La región de América Latina y el Caribe (ALC) requiere recursos financieros adicionales para abordar los importantes retos socioeconómicos a los que se enfrenta y, al mismo tiempo, cumplir las agendas de desarrollo. Por ejemplo, actualmente se estima que la brecha de financiamiento para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible se sitúa en un promedio de 99 000 millones de USD por año (UNCTAD, 2023[1]). Para movilizar los recursos requeridos será necesario adoptar una estrategia coordinada que incluya a los sectores público y privado, así como mecanismos de financiamiento innovadores y una estrecha coordinación con los socios internacionales.

El bajo crecimiento de la productividad sigue afectando al desarrollo económico de largo plazo de la región. La actividad económica en ALC se ha ralentizado desde 2023 debido a la combinación de dinámicas cíclicas y los retos estructurales de largo plazo que caracterizan a la región. En 2023, la productividad laboral promedio de ALC se sitúo en el 33% de la OCDE, por debajo del 40% registrado en 1990 (Gráfico 1). El bajo crecimiento de la productividad afecta a la mayoría de los sectores económicos, y gran parte de la brecha de la productividad laboral con respecto a las economías avanzadas puede atribuirse a las diferencias en la productividad total de los factores.

El contexto actual deja poco margen a las políticas monetarias y fiscales para apoyar el crecimiento económico. Muchas economías de ALC han mantenido una política monetaria restrictiva para anclar las expectativas de inflación. Al igual que en el resto del mundo, la inflación en la región está convergiendo hacia los niveles previos a la pandemia del COVID-19. Tras alcanzar su punto máximo a mediados de 2022, la inflación comenzó a descender en la segunda mitad de 2023 en la mayoría de los países de ALC. La política monetaria ha sido fundamental para contener la inflación general y mantener bajo control las expectativas al respecto. En adelante, las autoridades monetarias deberían mantener esta precaución.

Las economías de la región están atravesando una fase de consolidación fiscal, ya que el espacio de maniobra de ALC se ha reducido de forma considerable desde la pandemia. Como consecuencia de la dinámica macroeconómica y de los esfuerzos permanentes de consolidación fiscal, el ratio de deuda sobre el PIB ha comenzado a converger hacia los niveles prepandemia. Sin embargo, la dinámica de la deuda y las cuentas fiscales deben seguir monitoreándose de cerca, mientras que un marco fiscal debe desempeñar un papel fundamental.

Las condiciones socioeconómicas también son complejas, teniendo en cuenta de la persistencia de la pobreza y la inflación. Aunque ha disminuido en las últimas décadas, la pobreza sigue siendo elevada en ALC y representó el 26.8% de la población total de la región en 2024, mientras que la pobreza extrema se ha mantenido relativamente estable, afectando a una de cada diez personas en ALC (ECLAC, 2024[3]). La elevada y persistente inflación ha agravado las condiciones de vida de la población de ALC, sobre todo de las personas más vulnerables. En 2023, el nivel general de precios de la región era un 13.1% superior al de 2021, mientras que para las personas que viven en la pobreza extrema, el precio de la canasta de bienes consumidos normalmente fue un 20% más elevado.1

El empleo informal está muy extendido en los mercados laborales de la región. En 2022, más de la mitad de los trabajadores de ALC tenían un empleo informal (55.7%), lo cual constituye una ligera mejora con respecto a 2010 (59.4% con empleos informales). La informalidad afecta tanto a hombres (55.9%) como a mujeres (55.4%), pero en los países donde la informalidad general es especialmente alta, las mujeres tienen una mayor probabilidad que los hombres a tener un empleo informal (ILO, 2024[4]). La informalidad afecta al nivel de vida no solo de los trabajadores, sino también de las personas dependientes que viven en ese hogar. En los últimos años, un 64.9% de la población de ALC vivía en hogares en los que al menos uno de los sustentos económicos principales procedía del sector informal. En particular, un 42.5% de los hogares dependía por completo del empleo informal y en un 22.4% de los hogares sus ingresos procedían tanto del sector formal como del informal. Los hogares que dependían exclusivamente del empleo formal representaban un 25.1% de la población, si bien existe una elevada heterogeneidad en toda la región (Gráfico 2).

