidad estructural y a su importancia para la creación de empleo. Aportan varias ventajas: amplían la oferta de crédito, dan acceso al sistema financiero formal a empresas que no cuentan con garantías o a las empresas emergentes y mejoran las condiciones crediticias. El crédito movilizado por fondos de garantía en ALC aumentó desde 3.6 millones de USD en 2004 hasta un máximo histórico de 88.6 millones de USD en 2020 y después disminuyó hasta los 66.9 millones de USD en 2021 (Gráfico 3.16, Panel A). De manera similar, el número de pymes acogidas a sistemas de garantía se incrementó desde las 688 000 en 2000 hasta casi 6 millones en 2021. La cobertura de garantías en la región es extremadamente heterogénea. Las mayores economías por nivel de PIB, como Colombia, México y Brasil, se sitúan a la cabeza de la cobertura de las pymes, y representan el 34%, 27% y 18%, respectivamente, del total de pymes cubiertas, mientras que otros países más pequeños, como Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras y Uruguay, representan menos del 1% (Gráfico 3.16, Panel B) (Red Iberoamericana de Garantías, 2023[83]).

Las IFD han evolucionado en las economías emergentes y en desarrollo con miras a afrontar con mayor eficacia nuevos retos mundiales, como la transición verde y la transformación digital (Rogozinski, 2017[84]). Por ejemplo, las IFD han ampliado su cometido para hacer frente al desafío emergente de la doble vulnerabilidad, la que padecen los países que afrontan inseguridad tanto climática como financiera. Las IFD han adaptado sus instrumentos financieros para dar respuesta a estas vulnerabilidades cruzadas y, al mismo tiempo, asegurar que los gobiernos puedan continuar financiando sus políticas socioeconómicas (AFD, 2023[85]). Cada vez más, las IFD equilibran sus actividades comerciales y su cometido social, creando y desarrollando activamente mercados en sectores clave como la agricultura, la infraestructura, la energía, la educación y la salud.

Pese a que las IFD públicas de ALC han ampliado su participación en el sistema financiero, sus actividades en las agendas verde, de género y digital siguen siendo limitadas. Durante la pandemia del COVID-19 en 2020, las carteras de préstamos de las IFD crecieron en la mayoría de los países de ALC: el 71.2% de estas instituciones ampliaron sus carteras un 21%, principalmente para apoyar al sector de producción (ALIDE, 2023[82]). Sin embargo, un mayor compromiso de las IFD con los ODS podría favorecer el desarrollo de instrumentos financieros para mipymes que incorporen objetivos sostenibles, digitales y de género. De este modo, se podría contribuir a canalizar las inversiones privadas hacia la consecución de objetivos de desarrollo prioritarios. De los 473 instrumentos financieros para mipymes que ofrecían las IFD públicas en la región de ALC en 2023, solo el 19% abordaba al menos uno de los tres retos transversales: el 9.7%, la transición verde, el 5.5%, la igualdad de género y el 3.8%, la transformación digital o la innovación (OECD et al., 2023[6]). De cara al futuro y con miras a continuar contribuyendo al financiamiento en el ámbito del clima, es crucial que las IFD fortalezcan la capacidad técnica, tanto la de sus clientes como la suya propia (Recuadro 3.3).

Las IFD pueden desempeñar un papel crucial para facilitar la adopción de herramientas digitales y tecnologías emergentes en sectores clave. En 2023, ofrecían servicios financieros y no financieros a múltiples sectores con el objetivo de potenciar las capacidades digitales de las empresas y estimular la inversión. Los principales sectores a los que se dirigían esos servicios eran los de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y transporte, almacenamiento y comunicaciones (un 20% cada uno), seguidos por los sectores de suministro de electricidad, gas y agua, y agricultura, caza y silvicultura (un 15% cada uno). Estos servicios, adaptados para la transformación digital, también pueden sentar las bases para desarrollar ecosistemas financieros digitales sostenibles alineados con los ODS. Por ejemplo, estos ecosistemas pueden englobar la promoción de la infraestructura, en particular la conectividad, la identificación digital y los mercados de datos accesibles. En el sector agrícola, estos servicios pueden impulsar proyectos para la innovación tecnológica de las empresas agrícolas que aborden las inversiones en el medio rural y los costos asociados. Esto puede conllevar la realización de actividades con un elevado contenido tecnológico, que en última instancia generen un mayor valor agregado en las economías regionales.

Las IFD tendrán que apostar por la digitalización rápidamente para mantener la competitividad de sus productos financieros e impulsar el financiamiento. Habrán de adaptar sus operaciones a la rápida adopción de los productos y servicios digitales por parte de los consumidores. Con el cierre de sucursales físicas durante los confinamientos por la pandemia, la banca en internet y la banca móvil se convirtieron en los principales canales de interacción bancaria, lo que dio lugar a un notable incremento de su uso en todo el mundo (ALIDE, 2023[82]).

