La Agenda de Acción de Addis Abeba de 2015 (AAAA) sobre financiamiento para el desarrollo instaba a una movilización más amplia de recursos, particularmente de fondos privados. En un principio, se estimó que era necesario movilizar 2.5 billones de dólares estadounidenses (USD) más al año para poder cumplir los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) hasta el año 2030 (UNCTAD, 2014[1]). En 2022, se actualizó dicha cifra a 3.9 billones de USD (OECD, 2022[2]). El objetivo de la AAAA era facilitar un nuevo marco mundial para financiar el desarrollo sostenible, alineando todos los flujos y las políticas de financiamiento con las prioridades económicas, sociales y medioambientales, además de llegar a acuerdos para crear marcos nacionales integrados destinados a financiar los ODS a escala nacional. Casi una década después, los logros han sido escasos. Aún se está lejos de alcanzar los ODS debido a las recientes crisis, entre ellas la pandemia del COVID-19, que golpeó de manera considerable a América Latina y el Caribe (ALC), en lo que la CEPAL ha denominado “la década más perdida” (OECD, 2022[3]).

Mientras la comunidad internacional se prepara para la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (FfD4) que se celebrará en 2025, América Latina y el Caribe se encuentra en una encrucijada. La región goza de una posición privilegiada para contribuir a los esfuerzos internacionales en materia de transición energética, cambio climático, preservación de la biodiversidad y reconfiguración de las cadenas de suministro. Además, ALC disfruta de ratios de movilización de fondos privados e intervenciones públicas en materia de desarrollo superiores a los de otras regiones en desarrollo, pese a ser desigual entre los países que la conforman, y sigue siendo un destino importante de flujos de financiamiento privado. ALC se sitúa a la vanguardia en instrumentos de financiamiento de deuda sostenibles, como los bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad (GSSS, por sus siglas en inglés), incluidos los bonos azules. También lidera en la emisión de bonos para catástrofes, la implementación de cláusulas sobre desastres naturales, los canjes de deuda por naturaleza, y en el tratamiento de los impactos financieros derivados de las pérdidas y daños ocasionados por el cambio climático. Este tipo de iniciativas ha recibido un apoyo considerable, lo cual demuestra el enfoque proactivo de esta región en cuanto a resiliencia climática. Los países de ALC también han comenzado a formular y reforzar sus marcos de finanzas sostenibles para adaptarlos a las mejores prácticas internacionales. Al mismo tiempo, la región está lidiando con desafíos de larga data, tales como el bajo crecimiento, la informalidad, los elevados índices de pobreza y desigualdad, los importantes niveles de deuda y una necesidad sin precedentes de movilizar un mayor volumen de financiamiento para avanzar en la transición verde y la transición digital.

La Conferencia FfD4 brinda una oportunidad única para comprometerse con la introducción de reformas en los marcos de financiamiento, a todos los niveles, con el fin de superar la brecha de financiación existente y aprovechar las fuentes de financiamiento de manera efectiva y eficiente. Las herramientas innovadoras de distribución y evaluación del riesgo, junto con instrumentos mixtos y regulaciones y normas reforzadas, ofrecen enormes posibilidades para mejorar el panorama financiero de ALC a mediano plazo. Esta 17ª edición de Perspectivas Económicas de América Latina contribuye a estos objetivos con una serie de opciones de políticas para mejorar el potencial de herramientas de financiación, basadas en acciones coordinadas entre los responsables de políticas, el sector privado y sus socios internacionales. La región debe aprovechar la oportunidad que brinda la Conferencia FfD4 para presentar, de manera unificada, sus propuestas para la creación de un entorno internacional que fomente la llegada de fondos esenciales para alcanzar los objetivos de desarrollo. Tras los aportes iniciales hechos al Documento de Elementos de la FfD4, los países de ALC deberían seguir abogando por una mejor gestión de los recursos públicos nacionales; las empresas y las finanzas privadas nacionales e internacionales; la cooperación internacional al desarrollo; el comercio internacional; la deuda y la sostenibilidad de la deuda; las cuestiones sistémicas del sistema financiero mundial; la ciencia, la tecnología, la innovación y la creación de capacidades; los datos y el control y seguimiento.

El capítulo comienza analizando el contexto actual de financiamiento internacional, presenta la evolución de los compromisos multilaterales y examina los factores clave que determinan la agenda de financiamiento de los países de ALC, en particular la sostenibilidad de la deuda y las evaluaciones de los riesgos. A continuación, presenta el potencial que ofrecen flujos de financiamiento internacionales claves que podrían aprovechar los países de ALC. El capítulo examina posteriormente formas novedosas de cooperación entre los países de ALC, socios multilaterales y el sector privado para movilizar nuevas fuentes de financiamiento hacia iniciativas de desarrollo sostenible. Entre estas formas de cooperación figura la influencia de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) en la movilización de fondos privados, otros flujos de desarrollo de origen público, las remesas y las organizaciones filantrópicas internacionales. El capítulo presenta más adelante el potencial que ofrecen los instrumentos sostenibles de financiación de la deuda, en particular los bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad (GSSS), así como las nuevas taxonomías verdes y sostenibles. Al final, concluye con mensajes principales en materia de políticas, orientados a impulsar el debate de cara a la Conferencia sobre la Financiación para el Desarrollo de 2025.

En las últimas décadas, el contexto de financiamiento internacional ha experimentado cambios considerables. Las conferencias internacionales sobre la financiación para el desarrollo sostenible, desde el Consenso de Monterrey de 2002 hasta la AAAA de 2015, revelan un giro en la agenda mundial de desarrollo y financiamiento, con consecuencias profundas para el progreso de la región de ALC. El panorama mundial presenta una coyuntura compleja, marcado por disparidades económicas, tensiones geopolíticas, inestabilidad financiera tras eventos como la crisis de 2008 y la pandemia de COVID-19, y la urgente necesidad de un desarrollo sostenible frente a desafíos ambientales como el cambio climático. La aparición de nuevos actores, en particular economías emergentes y acreedores no tradicionales, intensifica la complejidad del entorno de financiamiento internacional.

La agenda mundial de desarrollo y financiamiento ha evolucionado considerablemente desde el Consenso de Monterrey de 2002, donde se declaró la necesidad de abordar los desafíos de financiamiento para el desarrollo a escala mundial, en particular en los países en vía de desarrollo. Asimismo, se reafirmó que la consecución de los objetivos de desarrollo consensuados internacionalmente exigía una nueva colaboración entre los países desarrollados y en vías desarrollo. Por lo tanto, la AOD adquirió un papel destacado como complemento de otras fuentes de financiamiento, en especial en los países con una menor capacidad para atraer inversión privada directa (Orliange and Granja e Barros, 2020[4]). Además, se asumió la importancia crítica de la movilización y el uso efectivo de recursos financieros, así como de mejorar las condiciones económicas nacionales e internacionales para erradicar la pobreza y lograr un desarrollo sostenible. Esta Conferencia afianzó los debates sobre financiamiento y arquitectura financiera internacional en la agenda de desarrollo.

La Segunda Conferencia Mundial sobre la Financiación para el Desarrollo se celebró en Doha en 2008, con el propósito de traducir los objetivos del Consenso de Monterrey en compromisos más concretos. Como consecuencia de la crisis económica de ese año, la Conferencia reconoció las repercusiones de ese tipo de crisis en los países en desarrollo e instó a todas las naciones a incrementar la equidad, la sostenibilidad y la estabilidad del sistema financiero mundial (UNDESA, 2024[5]).

En 2015, la AAAA introdujo otro punto de vista en el marco internacional de financiamiento para el desarrollo sostenible. Este fue también el año en el que se pusieron en marcha iniciativas multilaterales claves fundamentales, como la Agenda 2030, los ODS y el Acuerdo de París sobre el cambio climático. La Conferencia de Addis Abeba sirvió para ofrecer una idea más amplia del financiamiento internacional, al afirmar que el financiamiento público internacional y el sector privado debían complementar los esfuerzos de los países para movilizar recursos públicos internamente. Así, se hizo referencia al establecimiento de una colaboración reforzada y mejorada para el desarrollo sostenible. La AAAA, al tener carácter mundial, reafirmó los ODS y el Acuerdo de París de ese mismo año.

Desde la adopción del Consenso de Monterrey en 2002, se ha intensificado la cooperación internacional. No obstante, pese a desempeñar un papel esencial en la resolución de sucesivas crisis, su avance no ha nivelado el incremento de las demandas. La arquitectura de financiamiento multilateral está sometida a una presión cada vez mayor para hacer frente de manera más efectiva a los desafíos complejos que se registran en la actualidad (OECD, 2023[6]). En 2023, Francia acogió la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial, cuyo objetivo era asentar las bases de un sistema financiero renovado adaptado a los desafíos comunes del siglo XXI, entre otros la lucha contra las desigualdades, la respuesta al cambio climático y la protección de la biodiversidad. Esta Cumbre concluyó con el Pacto de París por los Pueblos y el Planeta (4P) (France Diplomacy, 2023[7]). En la semana de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas de septiembre de 2024, los líderes mundiales reafirmaron su compromiso con la agenda 4P para reformar la arquitectura financiera internacional y apoyar una mayor representación de los países en desarrollo en la gobernanza de las instituciones financieras internacionales. Más específicamente, apoyaron el objetivo de la presidencia brasileña del G20 de un sistema de gobernanza global más justo, en particular en la reforma de la arquitectura financiera internacional (Elysée, 2024[8]).

Esta evolución histórica muestra cómo se ha avanzado en la adaptación del financiamiento internacional a una serie de desafíos mundiales, así como el surgimiento de nuevos actores y que las economías emergentes y los acreedores no tradicionales han ido adquiriendo cada vez mayor relevancia en el financiamiento para el desarrollo. Sin embargo, este panorama se vio golpeado por la pandemia del COVID-19, que desencadenó un proceso renovado y acelerado de reflexión sobre la mejor manera de adaptar el financiamiento internacional en un mundo interconectado con asimetrías mundiales. Mientras ALC se prepara para la cuarta edición de la Conferencia, los países de la región están presentando una serie de propuestas encaminadas a abordar las preocupaciones principales sobre el financiamiento para el desarrollo sostenible en ALC. Dichas propuestas reflejan la diversidad y la variedad de las posiciones existentes dentro de la región (Tabla 4.1).

La búsqueda de financiamiento para el desarrollo sostenible de ALC se produce en una coyuntura mundial con un acceso desigual a los recursos y oportunidades de crecimiento asimétricas. La región se enfrenta a desafíos en la esfera del financiamiento internacional relacionados, entre otros aspectos, con los costos de los préstamos, la gestión de la deuda y la gobernanza mundial (Capítulos 1 y 2). Identificar estos obstáculos aporta información para la elaboración de soluciones en materia de políticas y contribuye al desarrollo de posiciones estratégicas sobre estas cuestiones en la región de ALC.

Se han puesto en marcha iniciativas internacionales para abordar la gestión de la deuda, por ejemplo, la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (ISSD). En un esfuerzo por ayudar a los países en vías de desarrollo a soportar la carga económica que generó la pandemia del COVID-19, el Grupo de los 20 (G20) y el Club de París pusieron en marcha la ISSD en mayo de 2020. Esta iniciativa suspendió pagos del servicio de la deuda pública de 48 países participantes por un total de 12 900 millones de USD entre mayo de 2020 y diciembre de 2021 (World Bank, 2022[10]). La ISSD permitió liberar, de manera rápida y coordinada, recursos adicionales para los países beneficiarios, gravemente afectados por la pandemia, y en 2020 disminuyó la transferencia neta negativa de recursos ―que se produce cuando los países pagan a sus acreedores una cantidad superior a la que reciben en concepto de nueva financiación―. Sin embargo, en esta iniciativa no participaron acreedores privados (o solo lo hicieron de forma voluntaria) y los países temieron que se produjese una rebaja de la calificación crediticia, ya que el crédito interno al sector privado era considerable, al situarse en el 56.3% del PIB de la región en 2022 (OSR, 2022[11]; World Bank, 2024[12]). Otra iniciativa es el Marco Común para los tratamientos de la deuda más allá de la ISSD, respaldado por el G20 y el Club de París. Su objetivo es apoyar a los países de ingresos bajos que mantienen una deuda insostenible a través de un enfoque coordinado, en función de cada caso, en el que participan acreedores tanto públicos como privados y que se sustenta en análisis del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, para garantizar la sostenibilidad de la deuda a largo plazo (Ministero dell'Economia e delle Finanze, 2021[13]). El nuevo enfoque del FMI/Banco Mundial sobre las necesidades de financiamiento de los países vulnerables propone ayudar a los países de ingresos bajos y a las economías emergentes vulnerables a superar sus debilidades en relación con la deuda y generar espacio fiscal para financiar el desarrollo y crear resiliencia. Ese enfoque incluye tres pilares: i) reformas estructurales y movilización de recursos internos; ii) apoyo al financiamiento externo, incluyendo de instituciones financieras internacionales; iii) acciones específicas en el país para reducir la carga de la deuda según las circunstancias de cada caso.