La movilización de financiamiento público y privado es esencial para cerrar las brechas de desarrollo en ALC. Las persistentes desigualdades, la vulnerabilidad al cambio climático y las recientes disrupciones socioeconómicas exigen una estrategia de inversión coordinada, enfocada en sectores prioritarios alineados con políticas de desarrollo productivo (ECLAC, 2024[6]). Los Planes Nacionales de Desarrollo (PND) ofrecen marcos para una asignación eficaz de recursos, apoyando sectores de alto impacto críticos para la resiliencia de la región y fomentando sinergias entre los sectores público y privado. En este contexto, el contrato social actúa como una base para movilizar recursos públicos y privados al fomentar una gobernanza inclusiva y participativa que construye confianza, fortalece los sistemas fiscales y alinea los intereses de diversos actores con metas de desarrollo sostenible a largo plazo (OECD et al., 2021[7]). La participación del sector privado, a través de modelos de financiamiento innovadores, introduce escalabilidad, innovación y competitividad, al tiempo que respalda las agendas de desarrollo nacional. A pesar de las limitaciones fiscales existentes, la alineación de recursos públicos y privados con los objetivos de desarrollo sostenible permite un cambio económico transformador en sectores prioritarios, facilitando los cambios estructurales esenciales para garantizar un sólido crecimiento a largo plazo de la región.

La optimización de la asignación presupuestaria y el aumento de la eficiencia del gasto pueden liberar recursos adicionales. Así, para financiar sus agendas de desarrollo, los gobiernos deben reasignar e implementar presupuestos estratégicos que prioricen sectores clave. Por ejemplo, el petróleo sigue siendo el combustible fósil más subvencionado en ALC, lo que puede beneficiar a los hogares de rentas altas y a las industrias intensivas en carbono. La mejora del diseño presupuestario y una mayor coordinación en la ejecución presupuestaria y disponibilidad de datos pueden garantizar la financiación adecuada de cada prioridad de desarrollo, tanto a nivel nacional como local.

Actualmente, los ingresos fiscales en ALC son insuficientes para materializar sus objetivos de desarrollo. La recaudación tributaria permite a los gobiernos financiar servicios públicos esenciales, infraestructuras y programas de bienestar social. Sin embargo, en 2022, los ingresos fiscales de ALC ascendían a tan solo el 21.5% del PIB, oscilando entre el 10.6% de Guyana y el 33.3% de Brasil, y por debajo del promedio del 34.0% registrado en la OCDE (OECD et al., 2024[8]). La estructura tributaria de la región apenas contribuye a mitigar la desigualdad, ya que sigue dependiendo en gran medida de los impuestos indirectos —que representaron el 48% del total de impuestos en 2022 (32% en la OCDE)— y en la que destaca sobre todo el IVA. En 2022, el impuesto sobre la renta de las personas físicas y las contribuciones a la seguridad social representaban solo el 26.7% del total de los ingresos fiscales de ALC, frente al 48.4% en los países de la OCDE en 2021. Por el contrario, en 2021, el aporte del impuesto de sociedades era superior en ALC (16% del total de impuestos) que en los países de la OCDE (12%) (Gráfico 3) (OECD et al., 2024[8]).