Para adaptarse a la transformación digital, las IFD necesitan estrategias innovadoras, especialmente en el competitivo entorno de ALC. Esto implica forjar alianzas estratégicas con empresas tecnológicas, empresas emergentes y fondos de capital de riesgo para invertir en fintech. Esas colaboraciones no solo validan las actividades fintech y atraen inversión, sino que también proporcionan conocimientos técnicos de gran utilidad. A cambio, las IFD pueden ofrecer acceso a una base de clientes más amplia, estabilidad y conocimientos técnicos en materia de cumplimiento de la regulación. Avanzar en el uso de asistentes virtuales basados en la inteligencia artificial (IA) y chatbots para ofrecer un servicio mejorado al cliente también es esencial para adaptarse a la nueva economía digital. Con el auge de los challenger banks y de los neobancos, las IFD precisan reformas internas para adoptar plenamente la economía digital, incluido el desarrollo de la “banca como servicio” para mejorar la fidelización de los clientes. Asimismo, es imprescindible que las IFD se adapten a la creciente tendencia de las finanzas descentralizadas, cuya finalidad es eliminar a los intermediarios en las transacciones financieras (ALIDE, 2023[82]).

Los mercados de capitales brindan a empresas y gobiernos oportunidades para financiar a largo plazo el desarrollo productivo. Estos mercados comprenden los mercados de renta variable y los de deuda. Tanto las acciones como los bonos pueden adquirirse en el mercado primario, en el que se emiten nuevos valores, como nuevos bonos y ofertas públicas iniciales (OPI), o directamente con empresas privadas que no cotizan en un mercado bursátil público (mercados privados de capitales). También pueden adquirirse en el mercado secundario, en el que se negocia con valores ya emitidos. Estos mecanismos permiten una asignación de capital eficiente, que respalda el crecimiento económico y el desarrollo (OECD, 2023[89]). Por ejemplo, los instrumentos de mercados de capitales han sido útiles para promover prioridades de desarrollo, como la transición a una economía circular (UNEP, 2023[90]).

Los mercados de renta variable desempeñan un papel fundamental en el desarrollo económico, puesto que permiten obtener capital a largo plazo, proporcionan liquidez a los mercados y amplían las oportunidades de inversión. Estos mercados facilitan el acceso a financiamiento a largo plazo que ayuda a las empresas a invertir y a desarrollar actividades productivas e innovadoras. También ofrecen a los hogares la oportunidad de participar en la creación de valor empresarial y ponen a su disposición otras opciones para gestionar sus ahorros (OECD, 2023[89]).

Los mercados de renta variable de ALC continúan siendo pequeños y carecen de liquidez; además, existe una gran heterogeneidad entre países. En 2022, la capitalización bursátil en ALC se situaba en el 35.9% del PIB, en promedio, frente al 64.7% en los países de la OCDE (Gráfico 3.18, Panel A). Sin embargo, la profundidad de los mercados de renta variable es heterogénea, ya que oscila entre el 94.4% del PIB en Chile y tan solo el 3.2% en Costa Rica. Asimismo, el índice de rotación de las acciones, que mide la frecuencia con la que se compran y venden acciones en un período de tiempo determinado, muestra niveles bajos de liquidez y actividad en los mercados. En 2022, el índice de rotación en ALC era del 24.0%, frente al 53.8% de la OCDE (Gráfico 3.18, Panel B). Este índice también muestra amplias variaciones entre los distintos países de ALC. Brasil presenta un volumen de negocio y una liquidez del mercado sólidos, con un índice de rotación del 162.7%, mientras que México, el segundo país en volumen de actividad, tiene un índice del 23.3%, y Jamaica ocupa el último lugar con un 1.4%.

La concentración del mercado en los mercados de renta variable de las economías de ALC es heterogénea. El índice Herfindahl-Hirschman (HHI) es un indicador de la concentración del mercado. Cuanto más cerca de 0 se sitúa el índice, menos concentrado está el mercado, mientras que un valor más alto indica una mayor concentración (FTC, 2023[91]). El HHI muestra que existe una gran heterogeneidad entre países en lo que respecta a la concentración del mercado (Gráfico 3.19, Panel A). Con la excepción de Brasil y Chile, la mayoría de los países de ALC presentan niveles de concentración superiores a los de Corea, que se incorporó a la categoría de países de ingresos altos en 1995 (Melguizo et al., 2017[92]). Además, la concentración en la región es superior en todas las economías a la de la Bolsa de Nueva York (NYSE). Estos resultados son coherentes con la métrica de la concentración basada en la capitalización bursátil atribuida a las cinco mayores empresas de cada país (Gráfico 3.19, Panel B). De manera similar, las grandes empresas de ALC representan el 80% de la capitalización bursátil, en promedio (OECD, 2023[89]).4

Las ofertas públicas secundarias representan la mayor parte de la actividad bursátil en ALC, ya que a lo largo de las últimas dos décadas las cifras netas de admisión a cotización en bolsa han seguido una tendencia negativa. En 2021, las salidas a bolsa netas en la región fueron 30, tras 13 años de cifras netas negativas en este indicador. No obstante, fue solo una mejora temporal y en 2022 y 2023 continuó la tendencia negativa (Gráfico 3.20). Este fenómeno de salida de las empresas de los mercados bursátiles se está dando en muchos mercados, ya que las grandes empresas se trasladan al mercado estadounidense, mientras que las medianas tienen dificultades para cotizar en los mercados nacionales (Vest, 2023[94]; OECD, 2019[95]). Por consiguiente, las ofertas públicas secundarias acapararon el 75% del monto total recaudado en ofertas públicas en la región entre 2012 y 2023. Durante ese período, el 71% del monto total recaudado en ofertas públicas iniciales y el 68% del monto total obtenido en ofertas públicas secundarias en ALC correspondieron a Brasil, que es el país que generó la mayor parte de la actividad en la región. Los países que ocupan el segundo lugar en la región son México en el caso de las OPI (18% del total recaudado) y Chile en las ofertas secundarias (14%) (OECD, 2024[96]).

