En lo que respecta a las políticas para movilizar recursos internos para el desarrollo y mejorar las condiciones fiscales, Perú ha dado prioridad a la plena aplicación de la Norma Antielusiva General para hacer frente a la elusión tributaria. La Ley 31110 tiene como objetivo fortalecer los sectores agrarios y riego, agroexportador y agroindustrial de Perú, al tiempo que se refuerzan los derechos laborales de acuerdo con las normas nacionales e internacionales. Establece un incremento gradual en el tiempo del impuesto a la renta en función de los ingresos netos anuales del contribuyente, para llegar finalmente a la tasa oficial del 29.5%. Con esta medida se busca impulsar la competitividad del sector y los niveles generales de desarrollo. Perú promulgó el Decreto Legislativo 1488 y la Ley 31652 para fomentar la inversión privada a través de regímenes especiales de depreciación y medidas temporales para edificaciones, construcción y vehículos eléctricos. La Ley 30309 promueve la investigación científica y la innovación tecnológica mediante deducciones fiscales adicionales para los gastos relacionados. Además, Perú ha mejorado la administración tributaria y el cumplimiento mediante la aplicación de la asistencia administrativa mutua en el ámbito del intercambio de información y el levantamiento del secreto bancario con fines de auditoría, con el objetivo de reducir la evasión fiscal. El Decreto Legislativo 1424 limita las deducciones de intereses para evitar el traslado de beneficios, mientras que el Decreto Legislativo 1381 se centra en la elusión fiscal, abordando específicamente los países y territorios no cooperantes.

Por lo que se refiere a las políticas para promover unos mercados financieros robustos, inclusivos y sostenibles, Perú ha adoptado la Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF), aprobada por el Decreto Supremo n.º 255-2019-EF, con vigencia hasta 2030. Impulsada por el Ministerio de Economía y Finanzas y respaldada por otras instituciones clave, la PNIF tiene cinco objetivos principales: i) generar una mayor confianza de todos los segmentos de la población en el sistema financiero; ii) contar con una oferta de servicios financieros suficiente y adecuada; iii) mitigar las fricciones en el funcionamiento del mercado; iv) desarrollar infraestructura de telecomunicaciones y plataformas digitales; y v) fortalecer los mecanismos de articulación de esfuerzos institucionales. Entre los logros más significativos se encuentran la capacitación de más de 360 000 personas en cuestiones de inclusión financiera, la ampliación de la capacitación en pagos digitales para micro y pequeñas empresas, la extensión del servicio de internet a más de 2 000 nuevas localidades y el lanzamiento de la Cuenta DNI, que ha facilitado la apertura de 24 millones de cuentas para mejorar la accesibilidad financiera. Además, Perú ha emitido bonos sociales, verdes y sostenibles y ha dado prioridad a los bonos soberanos a tipo fijo en moneda local para aumentar la proporción de moneda local en la cartera de deuda pública y fortalecer los mercados de capitales.

En lo que respecta al financiamiento regional e internacional y a las asociaciones para catalizar recursos internacionales, la financiación de BID Invest y Corporación Financiera Internacional desempeña un papel clave en la promoción de la inversión del sector privado en diversos sectores, como la infraestructura social, el turismo, la industria manufacturera y la economía digital. Además, el Plan Nacional de Infraestructuras Sostenibles para la Competitividad se centra en proyectos a gran escala por valor de casi 40 000 millones de USD, sobre todo en infraestructuras sostenibles en sectores como la sanidad, la educación, el transporte y la energía. La Política Nacional de Promoción de la Inversión Privada en Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos trata de cerrar la brecha existente en el ámbito de la infraestructura pública e impulsar el crecimiento económico fomentando la participación del sector privado. Esta política, apoyada por el Banco Mundial, hace hincapié en la importancia de contar con unos marcos normativos transparentes y una gestión eficaz de los proyectos.