ALC cuenta con una amplia gama de opciones de política tributaria que podrían ayudar a aumentar los ingresos e incidir de forma positiva en las agendas de desarrollo. La ampliación de los impuestos recurrentes sobre la propiedad inmueble —que en 2022 representaban en promedio el 0.4% del PIB en ALC frente al 1% en los países de la OCDE— puede aumentar los ingresos y promover la redistribución de la riqueza. Para mejorar la recaudación y la progresividad de los impuestos es fundamental simplificar el proceso tributario, garantizar una administración eficiente y fomentar una aplicación equitativa. Los impuestos a la salud sobre el tabaco, el alcohol y las bebidas azucaradas pueden impulsar la recaudación al tiempo que reducen los riesgos a la salud y sus costos a largo plazo. Los impuestos relacionados con el medioambiente en ALC se sitúan en promedio en el 0.9% del PIB, frente al 1.8% en los países de la OCDE, y dependen en gran medida de los impuestos sobre los combustibles y las subvenciones a la energía. La ampliación de los impuestos sobre el carbono, los sistemas de comercio de emisiones y los créditos de carbono podría generar ingresos y reducir las emisiones, siempre que se tenga en cuenta la protección de las poblaciones vulnerables. Además, si se revisan las elevadas tasas impositivas efectivas a las empresas y se optimizan los incentivos al pago de impuestos, se puede contribuir a apoyar la inversión y el emprendimiento. Actualmente, la tasa impositiva efectiva promedio para un determinado proyecto de inversión es del 23.9%, frente al 21.9% en los países de la OCDE y el 17.1% en 25 economías emergentes (Hanappi et al., 2023[9]).

Mejorar la gestión de la deuda pública también puede contribuir a liberar recursos para el desarrollo. En 2021, los niveles de deuda pública en la región variaban en gran medida ―entre el 23% y el 140% del PIB― con aspectos heterogéneos en la composición de la deuda, como la moneda de emisión, los marcos legislativos y los perfiles de vencimiento. En algunos casos, la deuda en moneda nacional representaba entre el 66% y el 95% de la deuda total, mientras que en otros, las emisiones en moneda extranjera suponían entre el 70% y el 90% del total. El incremento en los niveles de deuda, sumado a las elevadas tasas de interés, ha tenido un impacto sobre los costos del servicio de la deuda, restringiendo el espacio fiscal para inversiones orientadas al desarrollo. En 2022, la relación entre el servicio de la deuda y los ingresos fiscales en la región alcanzó el 12.2%, frente al 9.8% en 2012 y por encima del promedio de la OCDE del 4.8% (Gráfico 4). En la última década, el servicio de la deuda ha superado el gasto público básico en varios países, llegando, en algunos casos, a superar el gasto en educación, y duplicar el gasto en salud y las inversiones de capital.

Los mercados financieros son fundamentales para el crecimiento económico y el desarrollo. Proporcionan a individuos y empresas acceso a servicios esenciales, como préstamos, ahorros y seguros, y les permiten aumentar la inversión en capital físico y humano y suavizar el consumo.

Los sistemas financieros de ALC se encuentran rezagados, ya que carecen de acceso, profundidad y eficiencia. La profundidad financiera en ALC es baja y el crédito interno al sector privado se situaba en 2022 en el 50% del PIB, por detrás de otras regiones donde supera el 80% (Gráfico 5, Panel A). Asimismo, los depósitos bancarios como porcentaje del PIB se situaban en 2021 en el 55.1% en ALC, en comparación con el 99.3% en los países de la OCDE (Gráfico 5, Panel B). Aunque el acceso a los servicios financieros ha mejorado, y el porcentaje de titularidad de cuentas ha aumentado desde el 29.6% en 2011 al 57.2% en 2021, sigue estando por debajo del promedio de la OCDE (93.7%). La eficiencia del sector bancario es limitada, ya que presenta un margen neto por intereses del 5.0%, por encima del promedio de la OCDE del 1.7%. Si bien esto denota rentabilidad, también muestra que el crédito resulta costoso debido a diversos factores que varían entre países tales como la elevada concentración del mercado, los elevados riesgos, y a unos marcos reguladores inadecuados.

La inclusión es un aspecto fundamental de un mercado financiero bien desarrollado. Sin embargo, a pesar de los avances, en ALC sigue habiendo importantes brechas en materia de inclusión financiera. Por ejemplo, los hogares que tienen miembros que trabajan en el sector informal suelen tener peor acceso a los productos financieros (Gráfico 6). La brecha entre los hogares formales e informales varía en gran medida de un país a otro. La mayor disparidad la encontramos en México, donde solo el 2.3% de los hogares informales tienen acceso a préstamos para la compra de vivienda, frente al 14.9% de los hogares formales. En Chile, el 6.4% de los hogares informales tienen acceso a préstamos para la adquisición de vivienda, mientras que los hogares formales alcanzan el 15.6%. En países con brechas menores, como República Dominicana y Nicaragua, el acceso sigue siendo muy limitado para los hogares formales, informales y mixtos.