Los mercados de renta variable de ALC presentan la mayor concentración de la propiedad del mundo y esa propiedad está dominada fundamentalmente por inversores empresariales. El primer 1% de los accionistas por tamaño de sus participaciones posee, en promedio, el 46% de las acciones totales de una empresa, mientras que el promedio mundial es del 31% (Gráfico 3.21, Panel A). Además, las empresas poseen casi un tercio de las acciones cotizadas en ALC, mientras que a escala global dominan los inversores institucionales, con un 45% de las acciones. Las empresas poseen hasta el 72.8% de las acciones cotizadas en Perú, mientras que los inversores institucionales de la región tienen entre el 6.3% (Perú) y el 27.1% (Brasil), una proporción pequeña en comparación con el panorama mundial. Estas cifras evidencian la fuerte presencia de estructuras de grupos empresariales en la región. En Colombia, Argentina y Brasil, el sector público es un inversor importante, con proporciones del 37.8%, el 20.5% y el 14.8%, respectivamente (Gráfico 3.21, Panel B).

Los mercados de capitales se dividen también en mercados públicos y mercados privados. Las empresas pueden financiarse en el mercado de deuda, privado o público, emitiendo valores; en los mercados de renta variable públicos, cotizando en una bolsa; o en el mercado de renta variable privado, vendiendo acciones de manera privada. Las empresas medianas tienen dificultades para entrar en el mercado público de renta variable y suelen recurrir a los mercados privados (OECD, 2019[95]).

En los mercados privados, la mayoría de las operaciones corresponden a cuentas de capital de riesgo. La inversión en estos mercados puede adoptar la forma de capital de inversión, crédito privado o capital de riesgo, o puede estar destinada específicamente a proyectos de infraestructura o de recursos naturales. El capital de riesgo es un tipo de financiamiento de capital para empresas jóvenes innovadoras que tienen dificultades para atraer financiamiento tradicional. Aunque puede generar una elevada rentabilidad, también trae un gran riesgo para los inversores (Rudolph, Miguel and Gonzalez-Uribe, 2023[98]). En el tercer trimestre de 2023, el capital de riesgo representó el 82% del número total de operaciones y el 47% del capital total invertido en ALC (Gráfico 3.22). El resto de activos sumaban conjuntamente una proporción mayor del capital invertido, lo que indica que las operaciones eran mayores. El capital privado representaba el 27% del capital invertido en ALC, el crédito privado era el 19% y los proyectos de infraestructura y de recursos naturales sumaban el 7% del capital total invertido.

Históricamente, las inversiones de capital de riesgo en ALC han sido bajas en comparación con otras regiones del mundo. América del Norte es el principal inversor en este ámbito, pero Europa y Asia también superan a ALC en financiamiento mediante capital de riesgo per cápita (Rudolph, Miguel and Gonzalez-Uribe, 2023[98]). América del Norte y Asia también son las regiones con las mayores operaciones en promedio, y ALC se sitúa muy por detrás. Después de lograr un fuerte avance en 2021, en 2023 pasó a ser la región con el menor tamaño de las operaciones de financiamiento en promedio. Por su parte, la región de Oriente Medio y el Norte de África (OMNA) ha mejorado su posición desde 2016 y ahora supera a Europa (Gráfico 3.23, Panel A).

La dinámica del capital de riesgo ha desmejorado recientemente en ALC tras un auge en 2021. El financiamiento de capital de riesgo en la región incrementó de 1 100 millones de USD (249 operaciones) en 2016 a 25 100 millones de USD (859 operaciones) en 2021 (Gráfico 3.23, Panel B). Este crecimiento se vio impulsado por distintos factores, como los incentivos para reactivar el mercado tras el COVID-19; el aumento de la demanda de servicios digitales desde la pandemia; la participación de un número reducido de inversores acaudalados no nacionales; la aparición de oportunidades de salida rentables; y el desarrollo de un ecosistema local propicio para las empresas emergentes (Rudolph, Miguel and Gonzalez-Uribe, 2023[98]). Sin embargo, como ocurrió en otras regiones, la inversión en ALC cayó hasta situarse por debajo de los niveles prepandemia después de 2021, y en 2023 se había reducido hasta los 5 400 millones de USD.