No obstante, hasta la fecha, estas iniciativas han demostrado ser insuficientes para satisfacer la necesidad de liquidez inmediata de muchas economías en desarrollo y la transferencia neta de recursos negativa ha seguido deteriorándose en ALC. A pesar de ello, sí se reconoce que los períodos de crisis de la deuda soberana recurrentes a lo largo del tiempo resaltan la necesidad de una arquitectura de deuda pública más efectiva para ayudar a prevenir este tipo de crisis, promover que se facilite un financiamiento asequible para la inversión en los ODS y facilitar reestructuraciones más efectivas y justas cuando sea necesario (UN, 2023[14]).

Además, las asimetrías mundiales de gobernanza están en la raíz de las importantes disparidades en el acceso de los países a la liquidez en épocas de crisis, como lo demuestra el desigual reparto de los derechos especiales de giro (DEG) asignados a las naciones en desarrollo, puesto que los DEG se asignan a los países en proporción a sus cuotas en el FMI. Los DEG son activos de reserva internacionales y ofrecen diversas ventajas con respecto a otras líneas de crédito o financiación, entre ellas el hecho de que no generan deuda, tienen un costo de uso muy bajo y pueden reducir la prima de riesgo de países muy endeudados. Sin embargo, aunque los DEG tienen por objeto ofrecer liquidez a todas las naciones miembro del FMI, el reparto de las asignaciones de DEG favorece a los países más ricos. África, Asia, la Europa en desarrollo y ALC recibieron respectivamente un 5.2%, 21.5%, 1.1% y 7.9% de la asignación total de DEG en agosto de 2021 (ECA/ECLAC, 2022[15]). En consecuencia, los países en vías de desarrollo, que tal vez sean los que más necesiten la liquidez en épocas de crisis, se encuentran en una situación de desventaja y enfrentan a desafíos de acceso a recursos de DEG suficientes para afrontar sus necesidades económicas urgentes.

En su calidad presidencia rotatoria del Grupo de Presidentes de los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD), el Banco de Desarrollo Interamericano (BID), en cooperación con el Banco Africano de Desarrollo, ha liderado una propuesta para volver a canalizar los DEG hacia los BMD, mediante la emisión de un préstamo de DEG estructurado a modo de instrumento de capital híbrido. Los países que deseen canalizar así esos recursos y a los que la ley se lo permita pueden examinar dicha posibilidad, respetando la condición de activo de reserva de las obligaciones denominadas en DEG resultantes y garantizando su liquidez. De este modo, se podrían ampliar las opciones de financiamiento de los países de ALC y, según las previsiones, el valor de aprovechamiento de los DEG podría multiplicarse por cuatro, lo que permitiría a los países financiar proyectos sociales y climáticos que podrían encontrar obstáculos en otras vías de financiamiento (IDB, 2024[16]). Este avance se enmarca en otros esfuerzos más amplios del BID y de su papel clave de aumentar la cooperación entre actores de desarrollo y promover su movilización. El BID, a través de su puesto en la presidencia rotatoria y como parte de su programa Impact+ aprobado recientemente, ha liderado iniciativas destinadas a aumentar la efectividad colectiva y un enfoque estratégico de la coordinación de los asociados para el desarrollo (IDB, 2024[17]). En el contexto de limitaciones económicas y teniendo en cuenta el mayor número de actores de desarrollo en la región, resulta evidente que es necesaria una mayor coordinación. Si los BMD fortalecen su cooperación y se amplía el uso de los DEG, surgirán más oportunidades para estos bancos, pero también será necesaria una mayor coordinación entre los actores del desarrollo.

Las percepciones del riesgo son más volátiles en los países en vías de desarrollo y suelen ser procíclicas, lo que provoca que las contracciones económicas se conviertan en problemas económicos más graves (ECLAC, 2023[18]; IMF, 2023[19]). Esta circunstancia obliga a preguntarse cuáles son los factores considerados por los inversores al tomar decisiones sobre inversiones y cómo influyen dichos factores en el desarrollo.

Las escasas agencias de calificación crediticia que existen influyen de manera importante en las percepciones del riesgo registradas en los países de la región. Tres agencias de calificación crediticia representan más de un 90% del mercado de calificación crediticia (Hung et al., 2022[20]; OECD, 2023[6]). Las calificaciones utilizadas por todos los inversores para tomar decisiones sobre inversión suelen ser procíclicas, de manera que las economías de ALC experimentan rebajas de sus calificaciones con mayor rapidez que las economías desarrolladas. Las fases de reducción en las calificaciones suelen producirse de manera más rápida y pronunciada que las mejoras. Aunque las variables internas pueden atenuar el descenso de una calificación, no tienen el mismo efecto positivo durante las fases de mejora (Broto and Molina, 2016[21]). Las advertencias negativas de las agencias de calificación crediticia (“revisiones”, “observaciones”, “perspectivas”) tienen un impacto más marcado en los diferenciales de los bonos de los países en desarrollo que en los de las economías avanzadas (160 puntos básicos frente a 100 puntos básicos) y los países en desarrollo son objeto de un 95% de las rebajas de las calificaciones crediticias, pese a experimentar contracciones económicas más moderadas (UNDESA, 2022[22]). Cuando los países en desarrollo reciben una puntuación crediticia baja, por debajo de “grado de inversión”, tienen que endeudarse a un costo superior para financiar el desarrollo sostenible (Sachs, 2023[23]). Esto suele obligar a los países de ALC a elegir entre invertir en objetivos de desarrollo sostenible a largo plazo o procurar mejoras en la puntuación crediticia a corto plazo (OECD, 2023[6]).

La calidad de la deuda pública influye de manera importante a la hora de determinar cuál será el costo de acceso a financiamiento privado externo y la influencia que tienen las rebajas de calificación es muy superior a la de las alzas (ECLAC, 2018[24]). Esto resulta especialmente relevante dado el creciente papel del financiamiento privado en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, y la urgente necesidad de incrementar la movilización de recursos para su implementación. Algunos análisis han destacado la necesidad de mejorar el funcionamiento de las agencias de calificación crediticia a través de medidas prácticas que podrían incluir la separación de las funciones de calificación de las de asesoramiento, la imposición de obligaciones jurídicas y la eliminación de la fiabilidad normativa de las calificaciones (Portes, 2008[25]).

También resulta crucial mejorar la disponibilidad de la información. Es necesario calcular con exactitud las vulnerabilidades de los países en vías de desarrollo, contabilizando mejor la influencia acumulada de la vulnerabilidad climática entre otras debilidades estructurales y económicas. Existe el riesgo de caer en una “trampa financiero-climática”, en la que el deterioro o las catástrofes relacionadas con el clima agraven una mala situación fiscal y provoquen así la capacidad de un país para acceder a recursos internacionales destinados al financiamiento para el desarrollo sostenible y a prepararse para una transición sin problemas hacia una economía con bajas emisiones de carbono (AFD, 2023[26]; AFD, 2023[27]). Iniciativas tales como el Consorcio de bases de datos sobre riesgos de los mercados emergentes globales (GEM) tratan de contribuir a una mayor exactitud de las evaluaciones de riesgos de los países de ALC. La base de datos GEM constituye un repositorio completo y transparente de datos sobre riesgos que permiten tener una perspectiva más holística de los riesgos económicos y financieros. Esta base de datos, que reúne casi 30 años de datos anonimizados de cerca de 25 instituciones, puede contribuir a reducir la brecha entre los riesgos percibidos y los riesgos reales (GEMs, 2024[28]; IFC, 2024[29]). Mediante el uso de estas herramientas, los inversores, los responsables de la formulación de políticas y otros actores interesados pueden acceder a datos diversos y pormenorizados, lo que promueve un sistema financiero más informado y resiliente. De este modo, se favorece la mitigación de las deficiencias de las agencias tradicionales de calificación crediticia, al promover la adopción de decisiones mejor fundamentadas basándose en un conocimiento más nítido de los riesgos subyacentes.

En un contexto de financiación limitada para el desarrollo sostenible, resulta esencial que el financiamiento existente sea coherente, al igual que la cooperación entre los actores de desarrollo antiguos y nuevos que trabajan en la región. Pese a que unos pocos actores responden de la mayoría del financiamiento multilateral para ALC, cada vez son más los grupos de desarrollo que han comenzado a trabajar en esta región en las dos últimas décadas. Sigue existiendo una elevada concentración en la esfera del financiamiento multilateral, ya que el BID, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Mundial y la Unión Europea (UE) representaron más de un 95% del financiamiento multilateral en 2022 (Gráfico 4.1). Sin embargo, el número de actores multilaterales de la región ha pasado de 8 en 2002 a 40 en 2022, mientras que también ha aumentado el número de países no pertenecientes al Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), bancos regionales y organizaciones filantrópicas privadas que facilitan financiamiento para el desarrollo sostenible en la región (OECD, 2024[30]).

El incremento en el número de organizaciones se debe al aumento de fondos altamente especializados, en particular los fondos y programas de las Naciones Unidas creados para responder a crisis específicas como la del COVID-19. El mayor grado de especialización de los fondos más pequeños contrasta con la situación en la UE y sus Estados miembros, donde el financiamiento se distribuye entre una gama mucho más amplia de sectores. La mayor participación de nuevos actores y fondos puede resultar positiva, en particular en el caso de las grandes economías latinoamericanas. Por ejemplo, ha aumentado del número de fondos específicos relacionados con el clima activos en la región de ALC. Dichos fondos contribuyen de manera importante a canalizar financiamiento privado hacia la consecución de objetivos climáticos específicos (véase más información en el apartado sobre instrumentos de financiamiento sostenible). Sin embargo, aunque sus actividades son relevantes, no sustituyen la necesidad de una reforma en materia de gobernanza. Es crucial impulsar esfuerzos que garantizan que el mayor número de actores propicie una especialización efectiva, sin perder de vista la necesidad de una coordinación adecuada.

Una mayor articulación entre los actores del desarrollo podría mejorar el impacto de la cooperación en este ámbito. Estas entidades aportan diferentes fortalezas: mientras que los BMD ofrecen recursos financieros y conocimientos técnicos especializados; los organismos bilaterales prestan ayuda directa, como préstamos y garantías; y socios como la UE contribuyen mediante subvenciones, préstamos, garantías y bonos (Capítulo 3). Estos actores también contraen compromisos en materia de AOD con diferentes sectores. Estados Unidos, por ejemplo, ha asumido compromisos relacionados principalmente con infraestructura social (42.2%) y ayuda humanitaria (31.9%). La AOD de las instituciones de la UE se encuentra más repartida entre diferentes sectores (OECD, 2024[31]). Más concretamente, la UE ha contraído compromisos importantes en relación con los sectores de la educación, la energía, las finanzas y la sanidad, lo que apunta a una concentración en un desarrollo sostenible holístico (OECD, 2024[31]).

La articulación entre los actores resulta crucial para ALC, pues permite reunir recursos, aprovechar capacidades complementarias e intensificar los esfuerzos de financiamiento destinados a superar los diversos desafíos en materia de desarrollo a los que se enfrentan los países de ALC. Así se puede garantizar un enfoque coordinado de la implementación de los proyectos, maximizar el impacto del financiamiento para el desarrollo y promover avances hacia la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Es necesario un financiamiento más coherente, cooperativo y específico por parte de todos los proveedores, para maximizar sus respectivos beneficios, ya que, hasta la fecha, las acciones en materia de desarrollo han estado demasiado aisladas (CGD, 2022[32]). Los acuerdos entre los distintos actores de financiamiento ―entre ellos los bancos nacionales y locales de desarrollo y también las instituciones financieras de desarrollo mundiales y regionales― constituyen un paso en esta dirección.

Los acuerdos recientes son un ejemplo de que los diferentes bancos de desarrollo han adoptado este enfoque basado en la colaboración. En marzo de 2023, un acuerdo suscrito en el marco de la UE contemplaba la asociación de las instituciones europeas de financiación para el desarrollo, una plataforma de cofinanciación de proyectos públicos (Joint European Financiers for International Cooperation) y la Red de Trabajo de Agencias de Cooperación Europeas (Practitioners’ Network for European Development Cooperation). Estos grupos acordaron aprovechar sus conocimientos especializados y colaborar en acciones estratégicas encaminadas a promover la estrategia Global Gateway de la UE y las iniciativas de Team Europe, además de potenciar sus fortalezas comparativas con miras a lograr un impacto transformacional y contribuciones útiles a los objetivos de las políticas de la UE y sus países asociados (Practitioners' Network for European Development Co-operation, 2023[33]).