La innovación digital y la educación financiera pueden servir como vías de avance para mejorar la inclusión financiera. La innovación digital está redefiniendo la inclusión financiera en ALC al superar los tradicionales obstáculos de la banca y ofrecer soluciones alternativas que impulsan el acceso. Entre 2014 y 2021, la proporción de personas mayores de 15 años que realizaron o recibieron un pago digital aumentó del 35.9% a un promedio del 49% en ALC. Además, el 69% de los clientes de los bancos digitales de la región son personas y pequeñas y medianas empresas que anteriormente no estaban bancarizadas o lo estaban en niveles muy básicos, lo que ilustra la capacidad del sector para llegar de forma efectiva a las poblaciones más desatendidas. La mejora de la inclusión financiera depende del avance en la alfabetización financiera. La educación en este ámbito permite tomar decisiones debidamente informadas y ayuda a evitar errores como el exceso de endeudamiento (OECD, 2023[12]). Sin embargo, la educación financiera sigue siendo limitada en ALC, con importantes disparidades de género. En promedio, el 27% de los hombres y solo el 18% de las mujeres entienden lo que se refiere por tasas de interés en nueve países seleccionados, mientras que el 50% de los hombres y el 44% de las mujeres entienden lo que significa la tasa de inflación.

Los mercados de capitales —compuestos por los mercados de renta variable y de renta fija— ofrecen a empresas y gobiernos acceso a diversas fuentes de financiamiento. Los mercados de renta variable y de bonos corporativos nacionales permiten captar capital a largo plazo, ofrecen alternativas de ahorro a los hogares y apoyan la formación de capital, la diversificación de las inversiones y la gestión del riesgo.

En ALC, los mercados de renta variable son reducidos, carecen de liquidez y siguen estando concentrados. En 2022, la capitalización bursátil promedio en la región se situaba en el 35.9% del PIB, frente al 64.7% de los países de la OCDE. Además, el coeficiente de rotación de valores muestra unos bajos niveles de liquidez en el mercado, con un promedio del 24% frente al 53.8% de los países de la OCDE. En la región, la actividad de los mercados de renta variable presenta una elevada concentración tanto en la oferta de acciones como en la propiedad de las mismas y se compone sobre todo de compraventa de valores en el mercado secundario. El índice Herfindahl-Hirschman de capitalización bursátil muestra una importante heterogeneidad en la región en términos de concentración (Gráfico 7, Panel A). La mayoría de los mercados de ALC están más concentrados que los de Corea, siendo las excepciones Brasil y Chile, que se encuentran entre los menos concentrados de la región; sin embargo, todos los mercados de ALC siguen teniendo niveles de concentración superiores a los de la Bolsa de Nueva York. La propiedad de las empresas en ALC se considera que está muy concentrada, ya que el 1% de los accionistas más importantes posee, en promedio, el 46% de las participaciones totales de una empresa, mientras que en otras regiones este promedio se sitúa en el 31% (Gráfico 7, Panel B).

Los mercados de renta variable de ALC han reducido su tamaño en las dos últimas décadas debido a la tendencia negativa de las cotizaciones netas, a medida que las empresas emigran a mercados más avanzados y el acceso de las pymes a estos mercados es limitado. La integración financiera regional puede dar marcha atrás a estas tendencias al aumentar su eficiencia, reducir los costos de transacción para los inversores, mejorar las condiciones de liquidez y reducir los riesgos. La integración regional de los mercados de valores se está llevando a cabo en ALC a través de la holding regional nuam exchange la cual tiene como objetivo la plena integración de las bolsas de valores de Colombia, Lima y Santiago.