El capital de riesgo desempeña un papel especialmente importante para el emprendimiento, que es esencial para el crecimiento económico, la creación de empleo y el fomento de la innovación en los sectores emergentes. Pese a la evolución reciente de este tipo de financiamiento, el ecosistema de empresas emergentes de ALC continúa siendo robusto y favorece la resiliencia en un contexto de dificultades económicas. Los emprendedores de empresas emergentes son vitales para aprovechar las tecnologías digitales y con ellas dar respuesta a problemas socioeconómicos. Al introducir innovaciones disruptivas en sectores de actividad tradicionales, las empresas financiadas con capital de riesgo pueden mejorar la accesibilidad a servicios tecnológicos y financieros, forjando un futuro prometedor para la región (Berg, Rubio and Lask, 2024[102]).

En comparación con otras regiones del mundo, ALC asigna una cantidad considerable de financiamiento de capital de riesgo a los mercados verticales fintech y de aplicaciones móviles, aunque está rezagada en manufacturas, inteligencia artificial y tecnologías limpias. Las aplicaciones móviles, a las que se destinó casi el 28% del capital invertido en 2023, son el mercado vertical5que recibe más inversión en la región (Gráfico 3.24). Otros mercados verticales destacados son la tecnología de cadena de bloques, la tecnología de la salud y el comercio electrónico. En lo que respecta a los sectores de actividad, el de los servicios financieros recibe aproximadamente el 19% del financiamiento de capital de riesgo en ALC, por detrás del de la tecnología de la información (41%) y del sector de los servicios de empresa a cliente (B2C) (29%). A nivel global, ALC se ubica como la región con mayor concentración de financiamiento de capital de riesgo en el sector de servicios financieros, y como segunda respecto a la relevancia del mercado vertical de fintech (Rudolph, Miguel and Gonzalez-Uribe, 2023[98]).

La inversión de capital de riesgo en la región ha procedido fundamentalmente de empresas extranjeras. Inversores no nacionales participaron en aproximadamente el 74% de las operaciones llevadas a cabo en el período 2016-23, en promedio (Gráfico 3.25). Este tipo de inversores también ha tenido un peso importante atendiendo al número de operaciones: durante el mismo período, alrededor del 68% de las operaciones contaron con la participación de al menos un inversor no nacional. Sin embargo, no todos los inversores extranjeros tienen la misma importancia en la región, el 70% del auge de la inversión extranjera de capital de riesgo desde 2019 puede atribuirse a cuatro inversores fundamentales: SoftBank, Tiger Global, DST Global y Ribbit Capital (Rudolph, Miguel and Gonzalez-Uribe, 2023[98]).

Los mercados nacionales de bonos corporativos son fundamentales para estimular el crecimiento económico y apoyar la estabilidad macroeconómica (Powell and Valencia, 2023[103]). Estos mercados contribuyen a la formación de capital, a la diversificación de la inversión y a la gestión de los riesgos. Mediante la emisión de bonos, el sector privado puede diversificar sus fuentes de financiamiento y no depender de los préstamos bancarios y el financiamiento de capital tradicionales. Emitir bonos en el mercado local ofrece a las empresas una amplia gama de ventajas, como la reducción de los costos de transacción, la familiaridad con los inversores locales, la reducción del riesgo de cambio, el apoyo a la economía nacional y el conocimiento de la regulación. Un bono corporativo se considera nacional cuando cumple cuatro criterios: i) el emisor cotiza en el mercado de valores local; ii) el emisor es residente fiscal; iii) el bono emitido se rige por la legislación local; y iv) el lugar de emisión es el mercado nacional (Aldasoro, Hardy and Tarashev, 2021[104]).6

La emisión en el mercado de bonos corporativos sigue bastante subdesarrollada en ALC. En 2023, el monto pendiente de pago de bonos corporativos en la región representaba alrededor del 2% del total mundial, una proporción relativamente pequeña en comparación con las de Estados Unidos, Europa y Asia (OECD, 2024[105]). Los fundamentos económicos ayudan a explicar el desarrollo de los mercados de bonos en la moneda local, mientras que han tenido una influencia mínima en los mercados de bonos en moneda extranjera (Ayala Pena, Nedeljkovic and Saborowski, 2015[106]).

En la mayoría de las economías de ALC, el sector público es el principal emisor en los mercados nacionales de bonos. Entre 2015 y 2023, las entidades públicas del ámbito nacional o subnacional (incluido el banco central) emitieron el 81% del total de emisiones de bonos locales en ALC, en promedio, mientras que los bonos corporativos representaron el 19% faltante (Gráfico 3.26). Sin embargo, hay una gran heterogeneidad en la región, en la que la emisión de bonos corporativos alcanza la mayor proporción en economías caribeñas como Bahamas, Barbados y Trinidad y Tobago.

El mercado local de bonos corporativos en ALC está muy concentrado en unas pocas economías. Entre 2015 y 2023, el 73% del monto total de bonos corporativos emitidos en mercados nacionales procedía de Brasil (37.7%) y México (35.7%), seguidos por Chile (9.2%), Argentina (5.3%) y Colombia (4.3%). Otras economías de ALC tienen un mercado de bonos privados activo, pero mucho más pequeño: 13 países de la región tienen participaciones inferiores al 1%, lo que pone de manifiesto la necesidad de desarrollar mercados locales de bonos.