Este enfoque basado en la colaboración también se puede observar en una operación financiera llevada a cabo entre el CAF y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) en mayo de 2024. Estos bancos pusieron en marcha un nuevo instrumento financiero estratégico para promover la colaboración a mediano y largo plazo, que incorporaba fondos no dedicados para alcanzar objetivos de la estrategia verde. Este mecanismo contribuye al objetivo del CAF de convertirse en el banco verde de la región, abordando el cambio climático y la biodiversidad, al canalizar un préstamo de 200 millones de euros (EUR) a ALC en combinación con asistencia técnica, además de intercambios técnicos entre expertos (CAF, 2024[34]).

Tomando como base los marcos existentes ―por ejemplo, los de la Organización de Estados Americanos con el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral y su Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo―, la región de ALC puede trabajar de manera más cohesionada con el fin de: i) reforzar la gobernanza de la cooperación para el desarrollo; ii) impulsar la cooperación y la coherencia de las políticas; y iii) garantizar un aprovechamiento efectivo de los esfuerzos nacionales a nivel regional. A través de una mayor cooperación, la región puede tratar de garantizar una colaboración efectiva entre los proveedores de desarrollo existentes al tiempo que se establecen nuevas vías de desarrollo, aprovechando la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular.

Por último, las colaboraciones entre los bancos de desarrollo de los países desarrollados y los bancos nacionales de desarrollo pueden financiar proyectos específicos a un costo económico inferior. Por ejemplo, la AFD firmó un acuerdo Tier 2 con el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) en 2021 para financiar proyectos relacionados con el cambio climático, centrándose de manera especial en la movilidad eléctrica (AFD, 2024[35]). Este programa de financiamiento, consistente en dos líneas de crédito (un préstamo preferente sin garantía de 50 millones de USD y un préstamo subordinado de Nivel 2 de 15 millones de USD), tiene por objetivo facilitar liquidez a largo plazo, además de maximizar el impulso que supone el compromiso de la AFD a través de otros compromisos financieros del BNCR. El programa se complementa con una subvención de la UE a cuatro años de 3 millones de EUR para asistencia técnica, destinada a ayudar al BNCR a alinear el financiamiento de sus proyectos con los objetivos climáticos de Costa Rica. Esta operación de financiamiento intermedio o mezzanine garantiza una alineación con la agenda de desarrollo sostenible del país y contribuye a la reducción del costo de financiamiento del banco nacional de desarrollo.

Los flujos financieros internacionales públicos y privados son esenciales para el desarrollo de la región de ALC. Aunque dichos flujos sean relativamente menores que los registrados en otras regiones en desarrollo, la asistencia oficial al desarrollo sigue siendo crucial en ALC, ya que podría ser un elemento catalizador para atraer y “reducir el riesgo” de las inversiones del sector privado destinadas a atender las necesidades de desarrollo. Teniendo en cuenta el deterioro de las condiciones favorables, es necesario seguir movilizando financiamiento privado y otros flujos internacionales de desarrollo de manera integrada para cubrir las necesidades en la materia de manera más efectiva.

El acceso a subvenciones y préstamos en condiciones favorables es esencial para favorecer el financiamiento para el desarrollo sostenible en la región. Sin embargo, este se ha visto cada vez más limitado. Como proporción del ingreso nacional bruto (INB), la AOD para América Latina es la más baja del mundo, al situarse cerca del 1%, y sigue descendiendo. Este descenso era previsible, puesto que conforme los países avanzan en su desarrollo, también decrece la AOD como proporción del INB (Piemonté, Kim and Cattaneo, 2024[36]). De hecho, a medida que la región de ALC progresa y sus países van adquiriendo la condición de economías de ingresos medios (graduación), el porcentaje del INB que constituye la AOD va descendiendo paulatinamente (Cattaneo, Piemonté and Poensgen, 2020[37]). Por el contrario, la AOD de los pequeños estados insulares en desarrollo (PEID) ascendió en 2022 a un 10% del INB en promedio y constituye una modalidad esencial de financiamiento externo, ya que la mayoría de esos países siguen perteneciendo a la categoría de naciones de ingresos bajos (Gráfico 4.2).

Pese a los bajos niveles registrados en América Latina, la AOD sigue siendo relevante para abordar las necesidades de desarrollo críticas de la región y desempeña un papel crucial, principalmente en relación con el fortalecimiento de las capacidades de los países de ingresos altos-medios de esta región. Más allá del apoyo financiero directo, la AOD ―en particular a través de la asistencia técnica y la financiación combinada― puede actuar como catalizador para movilizar recursos adicionales, como préstamos o inversiones del sector privado. Al proporcionar conocimientos técnicos, apoyar la preparación de proyectos y mitigar los riesgos, la asistencia técnica y la financiación combinada son los primeros pasos para desbloquear una mayor financiación de las instituciones financieras internacionales y los inversores privados (European Investment Bank, 2024[38]; The World Bank, 2024[39]) Sin embargo, la reciente crisis geopolítica está incidiendo en el financiamiento internacional y la ayuda al desarrollo, como demuestran los anuncios de descensos relativos en la ayuda procedente de algunos países de ingresos altos (Gavas and Pleeck, 2024[40]; Bollag, 2024[41]; DEVEX, 2024[42]). También se ha registrado una mayor demanda de AOD en relación con crisis específicas. En 2022, por ejemplo, Ucrania recibió ayuda por importe de 26 000 millones de USD de los países que forman el CAD y de las instituciones europeas, casi el doble de los 13 520 millones de USD que recibió ALC ese mismo año (Carey, Desai and Ahmad, 2023[43]).

Aunque se cumpliesen todos los compromisos ―incluido el consistente en dedicar el 0.7% del INB a la AOD o en destinar 100 000 millones de USD al financiamiento climático cada año―, la mayor parte del déficit de ALC relacionado con el financiamiento se mantendría, con ligeras diferencias en las distintas partes de esta región. Según muestran las estimaciones, por cada dólar que se invierte en financiamiento del desarrollo, la región de ALC necesitaría movilizar entre 5 y 6 USD procedentes de otras fuentes para cubrir un déficit de financiamiento de 650 000 millones de USD (IDB, 2019[46]). La cantidad de financiamiento en condiciones favorables que se encuentra disponible es, por lo tanto, muy limitada en relación con el tamaño de las economías de la región y no existen indicios de que la AOD que recibe ALC vaya a aumentar en los próximos años. Sin embargo, sí que podría hacerse un mejor uso de esa limitada ayuda. El Índice de Vulnerabilidad Multidimensional de las Naciones Unidas es una herramienta que puede ayudar a repartir los recursos de manera más efectiva y contribuir a que las naciones obtengan acceso al financiamiento en condiciones favorables que necesitan (OECD, 2024[47]).

A medida que se vaya incrementando el número de países de ALC que se gradúa porque su INB ha aumentado y de acuerdo con los criterios en vigor para poder recibir AOD, se beneficiarán de un volumen más reducido de ese tipo de ayuda. Sin embargo, dichos países seguirán presentando desafíos importantes en materia de financiamiento para el desarrollo. El acceso limitado a financiamiento en condiciones favorables a través de la AOD genera problemas para financiar el desarrollo sostenible que también pueden influir en la deuda. En la actualidad, se está hablando de un giro de la graduación a la “gradación”, a fin de que los países que recientemente hayan pasado a una categoría superior con respecto a sus ingresos sigan teniendo acceso a financiamiento en condiciones favorables y exista un equilibrio entre la AOD y el financiamiento durante el proceso de transición (ECLAC/OECD, 2018[48]; Cattaneo and Piemonté, 2021[49]).

También se están llevando a cabo otras iniciativas para analizar el financiamiento del desarrollo y su relación con la generación de flujos de desarrollo suficientes. Un ejemplo sería el Apoyo Oficial Total para el Desarrollo Sostenible (TOSSD, por sus siglas en inglés) (Recuadro 4.1). Los flujos adicionales contabilizados en TOSSD se refieren a actividades emprendidas por los países que no se consideran proveedores de AOD, entre ellos Brasil, Chile o Indonesia. Los proyectos a los que se da seguimiento dentro de la matriz del TOSSD engloban, por ejemplo, un crédito ordinario para el desarrollo multidimensional de zonas populares en la ciudad de Guayaquil (Ecuador), concedido por el CAF en 2022. Este tipo de proyecto transversal contribuye a la consecución de varios ODS (3, 9, 11 y 17), al ofrecer acceso a agua corriente, reducir la duración de los desplazamientos y los costos del transporte y disminuir la incidencia de inundaciones en determinados sectores y la tendencia a contraer enfermedades por la exposición al polvo y las aguas residuales.

En 2022, Brasil facilitó, a través de expertos en cooperación técnica en especie, la creación de una metodología para la plantación de arroz con riego en la República Dominicana que contribuía a tres ODS (2, 6 y 12). El objetivo del proyecto era crear sistemas de producción con un uso eficiente del agua de riego, empleando variedades de alto rendimiento y tecnologías respetuosas con el medioambiente para el cultivo de arroz. El arroz es uno de los principales cultivos de la República Dominicana y lo producen principalmente mediante riego (un 98% de la producción) cerca de 30 000 productores (IICA, n.d.[52]).

En 2023, el Gobierno chileno y la UE pusieron en marcha la Plataforma Global Gateway de Financiación del Hidrógeno Renovable en Chile, por un monto de 225 millones de EUR. Con un componente subvencionado de 16 millones de EUR aportados por la UE (Instrumento para Inversiones en América Latina y el Caribe), KfW y el BEI movilizaron conjuntamente 200 millones de EUR en inversiones. Este fondo estará gestionado por la Corporación de Fomento de la Producción y se centrará en el desarrollo de proyectos concretos de producción y aplicación del hidrógeno renovable en Chile. Esta ayuda contribuye al plan de Chile de convertirse en el productor de hidrógeno verde más competitivo del planeta para 2030. Estos proyectos concretos generarán capacidad y conocimientos en el ámbito local para el futuro de Chile y del mundo.

En 2018, el BEI otorgó un préstamo a Fonplata, una institución financiera multilateral propiedad de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. La cartera de Fonplata consta de proyectos de desarrollo urbano, energía renovable, suministro de agua potable, infraestructura social, patrimonio cultural y accesibilidad rural en zonas remotas. Este proyecto ya ha facilitado el acceso a servicios básicos a 1 500 hogares vulnerables de comunidades rurales de Bolivia. Además, el proyecto busca dotar de acceso a servicios y equipamiento públicos, y mejorar la inclusión social a través del financiamiento de infraestructura urbana, vivienda, servicios recreativos y transporte en el municipio de Corumbá (Brasil). En la actualidad, 107 000 habitantes se benefician de carreteras recién pavimentadas, la construcción del Parque Jaguatiricas, la restauración de 10 edificios históricos, mejoras en la zona costera del río Paraguay, la construcción de un centro cívico y la reactivación del Eco Parque Cacimba da Saúde.

Además de estos ejemplos, se está conversando sobre la medición de todo el repertorio de financiamiento del desarrollo. Los bancos de desarrollo, incluida la AFD, y los países beneficiarios han hecho un llamamiento para dar un paso más en la mejora del seguimiento del impacto de los flujos de desarrollo. Dicho llamamiento expresa la necesidad de evaluar mejor el impacto de la AOD en el desarrollo y mejorar su integración con otros flujos de inversión para alinearlos con los ODS (AFD, 2022[53]). Otros análisis indican que una medida dual simplificada del financiamiento público internacional, que refleje tanto las iniciativas de solidaridad como los impactos financieros, podría cuantificar de manera efectiva las contribuciones de las instituciones internacionales de desarrollo a los ODS, como complemento a la AOD y al TOSSD (AFD, forthcoming[54]).

Si las medidas de financiamiento del desarrollo fueran más completas y estuviesen más armonizadas, podrían contribuir no solo a ofrecer una imagen más clara de todo el repertorio de fondos que se destinan al desarrollo sino también de los socios en la región. Por ejemplo, la diversificación del financiamiento del desarrollo en ALC ha trascendido los donantes del CAD, pues China se ha erigido como un actor importante en las últimas décadas. El número de proyectos y la cuantía de los préstamos de China a países de ALC ha disminuido en los últimos años. Entre 2019 y 2023, la región de ALC recibió un importe promedio ligeramente superior a 1 300 millones de USD al año, cifra que contrasta con el nivel máximo de préstamos registrado en 2010, cuando solo el Banco de Desarrollo de China aportó casi 25 000 millones de USD a la región (Gráfico 4.3). El financiamiento destinado a ALC procedente de China sigue concentrándose en un número reducido de países. Brasil sigue siendo un beneficiario ocasional de préstamos provenientes de instituciones chinas de financiamiento del desarrollo (Mayers and Ray, 2024[55]). Sin embargo, pese a ser un actor importante que no se considera proveedor de AOD, China todavía no reporta sus datos al TOSSD.