En ALC, las emisiones del mercado de bonos privados siguen estando muy poco desarrolladas a pesar de los avances de los últimos años. En 2023, el monto total de bonos corporativos en circulación en la región representó alrededor del 2% del total global. La actividad del mercado sigue concentrada principalmente en el sector público (81% de las emisiones locales de ALC entre 2015 y 2023) y en gran medida en Brasil y México. En el caso del sector corporativo no financiero, existe margen para mejorar la composición por monedas. Entre 2015 y 2023, en promedio en ALC, el 58% del volumen emitido por empresas no financieras se denominaba en moneda extranjera (Gráfico 8, Panel A), lo cual podría exponerlas al riesgo de tasa de cambio. Sin embargo, las empresas de ALC también emiten bonos con un perfil de vencimiento más prolongado en comparación con las de los mercados emergentes. Entre 2015 y 2023, en promedio, las empresas emitieron bonos con un vencimiento de 9.3 años, frente a los 5.2 años de vencimiento en los mercados emergentes (Gráfico 8, Panel B).

Las empresas de ALC también pueden acceder a los mercados privados mediante la venta privada de acciones, siendo el capital de riesgo (Venture capital) la opción de financiamiento más utilizada en la región. El capital de riesgo representa una oportunidad fundamental para las empresas que tienen dificultades para acceder a los mercados de renta variable y renta fija. Sin embargo, la dinámica reciente del capital de riesgo en ALC se ha ralentizado. En 2016, el financiamiento del capital de riesgo alcanzó los 1 100 millones de USD con 249 operaciones y, en 2021, se sitúo en niveles máximos con 25 100 millones de USD con 859 operaciones, impulsado por los incentivos posteriores al COVID y la alta demanda. Sin embargo, para 2023, el financiamiento del capital de riesgo había descendido hasta los 5 400 millones de USD, por debajo de los niveles anteriores a la pandemia (Gráfico 9). En comparación con otras regiones del mundo, la mayor parte del financiamiento del capital de riesgo en ALC se dirige hacia aplicaciones móviles y tecnología financiera, mientras que la región está rezagada en sectores como la fabricación y el comercio electrónico.

Las instituciones de financiamiento del desarrollo (IFD), representadas en su mayoría por bancos públicos de desarrollo nacionales y subnacionales, son fundamentales a la hora de proporcionar servicios financieros innovadores, apoyo técnico y digital, y ampliar el acceso de las empresas a los mercados financieros. En 2023 se realizó un análisis de 38 IFD públicas nacionales y subnacionales en 13 países de ALC que deja claro su papel clave en el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). De los 473 instrumentos financieros analizados, el 42% se dirige tanto a mipymes como a grandes empresas, el 39% solo a mipymes, el 7% a instituciones públicas, y el 4% solo a grandes empresas. Las IFD ofrecen a las mipymes una gama de instrumentos financieros que se centran en diversas necesidades, incluidas sus operaciones cotidianas (34%) y el financiamiento de inversiones (45%) (Gráfico 10, Panel A). Las IFD también ayudan a las mipymes a contribuir a la consecución de los objetivos verdes, digitales y de género. Sin embargo, en la actualidad, solo el 19% de los instrumentos abordan al menos uno de estos tres retos transversales: el 51% apoya la transición verde, el 29% se dirige a la igualdad de género y el 20% se centra en la transformación digital y la innovación (Gráfico 10, Panel B).

En vista de la rápida evolución del entorno de financiamiento internacional, los países de ALC podrían beneficiarse al poner en común sus prioridades en materia de desarrollo y su financiamiento. El financiamiento internacional evoluciona a medida que se adapta a los distintos desafíos mundiales, así como a la aparición de nuevos actores, mientras las economías emergentes y los acreedores no tradicionales van adquiriendo cada vez mayor relevancia en el financiamiento para el desarrollo. Tanto el Pacto de París por los Pueblos y el Planeta (4P) como la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de 2025 constituyen oportunidades clave para evaluar las prioridades estratégicas de ALC. La región necesita una agenda compartida para abordar los retos del contexto actual de financiamiento internacional —como el acceso a la liquidez, la percepción del riesgo y el acceso al financiamiento en condiciones favorables, así como la fragmentación y coordinación de los proveedores de desarrollo— de forma que aproveche sus oportunidades de desarrollo e impulse los flujos financieros destinados al desarrollo sostenible.