La demanda de bonos corporativos en la región procede fundamentalmente de grandes fondos de pensiones, que invierten especialmente en instrumentos con grado de inversión, de manera que excluyen del mercado a las empresas con calificaciones más bajas, que se ven obligadas a recurrir al financiamiento bancario. El sector de los seguros y los fondos de inversión también son actores importantes en el lado de la demanda de los bonos corporativos (Vtyurina, Robles and Sutton, 2017[107]). La fuerte preferencia por emisores con calificaciones elevadas es un obstáculo para los nuevos emisores, especialmente para las pymes, que normalmente se consideran empresas más riesgosas que las que cuentan con grado de inversión y que enfrentan una menor demanda entre los inversores institucionales.

Las empresas no financieras son los emisores más importantes de los mercados de bonos corporativos de la región.7 A estas les corresponde alrededor del 67% del monto total emitido por empresas y el 63% del número total de emisiones del sector corporativo (Gráfico 3.27, Panel A). Esto quiere decir que el monto promedio emitido por una empresa no financiera es 1.2 veces mayor que el de la sociedad financiera promedio (Gráfico 3.27, Panel B). Esto puede atribuirse, en parte, a los tipos de bonos incluidos en el análisis. Los bancos y otras instituciones financieras suelen emitir más instrumentos de montos reducidos que las entidades no financieras, en particular certificados de depósito y letras a corto plazo para hacer frente a sus necesidades de financiamiento a corto plazo.

Hay margen para mejorar la composición por monedas de las emisiones de bonos de empresas no financieras en los mercados nacionales. Entre 2015 y 2023, un promedio de 42% del monto emitido en ALC estaba denominado en moneda local, mientras que el otro 58% lo estaba en monedas extranjeras. En contraste, globalmente, las emisiones en moneda local representaban el 83% del monto total emitido, un porcentaje que ascendía hasta el 86% en los mercados emergentes (Gráfico 3.28, Panel A). Esto resalta la dependencia que la región tiene al crédito en moneda extranjera y los desajustes de monedas en los balances de las empresas, que las exponen al riesgo de cambio (Eichengreen, Hausmann and Panizza, 2005[108]). Sin embargo, la proporción del monto emitido en monedas locales ha aumentado en la región en los últimos años. Entre 2022 y 2023, esa proporción alcanzó el 71%, lo que cambió el panorama de la composición por monedas (Gráfico 3.28, Panel B). Esto se debió a dos factores. Por una parte, se produjo un incremento de la emisión en moneda local, hasta superar incluso los niveles previos a la pandemia. Entre 2019 y 2023, el monto emitido (medido en USD) en monedas locales en ALC creció un 53%. Por otro lado, durante el mismo período se produjo una disminución significativa del monto emitido en moneda extranjera en la región, lo que refleja una deuda neta más baja y no una corrección real de los desajustes de monedas (Haussmann and Panizza, 2011[109]). Fortalecer los mercados de bonos en moneda local es esencial para reducir estos riesgos.

Las empresas no financieras y financieras de ALC emiten bonos con plazos de vencimiento más largos que las de los mercados emergentes. Entre 2015 y 2023, el plazo de vencimiento promedio de las emisiones de empresas financieras era de 7.7 años, mientras que el de las empresas no financieras se situaba en 10.1 años (Gráfico 3.29, Panel A). En los mercados emergentes se observan vencimientos más breves y similares para ambos sectores: 5.3 años en el caso de las empresas financieras y 5.1 años en el de las no financieras. El plazo promedio de vencimiento se ha reducido en los dos últimos años, especialmente en el caso de las empresas no financieras. Entre 2022 y 2023, el plazo promedio de vencimiento de las emisiones en ALC alcanzó los 6.7 años en el caso de las empresas financieras y los 7.5 años en el de las no financieras (Gráfico 3.29, Panel B). Esta disminución acerca a ALC a los plazos de los mercados emergentes, aunque la diferencia continúa superando los 2.5 años para el plazo promedio de vencimiento. Esta evolución de los plazos de vencimiento puede deberse a la reducción de las emisiones en moneda extranjera mencionada previamente. Los datos relativos a las empresas financieras deben interpretarse con precaución, ya que muchas empresas financieras de ALC utilizan con frecuencia bonos con plazos de vencimiento inferiores a un año, que no están incluidos en la muestra.

Los mercados locales de bonos corporativos continúan desarrollándose en ALC, pero hay margen de mejora. Estos mercados podrían profundizar su desarrollo incrementando los montos emitidos y, por consiguiente, el tamaño del mercado; ampliando y/o diversificando el número de emisores; alargando el plazo de vencimiento de los bonos no financieros; y reduciendo los costos de acceso al mercado. Prolongar los plazos de vencimiento de las emisiones en moneda local de empresas no financieras también es importante para evitar desajustes de monedas y movilizar el ahorro interno para financiar proyectos a largo plazo en la región. De manera similar, el desarrollo de una curva de rendimientos robusta del mercado de bonos soberanos en moneda local podría ofrecer al sector privado una referencia con la que comparar los costos de financiamiento a medio y largo plazo. Además, el peso de los bonos con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en el mercado ha aumentado en los últimos años y estos instrumentos representan una oportunidad para el desarrollo del mercado (Capítulo 4).