El financiamiento privado es, con diferencia, el mayor flujo de financiamiento externo que recibe ALC. Los sectores privados son el acreedor externo más importante para los gobiernos de ALC y este porcentaje ha ido aumentando con el paso del tiempo (ECLAC, 2023[18]) (Gráfico 4.4). Este dato apunta al creciente desarrollo económico de la región y el descenso relativo del volumen de financiamiento público. Con los flujos de AOD por debajo de los niveles registrados al inicio de la década de los 2000 y la previsión de que esta tendencia decreciente se mantenga, tienen que integrarse mejor otros flujos a través de un marco de desarrollo sostenible, con el fin de garantizar una inversión de calidad y propiciar un entorno de desarrollo más coherente.

Se necesitan marcos regulatorios más sólidos en materia de financiamiento para el desarrollo, para garantizar que la inversión extranjera directa se destine de mejor manera a la transformación de la producción y el desarrollo sostenible en ALC, en particular a energías renovables, tecnologías verdes e innovación digital, que tienen un potencial enorme en esta región (ECLAC, 2023[58]). En la actualidad, el financiamiento para el desarrollo se destina principalmente a las economías más grandes, como Brasil y México (OECD, 2023[59]).

Establecer condiciones y marcos favorables contribuye a incentivar tanto a los inversores nacionales como a los extranjeros a destinar sus recursos a un determinado país o región. Esto incluye adoptar políticas y regulaciones que promuevan la transparencia, la previsibilidad y la protección jurídica de los inversores. También implica respetar las normas y mejores prácticas internacionales en esferas tales como la gobernanza, la protección ambiental y los derechos laborales (OECD et al., 2023[60]).

La cooperación internacional ―a través de iniciativas como el Marco Común de Taxonomías de Finanzas Sostenibles y la Red Punto Azul de la OCDE― contribuye a que la región formule e integre nuevas políticas para canalizar financiamiento privado hacia la consecución de los ODS.

La movilización de financiamiento del sector privado para el desarrollo sostenible se considera, cada vez en mayor medida, un instrumento clave para reducir la brecha de financiamiento de los ODS. La movilización de capital privado puede comportar el uso de intervenciones oficiales en materia de desarrollo encaminadas a reducir los riesgos de la operación y atraer financiamiento del sector privado. La región de ALC cuenta con una posición mejor que la de otras regiones para atraer la participación de inversores privados, por varios motivos. En primer lugar, aproximadamente el 87% del financiamiento movilizado entre 2018 y 2020 se destinó a países de ingresos medios, que es la categoría en la que se encuentran la mayoría de los países de ALC (OECD, 2023[61]; World Bank, 2024[62]). Por otra parte, la capacidad institucional cada vez mayor de la región, el crecimiento de los mercados de capitales y las relativas similitudes socioeconómicas sitúan a ALC en una posición en la que puede beneficiarse de instrumentos de financiamiento sostenible innovadores (IDB, 2019[46]).

En 2022, ALC registró el mayor nivel de financiamiento privado movilizado para el desarrollo a escala mundial. En total, los fondos alcanzaron los 21 200 millones de USD, lo que supone un fuerte incremento desde 2017 (el año en el que se introdujo el financiamiento privado movilizado en el Sistema de Reportes de Crédito) (Gráfico 4.5) (OECD, 2024[63]). De manera similar a lo observado con las tendencias de financiamiento para el desarrollo, esto se ha debido principalmente a los amplios incrementos registrados en las economías más grandes de la región, entre otras Colombia, Brasil, México y Perú (OECD, 2024[63]). El sector del transporte impulsó un aumento considerable en Colombia y Perú; los sectores industrial y energético estimularon el incremento en Brasil; y el sector de las comunicaciones fue el responsable de la mayoría del crecimiento registrado en México (OECD, 2024[63]). Estos datos constituyen una mejora considerable desde el inicio de la década de 2010, cuando la región recibió el menor importe de financiamiento privado movilizado entre las diferentes regiones. Asimismo, esto indica una mayor interacción con asociaciones público-privadas dentro de ALC. Además, la región presenta la tasa más elevada de movilización de capital privado para infraestructura, con un promedio de 4.7 USD por dólar de dinero público, frente a 1.9 USD por dólar en Asia y el Pacífico (Global Infrastructure Hub, 2023[64]). Estas cifras demuestran la sólida posición que mantiene ALC y un gran empuje para conseguir tasas de movilización aún mayores.

La cooperación internacional puede desempeñar un papel estratégico en incentivar el flujo de financiamiento privado que reciben sectores clave para el desarrollo que generan beneficios a más largo plazo. La cooperación al desarrollo puede contribuir a reducir obstáculos económicos y también los riesgos percibidos, al ofrecer acceso a “instrumentos de reducción de riesgos”. Estos instrumentos tienen como objetivo distribuir los riesgos entre actores multilaterales, públicos y privados, entre otros el financiamiento mixto o las garantías otorgadas en condiciones favorables o competitivas para movilizar financiamiento privado (OECD et al., 2023[60]).

La distribución sectorial del financiamiento privado movilizado hacia la región mediante intervenciones oficiales de desarrollo apunta a que existen muchas oportunidades por explorar. En 2022, el financiamiento privado movilizado se dirigió principalmente a sectores con relevancia económica tradicionales, con un 77.2% asignado a la infraestructura y los servicios económicos y un 16.4% a los sectores de producción (Gráfico 4.6). El primero incluye a la banca y los servicios financieros, el transporte y el almacenamiento, la energía y las comunicaciones. Mientras tanto, los sectores de infraestructura social recibieron solo un 4.9% del financiamiento total movilizado en 2022, del cual solo un 0.5% se destinó a educación y salud. La cooperación internacional puede enfocarse mejor facilitando financiamiento público y recaudando financiamiento privado para sectores que generan importantes beneficios sociales y ambientales, pero no atraen flujos privados suficientes.

Los donantes multilaterales de desarrollo son la mayor fuente de financiamiento privado movilizado de la región, por lo que su papel es esencial para mejorar los resultados de movilización de recursos. Durante el período 2020-22, los proveedores multilaterales representaron cerca de un 83% del financiamiento movilizado y los bilaterales tan solo algo más del 17% (OECD, 2024[63]). Entre los proveedores multilaterales se encuentran los BMD y también las instituciones de la UE. Además del enorme porcentaje de movilización que representan, se ha concluido que las organizaciones multilaterales, y en particular los BMD atraen la participación de otras entidades bilaterales (Avellán et al., 2024[65]). Por lo tanto, los BMD son un inversor esencial para el desarrollo sostenible (OECD, 2024[63]).

Los BMD han desplegado esfuerzos coordinados para impulsar la cooperación y los préstamos colectivos. En 2023, los BMD más grandes contrajeron el compromiso de incrementar su colaboración para acelerar el desarrollo sostenible a través de una mejor movilización del sector privado (World Bank, 2023[66]). Este compromiso engloba una medida del marco de adecuación del capital que podría incrementar su capacidad de préstamo colectiva en cerca de 300 000 o 400 000 millones de USD a lo largo de la próxima década. Sin embargo, de no intensificarse el financiamiento en la medida en que se necesita, esas modificaciones serán insuficientes para aliviar las apremiantes necesidades económicas de las economías en desarrollo. Los BMD tendrán que incrementar anualmente en 260 000 millones de USD sus préstamos para responder al número cada vez mayor de desafíos en materia de desarrollo (CGD, 2023[67]).

Los préstamos de los BMD han aumentado de manera considerable en ALC. Los desembolsos anuales se incrementaron de 30 000 millones de USD en 2000 a 96 000 millones de USD en 2022, y los BMD prestaron un apoyo contracíclico esencial en las épocas de crisis, al aumentar sus desembolsos en 2009 y también tras la pandemia del COVID-19. Los bancos de desarrollo se encuentran en una posición única para acelerar las inversiones en desarrollo sostenible, aunque el tamaño de las bases de capital desembolsado de los BMD no ha aumentado en línea con la expansión de la economía mundial ni con las crecientes necesidades de inversión. El incremento de los recursos de los BMD se ha convertido en una prioridad fundamental para la comunidad internacional. Los BMD han comenzado a introducir una serie de reformas con el objetivo de ampliar su capacidad financiera.

Los proveedores bilaterales pueden satisfacer necesidades de desarrollo diferentes y complementarias. Los vehículos principales para la movilización de las entidades bilaterales son las instituciones de financiamiento del desarrollo, principalmente bancos de desarrollo públicos nacionales y subnacionales, que desempeñan una función esencial en la expansión del acceso de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) a los mercados financieros, al prestar asistencia técnica y servicios financieros innovadores que impulsan el empleo (OECD et al., 2023[60]). Esto se puede ver, en parte, mediante las singulares herramientas de financiamiento que ofrecen, con tasas de utilización de las líneas de crédito (22%) y cofinanciamiento sencillo (11%) superiores a las de las instituciones multilaterales (Gráfico 4.7) (OECD, 2024[63]). Estos servicios más adaptados son esenciales a escala local, un ámbito en el que los conocimientos locales potencian la efectividad de los recursos movilizados. Entre 2020 y 2022, los Estados miembros de la UE fueron los segundos mayores proveedores bilaterales de movilización (35%) después de Estados Unidos (54%) (OECD, 2024[63]). Por lo tanto, en este sentido la UE y sus Estados miembros pueden contribuir de manera especial a la promoción de proyectos de movilización de financiamiento privado.

Los socios bilaterales también están innovando en los mecanismos para movilizar financiamiento privado. España, por ejemplo, puso en marcha el Fondo Huruma, su primer fondo de impacto social, cuyo objetivo es cubrir el déficit de financiamiento de agricultores pequeños y excluidos, principalmente de América Latina, el África subsahariana y Asia. A lo largo de sus 10 años de duración, el fondo pretende financiar a 45 000 agricultores en todo el mundo mediante la ampliación de las zonas de cultivo, impulsando la facturación de los agricultores, aumentando el acceso a financiamiento y creando puestos de trabajo sostenibles. El fondo, que ha conseguido movilizar más de 120 millones de EUR, incluidas importantes inversiones privadas, destaca el potencial que ofrece combinar recursos públicos y privados para conseguir reducir la pobreza a gran escala y lograr los objetivos de desarrollo en zonas de alto riesgo (OECD, 2022[68]).

Las instituciones multilaterales ofrecen mayor financiamiento a los gobiernos, contribuyen de manera esencial a los proyectos de desarrollo relacionados con la agenda climática y lideran la promoción de financiamiento del sector privado en el desarrollo de infraestructura (OECD, 2018[69]). Esta concentración en infraestructura a gran escala queda demostrada por el hecho de que las instituciones multilaterales utilicen préstamos sindicados (33.7%) e inversión directa en empresas y sociedades instrumentales (30.4%) a un nivel muy superior al de los proveedores bilaterales (8.8% y 22.3% respectivamente) (Gráfico 4.7) (OECD, 2024[63]). También se ha concluido que los organismos multilaterales promueven las inversiones en bienes públicos mundiales, lo que influye positivamente en la mitigación de la pobreza mediante el desarrollo de infraestructura regional y la mejora de las condiciones de desarrollo sostenible, aunque estos bienes públicos mundiales siguen estando infravalorados e infrasuministrados (Gulrajani, 2016[70]).

Entre las asociaciones público-privadas innovadoras están los fondos que tienen como inversores a varias instituciones multilaterales. Por ejemplo, el Fondo Mezzanine de Infraestructura para Centroamérica II es un fondo de financiamiento intermedio o mezzanine de 12 años que ha invertido en medianas empresas o proyectos, tanto existentes como nuevos (brownfield y greenfield), en los sectores de infraestructura y áreas relacionadas de América Central, el Caribe, Colombia y México. Entre sus inversores se encuentran el BID, el BCIE, Finnfund, Obviam y Proparco. Este fondo tiene como objetivo reducir los obstáculos en cuanto a infraestructura, mejorar el desarrollo del sector privado, reforzar a los beneficiarios de las inversiones desde un punto de vista financiero y también de gobernanza y ayudarles a ampliar sus operaciones. Asimismo, ha ayudado a demostrar la justificación económica de proyectos de infraestructura privados y ha alentado a un mayor número de inversores privados a entrar en el sector en la región destinataria (IFC, 2024[71]). También existen muchos ejemplos de fondos exclusivamente privados destinados a atraer capital privado para el desarrollo sostenible en ALC.

Se necesita una mayor cooperación entre proveedores multilaterales y bilaterales para garantizar su complementariedad. Se ha concluido que los proveedores bilaterales poseen cadenas de responsabilidad más claras, mientras que los organismos multilaterales poseen mayores capacidades económicas (Gulrajani, 2016[70]). Mediante la combinación de la cooperación entre los respectivos sectores de inversión y aumentando el nivel de colaboración entre proveedores en los proyectos, existen oportunidades para aumentar la tasa general de movilización y mejorar los resultados en materia de desarrollo sostenible. Los socios de cooperación bilateral y los donantes de ayuda oficial al desarrollo centran cada vez más sus esfuerzos en movilizar al sector privado a través de diversos tipos de iniciativas. Se han emprendido esfuerzos recientemente para movilizar de forma innovadora financiamiento del sector privado e intensificar la colaboración internacional.