Los países de ALC deben aprovechar las oportunidades disponibles en materia de financiamiento por parte del sector privado para impulsar así diferentes flujos financieros internacionales. Los inversores privados son el acreedor externo más importante para los gobiernos de ALC, y su peso ha ido creciendo con el tiempo (ECLAC, 2023[17]) (Gráfico 11). Además, la región está bien posicionada para movilizar un mayor financiamiento por parte del sector privado a través de intervenciones oficiales de desarrollo. En 2022, ALC registró el mayor nivel de financiamiento privado dirigido al desarrollo en comparación con el resto de las regiones, con un importe global de 21 200 millones de USD, lo que supone un aumento de 16 veces el nivel de 2012 (OECD Data Explorer, 2024[18]). Mientras que los niveles de ayuda oficial al desarrollo se han reducido, los retos a los que se enfrenta la región de ALC siguen aumentando, lo que hace necesario conseguir una mayor integración de otros flujos financieros a través de un marco de desarrollo sostenible.

La cooperación al desarrollo puede contribuir a reducir los obstáculos a los flujos financieros internacionales así como a los riesgos percibidos. La cooperación al desarrollo puede ofrecer acceso a “instrumentos de reducción de riesgos” como el financiamiento mixto o las garantías otorgadas en condiciones favorables o competitivas cuyo objetivo es distribuir los riesgos entre actores multilaterales, públicos y privados, y así ayudar a movilizar el financiamiento privado (OECD et al., 2023[21]). Los países socios de ALC, como la Unión Europea (UE), están llevando a cabo iniciativas que impulsan la movilización del financiamiento mediante el uso de herramientas de este tipo. Con la Estrategia Global Gateway, la UE ha propuesto un enfoque holístico de colaboración internacional, con estructuras de financiamiento integradas que reúnen a actores de inversión, comercio y cooperación. La Agenda de Inversiones Global Gateway (UE-ALC) promueve un enfoque integral para movilizar inversiones de calidad que creen valor agregado local y promuevan el crecimiento, el empleo y la cohesión social.

Las remesas y la filantropía son otros flujos financieros internacionales claves para ALC. Dado el alto nivel de emigración que presenta ALC, las remesas constituyen una fuente importante y relativamente estable de financiamiento para esta región (IMF, 2017[22]). Sin embargo, la mayoría de remesas se concentran en unos pocos países y los seis principales beneficiarios con respecto al tamaño de los países —El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica y Nicaragua— reciben importes considerablemente superiores al resto de países de la región (World Bank, 2024[23]). Por otro lado, los flujos filantrópicos ofrecen a ALC fondos financieros considerables para sectores en los que el sector privado no suele interesarse. Se diferencian sobre todo dos grandes grupos de países que se benefician del grueso del financiamiento filantrópico internacional: i) Brasil, Colombia, El Salvador y México, que recibieron cada uno entre 90 y 100 millones de USD al año de fundaciones filantrópicas, y ii) Ecuador, Guatemala, Haití y Perú, que recibieron cada uno entre 10 y 20 millones de USD al año (OECD, 2023[24]). Las fundaciones filantrópicas también pueden contribuir a impulsar la colaboración entre los proveedores de cooperación internacional, dado su exclusivo poder de convocatoria como agentes no estatales y de los objetivos específicos de sus misiones.