Múltiples políticas podrían contribuir al desarrollo de los mercados de bonos corporativos. Por ejemplo, un subsidio público-privado parcial del precio de las calificaciones crediticias siempre que estas sean obligatorias para las empresas que emitan deuda por primera vez podría ayudar a reducir el costo de la emisión. En 2004 se llevó a cabo una iniciativa similar en África, con resultados satisfactorios (Grandes and Pinaud, 2005[110]). Exenciones fiscales correctamente utilizadas también podrían contribuir a reducir los costos de emisión. En Brasil, por ejemplo, el Gobierno introdujo en 2011 un nuevo marco en virtud del cual las empresas privadas pueden emitir bonos para infraestructura, con el fin de promover el desarrollo de mercados de capitales privados a largo plazo y reforzar el financiamiento de proyectos de infraestructura. Si los recursos se utilizan para financiar proyectos de infraestructura, los intereses de los bonos y las ganancias de capital pueden acogerse a una exención de impuestos (Cavallo, 2023[111]).

Los responsables de la formulación de políticas deberían tener en cuenta las ventajas e inconvenientes respectivos de desarrollar pequeños mercados de bonos locales o de optar por fomentar la integración regional de los mercados de bonos nacionales. Si se opta por el enfoque regional, los países más pequeños de ALC podrían integrarse en mercados relativamente más desarrollados para reducir los costos de emisión y beneficiarse de un conjunto de inversores más diversificado, más profundo y más líquido. Esto podría dar lugar a la aparición de “hubs regionales de mercados de bonos financieros” a mediano plazo, lo que reportaría beneficios en términos de economías de escala y de menores costos de endeudamiento, ya que estos hubs proporcionarían reservas de capital más profundas y amplias, en particular para las empresas medianas. Sin embargo, las economías menos desarrolladas de ALC se verían obligadas a emitir bonos en monedas distintas de la suya, muy probablemente en USD, y tendrían que poder asumir los costos tecnológicos, regulatorios y culturales de integrarse en esos hubs.

La integración financiera regional tiene el potencial de ampliar el acceso a los mercados de capitales, ya que puede incrementar la eficiencia, reducir los costos de transacción, mejorar las condiciones de liquidez y mitigar riesgos. La integración puede crear incentivos para que los inversores extranjeros adquieran activos de distintos países y, por tanto, diversifiquen sus carteras en un mercado único. Además, teniendo en cuenta que el acceso a los mercados de capitales en ALC está mayormente restringido a gobiernos, grandes empresas y empresas estatales, la integración regional podría aumentar la base de emisores y llevar la inversión a nuevos sectores (Bown et al., 2017[112]). Por último, un aumento de la demanda de activos cotizados en un mercado único debería contribuir a reducir los costos de financiamiento de los emisores.

La región presenta obstáculos a la integración, que incluyen el entorno macroeconómico, la escasa oferta y demanda del mercado, los marcos regulatorios y la infraestructura del mercado. En cuanto al aspecto macroeconómico, la región muestra una gran heterogeneidad entre países tanto en cuanto al entorno como en lo referente a la estabilidad, así como regímenes cambiarios diferentes y tipos de cambio volátiles. Además, la oferta y la demanda de valores son escasas, debido tanto al reducido número de emisores e inversores como a la falta de educación financiera. Por último, los distintos marcos regulatorios y tributarios y el uso de plataformas diferentes en cada uno de los mercados bursátiles también plantean dificultades para la integración en ALC (Bonita et al., 2020[113]; IDB/Wilson Center, 2016[114]).

El Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), lanzado en 2011, fue el primer intento de integración de la región. El MILA, una iniciativa de las bolsas de Chile, Colombia y Perú, se puso en marcha con el objetivo de competir con mercados de mayor tamaño. Sin embargo, los volúmenes de negociación del MILA continuaron siendo inferiores a los de Brasil y México. En 2014, México se unió al grupo y el MILA alcanzó una capitalización bursátil similar a la de la bolsa de Brasil, pero con un volumen de negociación inferior (OECD, 2019[95]). Sobre el papel, el MILA tenía por objeto facilitar la emisión, negociación y liquidación de valores entre países, permitiendo al mismo tiempo que cada bolsa mantuviera su independencia (IDB/Wilson Center, 2016[114]). Sin embargo, en la práctica, el MILA no logró el desempeño esperado y estaba impulsado fundamentalmente por Chile y México, que sumaban más del 90% de los volúmenes negociados totales en 2018, llevando a la plataforma a parar sus operaciones (Gráfico 3.30).

Desde 2020, nuam exchange ha surgido como una nueva posibilidad de integración regional. Nuam exchange es una iniciativa privada conjunta para crear una infraestructura de mercado regional, a partir de la integración de las bolsas de Santiago, Lima y Colombia en un único mercado. Esta iniciativa pretende integrar los activos y los modelos de negocio, utilizando una única plataforma y abogando por la armonización de las regulaciones de los países (nuam exchange, 2024[116]). En estos momentos, las tres bolsas se encuentran inmersas en el proceso de integración. Legalmente están integradas bajo nuam exchange y trabajan en la integración de las operaciones y de su plataforma de negociación, que se espera que empiece a funcionar en 2025 (Rodríguez Martínez, 2024[117]). Nuam exchange sigue los pasos de Euronext, la destacada infraestructura del mercado paneuropeo nacida en 2000 con la fusión de las bolsas de Ámsterdam, Bruselas y París.