Los principales socios de ALC, entre ellos la UE, han creado programas de colaboración innovadores como parte de su estrategia de desarrollo en la región. Con la Estrategia Global Gateway, la UE ha propuesto un enfoque holístico de las alianzas internacionales, con estructuras de financiamiento integradas que reúnen a los actores de inversión, comercio y cooperación con el objetivo de elevar los estándares ambientales, sociales, y de gobernanza. En el marco de la Agenda de Inversiones Global Gateway UE-ALC (AIGG), la UE se ha comprometido a movilizar 45 000 millones de EUR en ALC hasta 2027 a través de una agenda compuesta por más de 130 proyectos. Esta agenda, desarrollada conjuntamente con la región y presentada durante la III Cumbre EU-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en 2023, tiene como objetivo ejemplificar cómo reducir la brecha de inversión global y apoyar la recuperación económica mientras que se avanza en la doble transición verde y digital (European Commission, 2023[72]). El seguimiento de los flujos de financiamiento del desarrollo de Global Gateway seguirá, en la medida de lo posible, el indicador TOSSD.

Los desembolsos de TOSSD a ALC procedentes de las instituciones de la UE (y no de países individuales de la UE) han aumentado desde un total de 766 millones de USD en 2019 a 1 841 millones de USD en 2022 (Gráfico 4.8). La reducción de las subvenciones ordinarias a lo largo de este período confirma la disminución de la cuota de concesionalidad, puesto que las subvenciones no tienen que devolverse. Si bien las subvenciones representaron un 98% del TOSSD en 2019, solo supusieron un 34% de este en 2022, el resto correspondió a créditos ordinarios (un 65% del TOSSD recibido) y a acciones en vehículos de inversión colectiva (1%). La pandemia del COVID-19 explica en parte la mayor proporción de subvenciones estándar en el periodo 2019/20, ya que la UE desembolsó más subvenciones para ayudar a los países de ALC a hacer frente a la crisis, al tratarse de años atípicos. Sin embargo, los desembolsos de créditos ordinarios, tanto concesionales como los que no, aumentaron de 551 millones de USD en 2020 a 1 192 millones de USD en 2022. Además, el TOSSD de las instituciones de la UE beneficia a la mayoría de los países. En términos de volumen, Brasil es el mayor receptor.

La AIGG fomenta, por lo tanto, la movilización de inversiones de calidad que generan valor agregado local y promueven el crecimiento, el empleo y la cohesión social. La oferta de la UE engloba no solo capital sino también tecnología demostrada, regulación y normas ambientales y sociales. El AIGG, que se aplica con un enfoque “Team Europe”, ofrece una plataforma que reúne a los socios de ALC, la UE y sus Estados miembros, las instituciones financieras de desarrollo, los organismos de crédito a la exportación y el sector privado.

El principal instrumento financiero para movilizar inversiones en el marco de la AIGG es el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible Plus (FEDS+). El programa de garantía de FEDS+ ofrece financiamiento en condiciones competitivas favorables y se implementa a través de dos vías principales destinadas a movilizar inversiones privadas en favor de la consecución de los ODS. En primer lugar, la UE ofrece una cobertura de garantía de 26 700 millones de EUR a escala mundial en asociación con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), para favorecer inversiones en países asociados en los que los riesgos soberanos y otros del sector público siguen constituyendo un obstáculo importante. En concreto, el BEI suscribió en 2023 un total de 969 millones de EUR en créditos a ALC, de los cuales un 71% están relacionados con la acción climática y la sostenibilidad ambiental (EIB, 2024[73]).

En segundo lugar, la UE ofrecerá una garantía con una cobertura de hasta 13 000 millones de EUR hasta 2027 a nivel mundial en el marco de la arquitectura abierta del FEDS+. El mecanismo de arquitectura abierta está orientado a inversiones del sector privado y es desplegado por diversos socios encargados de su implementación, entre los que figuran instituciones financieras internacionales e instituciones europeas de financiamiento del desarrollo. Estas garantías suelen contar con el respaldo de otros instrumentos, tales como la asistencia técnica y las subvenciones a través de financiamiento mixto (European Commission, 2023[74]) (Recuadro 4.2).

La UE también está llevando a cabo consultas sobre la integración de los créditos a la exportación para reforzar la coordinación de sus instrumentos de financiamiento del desarrollo externos como parte de la AIGG (European Commission, 2024[75]). Entre 2016 y 2020, se facilitaron a ALC 14 100 millones de EUR de créditos a la exportación, en comparación con los 32 300 millones de EUR de otros flujos de desarrollo de la UE (Council of the EU, 2023[76]). Incorporar la taxonomía de desarrollo sostenible en los créditos a la exportación como se ha planificado mejoraría la alineación de los flujos financieros con la agenda de desarrollo de ALC.

Además de estos flujos privados, existen otros flujos financieros importantes, tales como las remesas y los fondos de organizaciones filantrópicas, que pueden ayudar a promover el financiamiento del desarrollo sostenible mejorando el entorno de inversión y mediante otras funciones adicionales de facilitación.

Las remesas constituyen una entrada importante y estable de financiamiento para ALC dado el alto nivel de emigración que presenta la región (IMF, 2017[81]). Sin embargo, existe una disparidad entre las entradas de remesas de los diferentes países. La mayoría de las remesas se concentran en unos pocos países de ALC y los seis principales beneficiarios ―El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica y Nicaragua― reciben importes considerablemente superiores al resto (Gráfico 4.9). Las remesas son una fuente importante de financiamiento para los hogares que se encuentran en el nivel de ingresos más bajo (IDB, 2023[82]). Estudios han concluido que las remesas influyen positivamente en el crecimiento y la reducción de la pobreza en el país de destino, porque los hogares privados reciben más fondos y pueden gastar ese dinero en la economía local y aumentar los depósitos en los bancos, lo que a su vez puede impulsar los préstamos a empresas (Fajnzylber and López, 2008[83]).

Recurrir a la diáspora en ALC puede ser una fuente de financiación verde muy buscada. Tras años de emigración, muchos países latinoamericanos han establecido grandes diásporas. Países como El Salvador (12.7%), Paraguay (5.8%), Nicaragua (5.2%) y México (4.7%) cuentan con importantes poblaciones de la diáspora como porcentaje de su población nacional (UNDESA, 2020[85]; UNDESA, 2024[86]). Los bonos de la diáspora se han desarrollado para dirigirse a las diásporas con el fin de recaudar fondos para sectores específicos y proyectos de infraestructuras. Se trata de instrumentos financieros emitidos por un país que busca la colaboración de su diáspora, basándose en la premisa de un dividendo patriótico, ofreciendo así financiación a un coste inferior al de los préstamos de inversores institucionales.

Los bonos de la diáspora se remontan a 1951, cuando Israel los emitió por primera vez. Hasta la fecha, pocos proyectos de bonos de la diáspora han tenido éxito, aunque India e Israel han recaudado en conjunto 35 000 millones de dólares, y proyectos en Kenia, Nigeria, Pakistán y Filipinas han dado resultados positivos (World Bank, 2023[87]; CABEI, 2021[88]; Gevorkyan, 2021[89]). Años de prueba y error sobre los bonos de la diáspora revelan que los retos se derivan del escaso conocimiento sobre el instrumento financiero, la falta de conocimiento de las preferencias de la diáspora y la limitada planificación a la hora de emitirlos. Sin embargo, para que estos bonos tengan éxito, la confianza entre la diáspora y los países emisores debe ser firme (OECD, 2007[90]). Una forma de conseguirlo es a través de un marco institucional específico para la emisión y gestión de los bonos, manteniendo al mismo tiempo un diálogo abierto entre las diásporas y las autoridades en el país de origen (World Bank, 2020[91]).

A nivel regional, las remesas como porcentaje del PIB se han mantenido estables en los últimos años, situándose en un 2.5% en 2023 (IDB, 2023[82]). Sin embargo, si nos fijamos en las subregiones, el tamaño relativo de las remesas varía de manera considerable. En América Central, las remesas representaron el 12.7% del PIB, en comparación con el 9.4% en el Caribe y tan solo el 0.7% en América del Sur. En términos absolutos, ha habido un importante crecimiento por subregión, del 13.2% en América Central, el 7.9% en América del Sur y solo el 2.6% en el Caribe en 2023 (IDB, 2023[82]). Este avance se ha visto impulsado por varios países en particular, registrándose el máximo crecimiento en Nicaragua (45%), Argentina (26%) y Perú (14%) (KNOMAD-World Bank, 2023[92]).

Estos flujos pueden satisfacer las necesidades de ciertas esferas de desarrollo mejor que otros, por ejemplo, la movilización privada. En primer lugar, parece que las remesas reducen la volatilidad de los ingresos en la región y por ello constituyen una barrera frente a la pobreza (IMF, 2017[81]). En segundo lugar, las remesas pueden ser una fuente importante de financiamiento para las mipymes, aunque en el caso de ALC las evidencias son todavía limitadas (Catrinescu et al., 2009[93]). Entre un 70% y un 80% de las remesas se destinan a gastos familiares relacionados con la comida, la salud, la vivienda y la educación, entre otros, y entre el 20% y el 30% restante se dedica al ahorro o la promoción empresarial (OECD, 2024[47]; ECLAC, 2020[94]).

Sin embargo, los beneficios que las remesas reportan a la economía solo pueden materializarse a través de estructuras institucionales adecuadas y de políticas específicas que contribuyan a que las remesas tengan una función complementaria en el desarrollo. Por ejemplo, la reducción de los costos de transacción podría incentivar el flujo de remesas a los países de ALC. Actualmente, los costos de transacción en ALC son más elevados que en regiones como Asia oriental y el Pacífico, Asia meridional y Oriente Medio y el norte de África. En promedio, enviar 200 USD en remesas cuesta un 6.1% en ALC frente a un 4.3% en Asia meridional (KNOMAD-World Bank, 2023[92]). En el marco del ODS 10, las Naciones Unidas se propone reducir los costos de transacción a menos del 3% y eliminar los corredores con un costo superior al 5% de aquí a 2030 (UN, 2015[95]). Reducir estos costos, a través de una mejor digitalización y otros medios, podría impulsar los flujos financieros.

También se podrían introducir mejoras para garantizar que los hogares con ingresos especialmente bajos accediesen con mayor facilidad a la banca digital para recibir remesas, puesto que un porcentaje considerable de estas se transfiere mediante transacciones de efectivo (IMF, 2017[81]). La política financiera, así como la salud y estabilidad del sector financiero, determinarán en última instancia el impacto de las remesas en el país de origen (OECD, 2017[96]). Por último, el entorno regulatorio influye considerablemente en los beneficios de las remesas. Se pueden facilitar canales de remesas formalizados mediante: i) la mejora de los marcos de lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo: ii) la integración del conjunto de herramientas sobre flujos financieros ilícitos de la OCDE: y iii) la adopción de soluciones para el entorno regulatorio basadas en el ámbito regional (IMF, 2017[81]; OECD, 2016[97]). Por otra parte, la regulación financiera podría brindar mayor reconocimiento a las remesas como garantía de préstamos a pequeñas empresas (CABEI, 2021[88]).

Las organizaciones filantrópicas internacionales ofrecen a ALC fondos considerables para sectores por los que el sector privado no suele interesarse. Desde 2017, 40 grandes donantes internacionales con sede en países de la OCDE han desembolsado 71 500 millones de USD en actividades filantrópicas para el desarrollo o cerca de 12 000 millones al año, de los cuales solo un 6% (700 millones de USD) ha ido a parar a países de ALC (OECD, 2021[98]; OECD, 2023[99]). Las fundaciones nacionales con sede en la región también aportan importantes cantidades de capital destinadas a la consecución de objetivos de desarrollo, por ejemplo aportando más capital que las organizaciones internacionales a México a fecha de 2019 (OECD, 2021[98]).

Aunque los flujos de las organizaciones filantrópicas internacionales se encuentran enormemente concentrados por donante y destino, han comenzado a diversificarse. Cerca del 75% de los fondos recibidos de grandes donantes en ALC los han aportado los diez donantes filántropos internacionales más importantes (OECD, 2023[99]). Sin embargo, otros donantes están comenzando a sumarse. Por zonas geográficas, unos pocos países de la región se benefician de la mayor parte de los fondos procedentes de organizaciones filantrópicas internacionales. Sobresalen sobre todo dos grandes grupos de países: Brasil, Colombia, El Salvador y México, que recibieron cada uno entre 90 y 100 millones de USD al año de fundaciones filantrópicas, y Ecuador, Guatemala, Haití y Perú, que recibieron cada uno entre 10 y 20 millones de USD al año.