Los bonos verdes, sociales, de sostenibilidad y vinculados a la sostenibilidad (GSSS, por sus siglas en inglés) siguen siendo un mecanismo de financiamiento atractivo, y la cooperación internacional será clave a la hora de impulsar este tipo de títulos de deuda para financiar la agenda de desarrollo sostenible. Los bonos GSSS pasaron de representar el 9.3% de las emisiones totales de bonos de ALC en los mercados internacionales en 2020 a casi el 35% en 2023 (ECLAC, 2024[25]). El giro gradual desde los bonos convencionales hacia los títulos de deuda sostenibles demuestra que el interés de los inversores por los proyectos sostenibles es cada vez mayor. Entre 2014 y 2023, el mercado internacional de bonos GSSS de ALC alcanzó un valor acumulado de 131 000 millones de USD (Gráfico 12, Panel A). En 2023, las emisiones de deuda soberana representaron el mayor porcentaje de emisiones GSSS (con un 74%) seguido de las emisiones corporativas (18%) y de las emisiones supranacionales y cuasi-soberanas (9%) (Gráfico 12, Panel B). La cooperación financiera internacional es clave para superar los obstáculos que impiden el desarrollo del mercado. Esto incluye la creación de marcos armonizados y mecanismos fiables de seguimiento y supervisión para evitar casos de green/SDG washing (OECD, 2024[26]).

El impulso de otras herramientas de deuda, como los bonos de catástrofe, los canjes de deuda por naturaleza y las cláusulas sobre desastres naturales, también será esencial para movilizar recursos. Los bonos de catástrofe pueden aumentar el endeudamiento externo al mejorar la capacidad de endeudamiento de los gobiernos y transferir el riesgo financiero a los inversionistas. Los ejemplos de Jamaica y México muestran el apetito del mercado por estos instrumentos entre los países altamente expuestos. En el caso de los países con una elevada biodiversidad y un excesivo endeudamiento, los canjes de deuda por naturaleza o clima también pueden resultar eficaces, sobre todo como complementos a las reestructuraciones de deuda. Los canjes de deuda por naturaleza se han empleado en la región y están surgiendo nuevas propuestas, sobre todo entre los países del Caribe que tienen una baja calificación crediticia y un limitado acceso a los mercados (OECD/IDB, 2024[27]). Las cláusulas sobre catástrofes naturales pueden permitir a los países de ALC capitalizar los intereses y aplazar los pagos del principal de los bonos cuando se produzcan grandes catástrofes naturales, vinculando así su capacidad de reembolso a su exposición al riesgo. Estas cláusulas ajustan las obligaciones del servicio de la deuda a la capacidad del país para recuperarse de las catástrofes.

Los países de ALC se están centrando en mejorar sus marcos de financiamiento sostenible mediante la armonización de las normas y la ampliación de las definiciones del financiamiento sostenible. Es necesario adoptar normas interoperables y taxonomías comunes para regular, supervisar y verificar la emisión de bonos GSSS y otros instrumentos financieros sostenibles. Si bien los principios y las guías generales ofrecen recomendaciones de utilidad, resulta esencial que los emisores de bonos GSSS establezcan normas y taxonomías más claras y vinculantes a escala nacional. Hasta diciembre de 2023, un total de 14 países de ALC habían puesto en marcha cerca de 180 iniciativas destinadas a desarrollar sus marcos de financiamiento sostenible. Desde 2022 cada vez se adoptan más taxonomías verdes y sostenibles en la región. Argentina, Chile, Colombia, República Dominicana, México y Panamá ya han publicado las suyas y en Brasil, Costa Rica y Perú la publicación de estas taxonomías ya está en marcha. Es fundamental que exista una interoperabilidad y armonización de los distintos marcos en la región, puesto que cada taxonomía determina las prioridades ambientales basándose en su contexto particular.

[25] ECLAC (2024), Capital flows to Latin America and the Caribbean: 2023 year-in-review and early 2024 developments, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/ce02481f-b84e-409d-8ccd-30ae1c14efb1/content.

[6] ECLAC (2024), Panorama of Productive Development Policies in Latin America and the Caribbean, 2024, Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Santiago, https://repositorio.cepal.org/entities/publication/ad276f18-1e78-487f-b00c-cd06a228a0df.

[3] ECLAC (2024), Social Panorama of Latin America and the Caribbean, 2024, Economic Commission for Latin America and the Caribbean, https://repositorio.cepal.org/items/e1403b62-ae38-461c-af18-00c8ed1610b3.

[17] ECLAC (2023), Public Debt and Development Distress in Latin America and the Caribbean, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/d84a5041-0a2c-4b8e-9b01-d91b187477ce/content.