Esta integración del mercado puede contribuir al desarrollo de los mercados de capital locales y a atraer inversores internacionales. En agosto de 2024, nuam exchange comunicó una capitalización bursátil de casi 450 000 millones de USD, el 43% procedente de la Bolsa de Valores de Lima, el 39% de la Bolsa de Comercio de Santiago y el 18% de la Bolsa de Valores de Colombia. En cuanto al número de emisores, el mercado integrado alcanzó los 445 emisores de renta variable y los 345 emisores de renta fija (Gráfico 3.31). Actualmente, nuam exchange tiene un tamaño similar al de la bolsa de Malasia (en capitalización bursátil), la bolsa de Estambul (en número de emisores de renta variable) y la bolsa de Londres (en número de operadores) (nuam exchange, 2024[118]). Además, entre enero y agosto de 2024, se negociaron en nuam exchange más de 721 000 millones de USD en más de 12 millones de operaciones, incluidas operaciones de renta variable, especiales, de renta fija, de derivados y monetarias (nuam exchange, 2024[119]). Para poder dar los siguientes pasos en la integración, es necesario que las autoridades de Chile, Colombia y Perú aprueben el reconocimiento mutuo de los operadores y la interoperabilidad de las entidades de contrapartida central.8 Esto supondría que los operadores de cualquiera de los tres países podrían entrar en cualquiera de los tres mercados y que las entidades de contrapartida central de los tres países podrían comunicarse y colaborar entre ellas. Prácticas que son habituales en los mercados europeos.

Históricamente, la integración regional de mercados bursátiles se ha llevado a cabo por dos vías: la creación de plataformas de negociación, como el no operativo MILA, y la integración plena de las bolsas, como en el caso de nuam exchange. El primer tipo de integración se ha utilizado mayoritariamente en los mercados emergentes. Algunos ejemplos son el South Eastern Europe Link, el Trading Link de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y el Shanghai-Hong Kong Stock/Bond Connect (Pirgaip, Ertuğrul and Ulussever, 2021[120]). La integración plena se ha utilizado principalmente en Europa, con la fusión de Euronext, la integración de OMX, la fusión entre la Bolsa de Londres y la Borsa Italiana, y el grupo Eastern Europe Stock Exchange Group (Dorodnykh, 2014[121]). Se ha constatado que la integración con una armonización plena tiene un impacto mayor en el volumen de negocio (Pirgaip, Ertuğrul and Ulussever, 2021[120]).

La emisión de bonos de ALC por emisores de los sectores público y corporativo en los mercados internacionales aumentó en 2023, tras una ralentización en 2022. Este incremento se vio favorecido por la apreciación de las monedas de la región, la desaceleración de la inflación y el final de las subidas de las tasas de interés. La emisión de bonos (de deuda tanto pública como corporativa) de la región en los mercados internacionales alcanzó los 89 150 millones de USD en 2023, lo que supone un aumento del 39.7% con respecto al año previo (Gráfico 3.32). La participación de la región en los mercados internacionales de deuda se reparte de manera muy equilibrada entre emisores soberanos y corporativos. En 2023, los bonos soberanos representaron un 51.8% de la emisión total (46 170 millones de USD) y los bonos corporativos, el otro 48.2% (42 980 millones de USD) (ECLAC, 2024[122]).

Replicando la situación en los mercados nacionales de la región, la actividad de emisión internacional en ALC está muy concentrada en un número reducido de países. Cuatro países acaparan casi el 70% de la emisión internacional total (pública y corporativa): Brasil (21.1%), Chile (19.3%), México (17%) y Colombia (10.1%) (Gráfico 3.33). Además, los bonos supranacionales9 representan el 8.6% de la emisión total, una proporción superior a las de Costa Rica, Panamá, Perú y la República Dominicana, entre otros.

Una solvencia elevada y un riesgo equilibrado son factores cruciales para mantener mercados de capitales bien desarrollados y fuertes. La solvencia es la capacidad de hacer frente a obligaciones a largo plazo, como la deuda. Indica si los inversores, acreedores y otras partes interesadas pueden confiar en que las empresas reembolsarán sus deudas o generarán rentabilidad, lo que permitirá que el mercado funcione correctamente (Factris, 2023[123]). Como los inversores buscan una rentabilidad elevada, también buscan riesgos elevados. Por lo tanto, a los inversores y a las instituciones les interesa gestionar el riesgo al que está expuesto el mercado, ya que equilibrar los riesgos puede mantener la estabilidad del mercado incluso cuando enfrenta choques (Karacadag, Sundararajan and Elliott, 2003[124]).