A diferencia de las organizaciones filantrópicas para el desarrollo a escala mundial, que se centran sobre todo en la salud y la educación, los fondos filantrópicos destinados a ALC se concentran principalmente en el financiamiento de la sociedad civil (cerca de 2 000 millones de USD), en particular en organizaciones no gubernamentales (ONG), seguido de la protección ambiental (500 millones) (Gráfico 4.10). En el caso de algunos de estos grandes donantes, la mayoría de su trabajo programático relacionado con el medioambiente y el cambio climático se centra en la región de ALC. Por ejemplo, la Fundación Ford en la región andina se dedica principalmente a la conservación de los recursos naturales y la inclusión de las comunidades marginadas (Ford Foundation, 2024[100]).

Las fundaciones filantrópicas también pueden contribuir a impulsar la colaboración entre los proveedores de cooperación internacional, gracias a su poder de convocatoria como agentes no estatales y de los objetivos específicos de sus misiones. Como su posición es neutral, pueden colaborar con diferentes administraciones públicas, actores del sector privado, ONGs y comunidades locales para abordar desafíos específicos. Las fundaciones suelen facilitar recursos para proyectos piloto prometedores que más tarde se pueden ampliar mediante colaboraciones. Aprovechando tanto los recursos económicos como los conocimientos específicos internos, las organizaciones filantrópicas pueden impulsar la cooperación necesaria para enfrentar problemas que otros actores no pueden solucionar de manera independiente. La flexibilidad que tienen las fundaciones para operar suele permitirles aportar inversores para nuevas iniciativas o innovaciones, lo que puede resolver problemas de actuación colectiva en la colaboración internacional.

Este tipo de cooperación puede servir como modelo de la forma en que las fundaciones filantrópicas con sede en ALC pueden trabajar conjuntamente con organizaciones internacionales para promover el desarrollo sostenible, resaltando la función esencial de los actores regionales en la superación de desafíos locales.

Para financiar la agenda de desarrollo sostenible, es fundamental mejorar y ampliar el uso de instrumentos de deuda, como los bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad (GSSS) (incluidos los bonos azules), los bonos para catástrofes (CAT), los canjes por naturaleza o por adaptación climática y las cláusulas sobre desastres naturales. Los bonos GSSS pueden movilizar inversión directa en actividades sostenibles, además de promover el desarrollo de mercados de capital sostenibles. Los bonos CAT pueden aumentar la capacidad de endeudamiento externo de los gobiernos mediante la transferencia del riesgo financiero de los sucesos catastróficos a los inversores, al tiempo que las cláusulas sobre desastres naturales pueden ayudar a alinear las obligaciones de servicio de la deuda con la capacidad de un país para gestionar los sucesos catastróficos y recuperarse de ellos. En el caso de los países con una gran biodiversidad que están muy endeudados, los canjes de deuda por naturaleza o por adaptación climática pueden servir como importantes instrumentos de financiación sostenible. Conforme va arraigando en la región el uso de estos instrumentos, es esencial mejorar la regulación y la supervisión para garantizar su efectividad y mitigar los riesgos.

Hasta la fecha, el mercado de bonos GSSS apenas representa una pequeña parte del mercado mundial de bonos. Se sigue considerando un nicho, que representa solo el 1% del total de activos en circulación y alrededor del 2% de las nuevas emisiones a nivel mundial (OECD, 2022[101]; OECD, 2024[102]). En ALC, sin embargo, los bonos GSSS están demostrado ser un mecanismo de financiamiento atractivo, que ha aumentado del 9.3% del total de los bonos internacionales emitidos en la región en 2020 hasta casi un 35% en 2023 (ECLAC, 2024[103]; OECD, 2024[102]). Para los emisores de ALC, la captación de fondos a través de estos activos en sustitución de los bonos tradicionales se ha convertido en una opción atractiva para aumentar la rentabilidad sobre el capital global líquido, diversificar la base de inversores, movilizar capital directamente hacia actividades sostenibles y conseguir apoyo financiero para crear mercados de capitales sostenibles. Entre 2014 y 2023, el mercado internacional de bonos GSSS de ALC alcanzó un valor acumulado de 131 000 millones de USD (Recuadro 4.3). La emisión total de bonos verdes en la región prácticamente se ha duplicado a lo largo de cuatro años, desde 18 800 millones de USD en 2019 a 36 000 millones de USD en 2023. Entre dichos fondos se encuentra el Fondo Verde del Clima, que ofrece financiamiento para proyectos en los que participan países de ALC por importe de 3 400 millones de USD (GCF, 2024[104]).

Debido al éxito de la emisión de bonos verdes en Europa, la UE está preparando el lanzamiento de la Iniciativa Global de Bonos Verdes (GGBI), un vehículo de inversión destinado a promover el desarrollo del mercado de bonos verdes en los países de ingresos medios-bajos (Recuadro 4.3). El propósito de esta iniciativa es movilizar entre 15 000 y 20 000 millones de EUR para inversión sostenible (Présidence de la République, 2023[105]). Otro ejemplo es el Fondo LAGreen, que fue el primer fondo de bonos verdes de la región constituido en 2021 con el apoyo del mecanismo mixto del LACIF. Mediante la inversión en bonos verdes y el apoyo a nuevos emisores usando asistencia técnica, LAGreen facilita acceso a este instrumento innovador para financiar iniciativas verdes en la región. El fondo promueve las mejores prácticas y normas de alto impacto, con el objetivo de consolidar los bonos verdes como un instrumento para movilizar financiamiento procedente de mercados internacionales de capitales, financiando así la transición a modelos económicos más sostenibles. Al final de 2023, el fondo LAGreen ya había suscrito nueve bonos GSSS en siete países, tras haber movilizado una inversión total de 620 millones para inversiones verdes (LAGreen, 2023[106]).

Los bonos sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad también han experimentado un crecimiento considerable, al alcanzar una emisión acumulada de 95 100 millones de USD en 2023 desde la puesta en marcha de este segmento de mercado en 2016. Este importante aumento destaca el potencial de estos instrumentos financieros diversos para abordar los desafíos estructurales multidimensionales de la región, que podrían abarcar dimensiones tanto sociales como ambientales.

Dentro de la categoría más amplia de los bonos GSSS, los bonos azules se están erigiendo en un poderoso instrumento en la región, relacionado con iniciativas de financiamiento destinadas a proteger los océanos y fomentar “economías azules” sostenibles —actividades económicas que dependen de o inciden en el uso de recursos costeros y marinos (OECD/IDB, 2024[108])—. Los bonos azules brindan una oportunidad esperanzadora para aprovechar el potencial financiero de las economías azules en la región de ALC, en especial en el Caribe, abriendo vías para la inversión sustancial y a largo plazo (OECD/IDB, 2024[108]). En 2021, BB Blue, un vehículo de propósito especial (SPV) creado para gestionar el canje de deuda por naturaleza de Barbados, emitió dos bonos azules por un valor de 71.6 millones de USD. Esto permitió a Barbados recomprar bonos en euros por un valor de 77.6 millones de USD con vencimiento en 2029 a un precio con descuento. Respaldados por Credit Suisse y garantizados por el BID y The Nature Conservancy, estos bonos recibieron mejores calificaciones crediticias que los bonos soberanos convencionales emitidos por Barbados (Government of Mexico, 2023[109]). Este acuerdo destacó un enfoque de financiamiento mixto, facilitado por instituciones financieras como CIBC FirstCaribbean y Credit Suisse (The Nature Conservancy, 2023[110]). Ese mismo año, una subsidiaria de The Nature Conservancy, Belize Blue Investment Company, LLC (BZBIC), respaldada por Credit Suisse, organizó bonos azules que financiaron un préstamo de 364 millones de USD para que Belice pudiera recomprar un “superbono” de 553 millones de USD (OECD/IDB, 2024[108]). Este superbono representaba la totalidad de la deuda comercial externa del gobierno, equivalente al 30% del PIB (Owen, 2022[111]). En 2022, Bahamas emitió dos bonos azules que ascendieron en total a 385 millones de USD, lo que atrajo una gran demanda al mercado de deuda internacional (ECLAC, 2023[112]).

La cooperación financiera internacional será esencial para prevenir la fragmentación del mercado de bonos GSSS en ALC. Contribuirá a armonizar las normas, las taxonomías y los marcos regulatorios en materia de bonos entre los diferentes países, además de desarrollar capacidad en los países de ALC que necesitan ayuda para la emisión, certificación, seguimiento y desarrollo de marcos (véase más adelante el apartado sobre marcos de finanzas sostenibles). Es importante alinear las normas y las taxonomías en materia de bonos con la normativa internacional para seguir impulsando la confianza de los inversores y racionalizar los diferentes requisitos en cuanto a presentación de informes.

El giro gradual desde los bonos convencionales hacia los títulos de deuda sostenibles apunta a que el interés de los inversores por los proyectos sostenibles es cada vez mayor. Esta tendencia puede ayudar a emisores tanto privados como públicos a cumplir sus objetivos de sostenibilidad. El porcentaje de emisiones de bonos GSSS como proporción del total de bonos emitidos en los mercados internacionales ha aumentado en la región de ALC, lo que ha reducido la cuota de mercado de los bonos convencionales (OECD, 2024[102]) (Gráfico 4.12, Panel A). En concreto, el porcentaje de bonos soberanos GSSS del total de bonos soberanos emitidos en los mercados internacionales ha aumentado considerablemente, desde el 36% en 2022 al 50% en 2023. En consecuencia, la proporción de bonos soberanos convencionales cayó de un 64% en 2022 a solo un 50% en 2023. En el sector empresarial, el porcentaje máximo de bonos GSSS alcanzó el 39% del total de bonos corporativos emitidos en 2022. Sin embargo, este porcentaje experimentó un descenso notable en 2023, atribuido principalmente a una mayor aversión al riesgo entre los inversores y al aumento de los costos de endeudamiento. De manera similar, en el caso de los emisores supranacionales y cuasisoberanos, el porcentaje de bonos GSSS del total de bonos emitidos experimentó un drástico descenso, del 40% en 2022 al 15% en 2023. En 2023, las emisiones de deuda soberana representaron el mayor porcentaje de emisiones GSSS, con un 74%, seguido de las emisiones corporativas, un 18%, y de las emisiones supranacionales y cuasisoberanas, un 9% (Gráfico 4.12, Panel B).

En comparación con los bonos verdes, sociales y sostenibles (GSS), los vinculados a la sostenibilidad (SLB) se distinguen por características financieras condicionadas a que los emisores cumplan indicadores clave de rendimiento (KPI) y objetivos de desempeño en sostenibilidad (SPT) predeterminados. Estos están relacionados, por ejemplo, con el compromiso de los emisores de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) o adoptar tecnologías más limpias (OECD, 2024[115]; OECD et al., 2023[60]). Los SLB pueden presentar una estructura innovadora, que brinda la posibilidad de obtener ventajas en forma de tipos de cupón más bajos para los emisores, si se cumplen todos los objetivos de sostenibilidad, o impone sanciones si no se cumplen dichos objetivos. Por lo tanto, estos tipos de bonos resultan realmente prometedores para las iniciativas de financiamiento en esferas como la biodiversidad, la adaptación al cambio climático y el desarrollo social, sectores que normalmente carecen de la gran cantidad de activos rentables que son necesarios para emitir bonos GSS tradicionales. Además, a diferencia de los bonos GSS, que necesitan activos subyacentes, los SLB se pueden respaldar con el balance íntegro del emisor, lo que permite emitirlos por valores superiores y con vencimientos más largos (OECD, 2024[115]).

Las estructuras innovadoras de los SLB en ALC están financiando esferas fundamentales del desarrollo con varios objetivos sostenibles. En 2023, el porcentaje de SLB del total de bonos GSSS emitidos en los mercados internacionales de ALC se mantuvo en el 36%, liderando las emisiones los títulos soberanos. Pese a la elevada volatilidad registrada en años recientes, las emisiones de SLB en los países en desarrollo aumentaron de forma considerable tras la primera emisión en 2019 (OECD, 2024[115]).