[9] Hanappi, T. et al. (2023), “Corporate Effective Tax Rates in Latin America and the Caribbean”, IDB Technical Note, No. IDB-TN-2782, https://doi.org/10.18235/0005168.

[4] ILO (2024), ILOSTAT, https://ilostat.ilo.org/data/.

[20] IMF (2024), Balance of Payments and International Investment Position Statistics (BOP/IIP), International Monetary Fund, Washington, DC, https://data.imf.org/?sk=7a51304b-6426-40c0-83dd-ca473ca1fd52.

[10] IMF (2023), World Economic Outlook Database: October 2023 Edition, International Monetary Fund, Washington, DC, https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2023/October.

[22] IMF (2017), Regional Economic Outlook: Tale of Two Adjustments: Ch.5 Migration and Remittances in Latin America and the Caribbean: Macroeconomic Stabilizers and Engines of Growth?, International Monetary Fund, Washington, DC, https://www.imf.org/en/Publications/REO/WH/Issues/2017/05/10/wreo0517?intcid=OBanner.

[14] London Stock Exchange Group (2024), DataStream (Database).

[15] OECD (2024), Capital Market Series dataset.

[5] OECD (2024), Key indicators of Informality based on Individuals and their Households (KIIbIH), https://shorturl.at/IZXl5.

[19] OECD (2024), Official Development Assistance (ODA): Disbursements, OECD, Paris, https://data-explorer.oecd.org/vis?fs[0]=Topic%2C0%7CDevelopment%23DEV%23&pg=0&fc=Topic&bp=true&snb=10&df[ds]=dsDisseminateFinalDMZ&df[id]=DSD_DAC2%40DF_DAC2A&df[ag]=OECD.DCD.FSD&df[vs]=1.0&lc=en.

[26] OECD (2024), “The surge of Green, Social, Sustainability and Sustainability-linked (GSSS) bonds in Latin America and the Caribbean: Facts and policy implications”, OECD Development Policy Papers, No. 56, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/f1c893a3-en.

[24] OECD (2023), “Creditor Reporting System: Private philanthropy for development (Edition 2023)”, OECD International Development Statistics (database), https://doi.org/10.1787/dd620077-en (accessed on 22 November 2024).

[12] OECD (2023), OECD/INFE 2023 International Survey of Adult Financial Literacy, OECD Publishing, Paris, https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/56003a32-en.pdf?expires=1710932054&id=id&accname=ocid84004878&checksum=FB00A0ED42FB1CAF757C9680E552186B.

[13] OECD (2021), Key Indicators of Informality based on Individuals and their Household (KIIbIH) database, OECD Publishing, Paris, https://www.oecd.org/dev/key-indicators-informality-individuals-household-kiibih.htm.

[18] OECD Data Explorer (2024), Mobilised Private Finance for Development, OECD, Paris, https://data-explorer.oecd.org (accessed on 9 July 2024).

[8] OECD et al. (2024), Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2024, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/ec57392c-es.

[21] OECD et al. (2023), Perspectivas económicas de América Latina 2023: Invirtiendo para un desarrollo sostenible, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5cf30f87-es.

[7] OECD et al. (2021), Perspectivas económicas de América Latina 2021: Avanzando juntos hacia una mejor recuperación, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/2958a75d-es.

[27] OECD/IDB (2024), Caribbean Development Dynamics 2025, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/a8e79405-en.

[16] Preqin (2024), Preqin (Database), https://www.preqin.com/.

[2] The Conference Board (2024), Total Economy Database, The Conference Board, https://www.conference-board.org/data/economydatabase.

[1] UNCTAD (2023), The Costs of Achieving the SDGs, United Nations Conference on Trade and Development, Geneva, https://unctad.org/sdg-costing/about.

[23] World Bank (2024), World Bank Indicators: Personal Remittances, Received (% of GDP) - Latin America & Caribbean, World Bank, Washington, DC, https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS?end=2022&locations=ZJ&start=2003.

[11] World Bank (2024), World Development Indicators (Database), World Bank, Washington, DC.