El riesgo en la región disminuyó en 2023 tras un primer trimestre complicado. En comparación con otras regiones, ALC se situó en la mitad de la clasificación de diferenciales de los bonos corporativos. El JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) mide el interés adicional (en puntos básicos) que paga un bono corporativo internacional con respecto a un bono de deuda pública en los mercados emergentes. Ese diferencial es una medida del riesgo que se percibe que tienen las empresas de los mercados emergentes. El diferencial del CEMBI de la región se situó en 321 puntos básicos a finales de diciembre de 2023, tras perder 36 puntos básicos durante el año. Este nivel es inferior en 62 puntos básicos al de su homólogo de deuda soberana, el EMBIG. Tras un aumento de los diferenciales de la deuda corporativa de la región en el primer trimestre de 2023 como consecuencia del impago de la empresa brasileña Lojas Americanas en enero, la región consiguió reajustarse en los trimestres siguientes y superó el desempeño de Oriente Medio y Asia (Gráfico 3.34) (ECLAC, 2024[122]).

La regulación de los mercados de capitales en ALC ha experimentado varias transformaciones en los últimos años con el objetivo de mantener el riesgo bajo e incrementar la eficiencia. En Chile, se llevaron a cabo reformas para mejorar la integración internacional del mercado de bonos facilitando la participación de inversores extranjeros. En Brasil se han emprendido iniciativas para modernizar la regulación con miras a reducir los costos de cumplimiento de las empresas que acceden a los mercados de capitales e incrementar la eficiencia regulatoria haciendo uso de las nuevas tecnologías existentes en ese ámbito (Miranda, 2018[125]). Colombia ha seguido mejorando su aplicación de los principios para la regulación de los mercados de valores de la OICV (Superintendencia Financiera de Colombia, 2024[126]).

En la región continúa habiendo importantes desafíos regulatorios, sobre todo relacionados con la necesidad de facilitar los procesos e incentivar a los nuevos emisores. Las medidas que adopten los reguladores deben subrayar la importancia de una regulación dinámica y adaptativa que pueda dar una respuesta eficaz a las cambiantes condiciones de los mercados y los avances tecnológicos y que garantice el crecimiento y la estabilidad sostenidos de los mercados de capitales de la región. Entre los aspectos que conviene tener en cuenta cabe citar la adaptación de las regulaciones para fomentar una mayor diversificación de las inversiones, la reducción de las barreras operacionales y fiscales para los inversores extranjeros, la mejora de la protección de los derechos de los inversores minoritarios y el fomento de una mayor educación financiera entre la población (Miranda, 2018[125]).

Las grandes empresas de ALC continúan utilizando los American Depositary Receipts (ADR) para llegar al mercado de renta variable de Estados Unidos. Un ADR es un valor que representa acciones de una empresa no estadounidense mantenidas por un banco depositario estadounidense. Estos instrumentos facilitan la labor de captación de capital en el extranjero para las empresas de ALC, ya que no están obligadas a cumplir los requisitos de cotización del mercado estadounidense (SEC, 2012[127]). Brasil es el país de ALC con el mayor número de emisores de ADR (72), por delante de México (38) (Gráfico 3.35). Sin embargo, estos instrumentos no son necesariamente la mejor opción para acceder a los mercados, ya que impiden el desarrollo de mercados de capitales locales y perpetúan la salida de empresas de esos mercados. Por tanto, es necesario explorar otras posibilidades para facilitar la entrada a los mercados locales en ALC con el fin de poder ampliarlos.

Aprovechar plenamente el potencial de los mercados financieros para avanzar hacia un crecimiento sostenible e inclusivo en ALC requiere canalizar recursos públicos y privados de manera eficaz, impulsar las oportunidades de financiamiento de las pymes, promover la inclusión financiera y aumentar la profundidad de los mercados de capitales. Para alcanzar estos objetivos, es imperativo que los Gobiernos de ALC formulen una estrategia coordinada a largo plazo, utilizando mecanismos institucionales como la planificación del desarrollo nacional y sectorial. Este enfoque movilizará eficazmente tanto al sector público como al privado en pro de los objetivos estratégicos nacionales, trascendiendo los ciclos políticos para consolidar políticas duraderas centradas en mejorar el bienestar de las personas (OECD et al., 2019[129]; OECD, 2021[130]).

Esta estrategia tiene tres aspectos importantes. Primero, mejorar la regulación favorable a la competencia del sistema bancario y reducir las barreras de entrada puede potenciar el dinamismo del sector financiero, lo que reduciría los costos y generalizaría el acceso a servicios financieros. Las medidas focalizadas destinadas a mejorar el acceso a financiamiento de las pymes incluyen el desarrollo de sistemas de reportes de crédito especializados y la promoción de mecanismos alternativos de financiamiento más allá del préstamo con garantías tradicional. Segundo, para promover el crecimiento económico inclusivo es esencial garantizar que las poblaciones subatendidas puedan acceder a productos financieros de alta calidad, aprovechar las innovaciones digitales y promover la competencia financiera. Por último, aumentar la profundidad de los mercados de capitales mediante la modernización de la regulación, alentar la participación de inversores institucionales y promover la integración financiera regional son pasos cruciales para reforzar la eficiencia y la resiliencia del mercado en toda la región (véase el Recuadro 3.4).

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