Los SLB soberanos pueden estar relacionados con compromisos existentes en materia de sostenibilidad, lo que aumenta su credibilidad y pertinencia. Además de la movilización de recursos internos, principalmente a través de impuestos (véase el Capítulo 2), y de la elaboración de presupuestos verdes —que integran consideraciones ambientales y de sostenibilidad en la planificación financiera y la elaboración de los presupuestos—, estos instrumentos pueden ayudar también al gobierno nacional a cumplir con sus obligaciones en el marco de sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional y del Acuerdo de París. Chile y Uruguay se convirtieron en 2022 en pioneros, al ser las primeras naciones del mundo en emitir bonos soberanos vinculados a la sostenibilidad; a fecha de abril de 2024, seguían siendo los únicos emisores de la región de ALC (OECD et al., 2023[60]). En marzo de 2022, Chile emitió un bono soberano de 2 000 millones de USD vinculado a dos indicadores clave de rendimiento: la reducción de las emisiones de GEI y el impulso de la producción energética. Con esta emisión, Chile se convirtió en el primer gobierno en vincular su compromiso oficial en materia de cambio climático en términos de CDN (Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional) a una emisión de bonos. Desde entonces, Chile ha seguido liderando las emisiones de SLB soberanos, con seis emisiones en 2023 que ascendieron en total a 8 000 millones de USD. En noviembre de 2022, Uruguay emitió su primer bono indexado a indicadores de cambio climático. El país emitió otro SLB en 2023 por un importe total de 700 millones de USD (OECD et al., 2023[60]). En 2023, los SLB soberanos tenían un valor promedio de 1 200 millones de USD, superior al de otros bonos temáticos. En 2023, también tuvieron un promedio de vencimiento superior, de 16 años, y cupones promedio inferiores, del 5%. Las rentabilidades de los SLB están vinculadas a la consecución o el incumplimiento de los KPI/objetivos, con ajustes que van desde los 5 hasta los 100 puntos básicos, si no se cumplen varios objetivos (OECD, 2024[102]).

Para aumentar el número de bonos SLB en la región, es crucial la cooperación financiera internacional para superar barreras que frenan el desarrollo de los mercados, en particular el establecimiento y la alineación de los mecanismos de control y supervisión con las normas internacionales para impulsar la confianza de los inversores evitando prácticas de green/SDG washing. En la actualidad, los SLB corren el riesgo de que se incurra en ese tipo de prácticas en países con taxonomías o marcos limitados. Existen mejores prácticas internacionales (entre ellas la Taxonomía de la UE), sin embargo, algunos países carecen de la capacidad para alinear sus marcos nacionales con ellas. Los KPI y los SPT que no son sustanciales o ambiciosos, la insuficiente calidad de los datos y la escasez de analistas competentes para evaluar los KPI de los SLB plantean otros de los riesgos de que se incurra en prácticas de greenwashing. La cooperación internacional puede ampliar la capacidad de las autoridades regulatorias para garantizar una mayor calidad y disponibilidad de los datos e indicadores y dar seguimiento así a los avances en materia de sostenibilidad. Es necesario mejorar la regulación y la supervisión, y las definiciones deberían armonizarse a escala regional e internacional para aumentar la transparencia en los mercados (véase más adelante el apartado sobre marcos de finanzas sostenibles). Asimismo, la colaboración internacional en materia de fortalecimiento de capacidades resulta esencial para reducir las carencias regulatorias y de coordinación. Formular y utilizar directrices sobre SLB adaptadas al ámbito local, que den prioridad a la sostenibilidad, será crucial para el avance de los mercados de bonos en moneda local, la mitigación del riesgo de cambio y el incremento de la resiliencia económica (OECD, 2024[115]).

Los bonos para catástrofes ofrecen la posibilidad de incrementar considerablemente la capacidad de endeudamiento externo de los gobiernos, transfiriendo el riesgo financiero que plantean los sucesos catastróficos a los inversores, a quienes les atrae la posibilidad de obtener rentabilidades superiores y de diversificación de la cartera (OECD et al., 2022[116]). En 2009, México se convirtió en el primer país en emitir un bono para catástrofes con cobertura para diferentes riesgos y diferentes regiones, por un importe de 290 millones de USD, usando el Programa MultiCat del Banco Mundial. Este bono CAT ofrecía cobertura contra el riesgo de sismos en tres regiones próximas a la Ciudad de México y contra huracanes en las costas del Atlántico y el Pacífico (World Bank, 2013[117]). Ocho años más tarde, en 2017, México recibió un pago de 150 millones de USD del bono CAT respaldado por el Banco Mundial (Artemis, 2017[118]). En 2021, Jamaica emitió un bono CAT de 185 millones de USD, con el respaldo del Banco Mundial, que está ayudando al país a superar su falta de financiamiento ofreciendo cobertura durante tres estaciones de huracanes. A través de este acuerdo de transferencia de riesgos similar a un seguro, Jamaica están en posición de recibir los fondos que necesite en el caso de que las tormentas superen los umbrales de intensidad predefinidos en el futuro. La experiencia de Jamaica destaca la importancia que reviste colaborar con instituciones financieras internacionales durante la fase de emisión de una operación con bonos CAT y durante las fases previas a esta. El Banco Mundial ayudó a Jamaica a conseguir financiación bilateral en forma de subvenciones de países donantes para sufragar los costos de transacción y las primas de los bonos CAT en relación con su diseño, estructura y colocación (OECD, 2024[119]). Pese a ser limitada, la implementación de los bonos CAT soberanos por parte de los países en desarrollo (p. ej., Jamaica y México) demuestra que existe interés en el mercado por este instrumento financiero sofisticado cuando es introducido por países vulnerables y con una gran exposición (OECD, 2024[119]).

Los bonos CAT de varios países ofrecen una solución para las naciones que no pueden emitir este tipo de bonos de manera independiente. Estos instrumentos permiten a varios países agrupar recursos para obtener beneficios regionales. El ejemplo de la Alianza del Pacífico, que agrupa a Chile, Colombia, México y Perú, demuestra cómo pueden reducir esas iniciativas los costos de transacción y atraer a una base más amplia de inversores, lo que conduce en última instancia a una reducción de las tasas de prima. Estos bonos CAT tienen un valor total de 1 360 millones de USD, de modo que representan la mayor operación de aseguramiento de riesgo soberano y la mayor emisión de bonos CAT facilitada por el Banco Mundial hasta la fecha (OECD, 2024[119]). Además, permiten a varias naciones soberanas entrar en los mercados de bonos CAT de manera independiente, sin necesidad de un instrumento de agrupación de los riesgos. Esta transacción ofrece a Chile, Colombia y Perú una vía de acceso a los mercados de capitales para obtener por primera vez un seguro contra el riesgo de desastres. La transacción utilizó cinco clases de bonos: una por cada país (Chile, Colombia y Perú) y dos por un total de 260 millones de USD para México (OECD, 2024[119]). En la actualidad, se están desplegando esfuerzos, con ayuda del Banco Mundial, para crear un bono CAT regional para el Caribe.

Para avanzar en el uso de bonos para catástrofes en ALC, resulta esencial superar una serie de desafíos, tales como la creación de marcos jurídicos sólidos que promuevan una transferencia efectiva de los riesgos. La cooperación internacional es fundamental para establecer regulaciones y procedimientos claros que rijan la emisión y la gestión de los bonos CAT, y garanticen la transparencia y el cumplimiento de la normativa internacional. Asimismo, existe una necesidad fundamental de definir y aclarar las funciones y las responsabilidades de todas las partes interesadas que participan en el ecosistema de bonos CAT. Esto incluye a emisores, inversores, reaseguradoras, órganos reguladores y organismos gubernamentales, entre otros. Establecer pautas y protocolos claros para la participación de cada parte interesada contribuirá a racionalizar los procesos, mitigar los riesgos y aumentar la confianza del mercado (OECD et al., 2022[116]; OECD, 2024[119]).

Las cláusulas sobre desastres naturales pueden vincular la capacidad de amortización de la deuda de los países a su exposición al riesgo. Estas cláusulas, al considerar el impacto financiero de los desastres, ayudan a alinear las obligaciones de servicio de la deuda con la capacidad de un país para gestionar los sucesos catastróficos y recuperarse de ellos. En la iniciativa de reestructuración de la deuda de Granada realizada en 2016, se incorporó una cláusula sobre desastres naturales que permitía al país capitalizar el interés y diferir los vencimientos del capital de los bonos en el caso de que se produjesen desastres naturales importantes, con sujeción a condiciones específicas. En 2018, Barbados introdujo el Programa de Recuperación y Transformación Económica del país. Esta iniciativa de reforma, que incluía la reestructuración de la deuda interna y externa, constituyó la base del programa de ayudas del Servicio Ampliado del FMI. A finales de 2018, se alcanzó un acuerdo con los acreedores nacionales y se añadieron cláusulas sobre desastres naturales a los bonos del Estado reestructurados. Por ejemplo, el nuevo bono, con vencimiento en 2029, permitía capitalizar los intereses y diferir el pago durante dos años después de un desastre natural importante (ECLAC, 2021[120]).

Las cláusulas sobre desastres pueden incrementar los costos de endeudamiento, al alentar a los gobiernos a contratar más préstamos con rentabilidades superiores, lo que expone a los inversores a retrasos en las amortizaciones. Sin embargo, análisis recientes sugieren que la introducción de este tipo de cláusulas mejora las condiciones de endeudamiento en términos generales. Los gobiernos tienden a aumentar el endeudamiento hasta que el riesgo de impago se asemeja al de las economías sin cláusulas para desastres, con la expectativa de diferir las amortizaciones. Esto reduce los costos esperados de servicio de la deuda pese al incremento de los diferenciales. De este modo, los gobiernos aceptan diferenciales superiores con un impacto mínimo en los costos generales de endeudamiento (OECD et al., 2022[116]).

Un canje de deuda por naturaleza (DFNS) es un ejercicio de gestión de deuda, en el que un país emite un instrumento garantizado (un préstamo o un bono) en condiciones más favorables y posteriormente usa los ingresos obtenidos para recomprar la deuda soberana pendiente más cara, generando ahorros en el cupón de la tasa de interés o en el capital. Estos ahorros se utilizarán para financiar actividades de conservación de la naturaleza o relacionadas con la mitigación/adaptación al cambio climático. Los DFNS ya se han empleado en la región y se están formulando nuevas propuestas, en particular entre los países del Caribe que poseen una gran biodiversidad, pero están muy endeudados y tienen calificaciones crediticias bajas y acceso limitado a los mercados (OECD/IDB, 2024[108]). Estas naciones pueden aprovechar los canjes de deuda por naturaleza o por adaptación climática para enfrentar sus dificultades económicas cada vez más numerosas. En mayo de 2023, Ecuador ejecutó el mayor DFNS hasta la fecha, al sustituir 1 650 millones de USD de deuda por un préstamo de 656 millones de USD financiado mediante un bono azul. Este canje generó un descuento promedio del 60% y se financió mediante un préstamo otorgado al país por un SPV. El préstamo se reforzó con una garantía de 85 millones de USD del BID y un seguro de riesgo político de 656 millones de USD de la Corporación Financiera de Desarrollo de Estados Unidos. El SPV financió el préstamo mediante la emisión del Bono Marino Galápagos, un bono vinculado a la conservación del medio marino de 656 millones de USD con vencimiento en 2041. Credit Suisse coordinó y estructuró la emisión, con ayuda de 11 aseguradoras del sector privado que aportaron más de un 50% del reaseguro, lo que mejoró las iniciativas de conservación de Ecuador (West, 2023[121]).

Otros países de ALC también han implementado DFNS para gestionar la sostenibilidad de la deuda. En 2021, The Nature Conservancy y el gobierno de Belice finalizaron la conversión de una deuda de 364 millones de USD destinada a la conservación del medio marino (la protección del 30% del océano de Belice) (Green Finance Institute, 2021[122]). Esta iniciativa no solo redujo la deuda de Belice en un 12% del PIB, sino que además generó aproximadamente 180 millones de USD para trabajos de conservación (Green Finance Institute, 2021[122]). Al igual que en el caso de los DFNS de Ecuador, la Corporación Financiera de Desarrollo de Estados Unidos realizó una contribución fundamental al facilitar un seguro contra el riesgo político, lo que mejoró el perfil crediticio de los bonos a Aa2, un nivel considerablemente superior a la calificación Caa2 de Belice (US International Development Finance Corporation, 2023[123]). Esta transacción representa el mayor refinanciamiento de deuda de todo el mundo destinado a la conservación del océano (Green Finance Institute, 2021[122]). En 2022, Barbados realizó un canje de deuda por naturaleza, una operación con bonos internacionales por importe de 150 millones de USD, gracias a la cual se destinaron 50 millones de USD a iniciativas de conservación marina. Este canje reviste especial importancia para una nación isleña que depende en gran medida de sus prístinas aguas y playas para atraer turismo (Savage, 2023[124]). En julio de 2024, el BEI y el BID aprobaron garantías para Barbados por un total de 300 millones de USD, destinadas a respaldar un innovador canje de deuda por acción climática, desbloqueando recursos para invertir en proyectos clave de infraestructura de adaptación al cambio climático (European Investment Bank, 2024[125]). En noviembre de 2024, con el apoyo del BID, The Nature Conservancy y otros socios, las Bahamas lanzaron un proyecto de conversión de deuda que permitirá ahorrar 124 millones de USD en 15 años, con el objetivo de promover la conservación de los océanos y fortalecer la gestión de su Sistema de Áreas Protegidas. El proyecto facilitó la recompra de 300 millones de USD en deuda mediante los ingresos de un nuevo préstamo gestionado por Standard Chartered Bank (IDB, 2024[126]).

Las islas caribeñas también están preparándose para negociar canjes de deuda con acreedores, teniendo en cuenta sus necesidades de financiamiento sostenible (OECD/IDB, 2024[108]). En 2018, Antigua y Barbuda, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas comenzaron a negociar con los acreedores los canjes de deuda, con el objetivo de lograr una reducción de su ratio de deuda sobre el PIB de al menos un 12.2%. Esto podría generar aproximadamente un 1% del PIB del crecimiento resiliente, lo que podría elevar la tasa de crecimiento promedio ponderado de estas tres naciones a niveles registrados antes de la crisis económica mundial (ECLAC, 2018[127]). Se calcula que el valor total de reducción de la deuda necesario para lograr un incremento de un punto porcentual en el crecimiento de los tres países es de aproximadamente 525.9 millones de USD, oscilando el valor total de recorte de la deuda entre 105.2 millones de USD en un escenario de recorte del 20% y 263.3 millones de USD en un escenario de recorte del 50% (ECLAC, 2018[127]).

Los países de la región deben valorar atentamente las desventajas de los DFNS antes de emplearlos. Estudios financieros sobre las tres transacciones con DFNS de la región indican que estos canjes por sí solos no pueden reducir estructuralmente la deuda ni mejorar la calidad crediticia soberana (Caballero, Gonzalez and Nieto, 2024[128]). Pese a que han reducido las cargas de la deuda y mejorado ligeramente el indicador de las necesidades de financiamiento externo brutas, las necesidades de financiamiento soberano en general siguen siendo elevadas, al superar el 100% de los ingresos en cuenta corriente, con una escasa mejora sustancial de los indicadores externos. Desde una perspectiva fiscal, los DFNS pueden ser menos eficientes que otros mecanismos similares, como las subvenciones condicionales y la reestructuración de la deuda general. Por ese motivo, dichos instrumentos pueden ser útiles, pero como herramientas complementarias a las reestructuraciones de la deuda (Lazard, 2021[129]). Estas últimas son más efectivas en cuanto a garantizar que los recursos transferidos lleguen a los objetivos previstos, ya sea el financiamiento de inversiones climáticas o la reducción de las cargas de la deuda, en lugar de beneficiar a otros acreedores (Chamon et al., 2022[130]). Desde la perspectiva de la sostenibilidad, la capacidad de los gobiernos para cumplir los compromisos de conservación a largo plazo es incierta. Las transacciones de DFNS suelen carecer de claridad sobre los proyectos verdes o azules que respaldan, y algunos bonos “azules” no tienen especificado el uso de sus beneficios. Esto incrementa el riesgo de prácticas de greenwashing o bluewashing. Además, la ampliación de la duración de los compromisos ambientales aumenta su vulnerabilidad ante cambios políticos. La aplicación efectiva de los contratos climáticos será crucial en los próximos años, ya que el incumplimiento de los compromisos puede afectar al futuro de los canjes de deuda por naturaleza (Caballero, Gonzalez and Nieto, 2024[128]).

De cara al futuro, es crucial garantizar que los DFNS de la región cumplan dos objetivos principales: en primer lugar, aumentar los recursos fiscales para los países deudores que no puedan financiar íntegramente inversiones en el clima solo a través de préstamos y, en segundo lugar, priorizar los beneficios para el deudor. Para conseguirlo, es esencial reducir los costos de agencia y de transacción actuales. Los DFNS deberían garantizar que los fondos ahorrados con la reducción del servicio de la deuda se dirijan a inversiones específicas y no a obligaciones de deuda generales, como ha demostrado el reciente canje de conservación del medio marino de Belice (Chamon et al., 2022[130]). Estas transacciones, al conllevar recompras de deuda comercial, deberían estar gestionadas por terceros donantes o acreedores para poder obtener precios inferiores a los de los países deudores. Las políticas para incrementar el uso de DFNS deberían alinearse con objetivos financieros climáticos más generales, vinculando los canjes a las asignaciones presupuestarias, estableciendo indicadores de desempeño climático estandarizados para instrumentos de deuda y usando créditos de carbono para incentivar canjes de fuentes privadas y públicas. Implementar mecanismos eficientes de seguimiento y supervisión aumentará la transparencia y fortalecerá los marcos institucionales. Las asociaciones internacionales en las que participen las organizaciones multilaterales, la sociedad civil, las ONG y el sector privado pueden ampliar la colaboración, el seguimiento y la estandarización (Fuller et al., 2018[131]). Las organizaciones internacionales pueden ayudar a estandarizar el instrumento, para reducir los costos de estructuración mediante la implementación de modelos de DFNS específicos que ofrezcan a los profesionales de los países deudores directrices claras y mejores prácticas (Lazard, 2021[129]). Todos estos esfuerzos podrían reducir los costos de transacción, promover reducciones efectivas de las emisiones y aumentar los beneficios fiscales de los DFNS y otros mecanismos de financiamiento relacionados con el clima (Chamon et al., 2022[130]).

Los países de ALC se están centrando en ampliar, mejorar y armonizar los marcos de finanzas sostenibles, que son esenciales para regular, supervisar y verificar la emisión de bonos GSSS y otros instrumentos financieros sostenibles. Los marcos conceptuales de medición y toma de decisiones también son fundamentales para reorientar los flujos externos, a fin de recalibrar los riesgos sociales y promover una inversión de calidad. Los marcos más consolidados o interoperables tienen potencial para reducir los costos de transacción para los inversores, lo que hará más atractivos los mercados de capitales de la región. Dichos marcos pueden incluir información, principios, normas y/o taxonomías que cumplan dos propósitos principales: i) reducir y gestionar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) de las actividades financieras; y ii) fomentar el flujo de capitales hacia activos, proyectos, sectores y empresas que generen beneficios ambientales, climáticos y sociales. Los marcos de finanzas sostenibles orientan la emisión de bonos GSSS a escala internacional, regional y nacional (OECD, 2024[102]).

En el ámbito mundial, los principios de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA) y los Principios de Helsinki se utilizan a menudo como marcos rectores generales para la emisión de bonos GSSS a escala regional y nacional (OECD et al., 2023[60]). El conjunto de instrumentos de la ICMA —los Principios de los Bonos Verdes, los Principios de los Bonos Sociales, la Guía de los Bonos Sostenibles y los Principios de los Bonos Vinculados a la Sostenibilidad)— han adquirido cada vez más importancia en los mercados internacionales. Varios países y empresas de todo el mundo los utilizan ahora como referencia para desarrollar sus propios marcos para la emisión de bonos GSSS y otros instrumentos financieros sostenibles (OECD et al., 2023[60]). También se están adoptando de manera general otros marcos internacionales destinados a mejorar la gestión de riesgos ASG, puesto que las gestoras de activos que invierten no solo en bonos GSSS sino también en todo tipo de valores, incluida la renta variable, demandan cada vez más información sobre sostenibilidad de las empresas (OECD, 2023[132]). Entre estos marcos se encontraría, por ejemplo, el marco de la OCDE para la medición del desempeño no financiero de las empresas y los Principios para la Inversión Responsable de las Naciones Unidas, así como indicadores ASG más solventes que den cuenta del desempeño social más general de las empresas (OECD, 2022[133]).

Si bien los principios y las guías generales ofrecen recomendaciones de utilidad, resulta esencial que los emisores establezcan normas y taxonomías más claras y vinculantes a escala nacional. A finales de diciembre de 2023, 14 países de ALC habían puesto en marcha iniciativas destinadas a crear marcos de finanzas sostenibles, incluidos protocolos, normativas, guías y/o taxonomías que en total sumaban 221 actuaciones (OECD, 2024[102]). Estas iniciativas engloban acciones encabezadas por los gobiernos (p. ej., ministerios, bancos centrales o de desarrollo y órganos reguladores), entidades del sector privado (tales como asociaciones industriales, entidades del mercado de capitales, bolsas de valores, compañías aseguradoras y empresas de consultoría), así como esfuerzos conjuntos, incluida la cooperación internacional (OECD, 2024[102]).

Cuando se examinan los marcos de finanzas sostenibles de los países de ALC, destacan las taxonomías verdes y sostenibles. Estas iniciativas se han adoptado cada vez en mayor medida en toda la región desde 2022. A fecha de mayo de 2024, se habían publicado en Argentina, Chile, Colombia, la República Dominicana, México y Panamá, y se encontraban en fase de formulación en países como Brasil, Costa Rica y Perú (Tabla 4.2). Dichas taxonomías establecen criterios de evaluación técnica y definen las actividades verdes, sociales, sostenibles y vinculadas a la sostenibilidad basándose en sectores prioritarios y en objetivos de desarrollo sostenible. En abril de 2022, el gobierno colombiano publicó la primera taxonomía verde de la región, centrada en sectores de uso de la tierra. Desde entonces, siete países más han publicado o avanzado considerablemente en la formulación de taxonomías sostenibles o verdes, centrándose en la mitigación o adaptación al cambio climático, la economía circular, la protección de la biodiversidad y sectores tales como el uso de la tierra, la electricidad y el agua. La interoperabilidad y la armonización siguen siendo cruciales, puesto que cada taxonomía determina las prioridades ambientales basándose en su singular contexto. Esto resulta esencial para los inversores internacionales que buscan un conjunto de criterios transparentes para dar seguimiento al impacto ambiental de los proyectos en los que invierten. Una forma de estandarizar es seguir los criterios de clasificación y la taxonomía verde de la UE. De cara al futuro, resulta fundamental garantizar que las taxonomías nacionales sean integrales y engloben a todos los sectores de producción esenciales para la sostenibilidad, la mitigación del cambio climático y la inclusión digital (OECD, 2024[102]).

Dentro del ámbito regional de la UE, se emplea el Marco de Finanzas Sostenibles de la UE como referencia principal para la emisión de GSSS y otros mecanismos financieros sostenibles. Este marco engloba la Taxonomía de la UE, reglamentos para la presentación de información y normas que ayudan a las empresas y al sector financiero, en particular facilitando financiamiento privado para tecnologías y proyectos de transición. Esta taxonomía, formulada en 2020, sienta las bases para identificar y etiquetar las actividades sostenibles desde el punto de vista medioambiental con condiciones y criterios técnicos claros (European Commission, 2020[142]). En 2023, la Comisión Europea amplió el alcance de la Taxonomía de la UE, al incluir más actividades y proponer nuevos reglamentos para los proveedores de calificaciones ASG. Estas medidas tienen por objeto aumentar la transparencia del mercado en inversiones sostenibles, así como facilitar la identificación de las actividades que pueden optar a la obtención de financiación sostenible (European Commission, 2023[143]).

La Taxonomía de la UE es un ejemplo de un marco regional armonizado que incrementa la confianza del mercado y la transparencia para facilitar la inversión en actividades sostenibles. Resulta crucial garantizar la interoperabilidad y la claridad entre las taxonomías nacionales de ALC y la Taxonomía de la UE. La interoperabilidad conlleva el uso de principios rectores y elementos centrales similares, por ejemplo objetivos, clasificaciones sectoriales y criterios basados en la ciencia con umbrales e indicadores comparables (Climate Bonds Initiative/Ambire Global, 2023[144]). Los estudios comparativos sobre taxonomías, como los realizados en relación con Colombia y México con fondos de la UE, pueden mejorar la transparencia para los inversores y las partes interesadas tanto de la UE como internacionales. Este tipo de estudios puede promover la claridad en el mercado, reducir los costos de transacción e investigación y contribuir a la movilización de capital transfronterizo para inversiones sostenibles.

El primer Marco Común de taxonomías de finanzas sostenibles para ALC constituye el primer paso hacia la creación de un marco armonizado similar al de la UE. Publicado en junio de 2023 por el sistema de las Naciones Unidas en ALC, este marco regional fue elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Taxonomías de Finanzas Sostenibles para América Latina y el Caribe y financiado por la UE a través del Programa EUROCLIMA (UNDP, 2023[145]). Este marco sirve como guía voluntaria para las entidades de la región que estén desarrollando o planean desarrollar taxonomías. También ofrece orientación para lograr una interoperabilidad de las taxonomías dentro de ALC y a nivel mundial. Armonizar las metodologías de las diferentes taxonomías aumentará la confianza de los inversores y reducirá al mínimo los costos de transacción (OECD et al., 2023[60]).

Ahora que América Latina y el Caribe se prepara para la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo que se celebrará en 2025, surgen oportunidades para evaluar las prioridades estratégicas de la región a la vista del difícil contexto internacional. Contar con una agenda común puede ayudar a ALC a presentar propuestas y soluciones a los desafíos actuales a escala global adaptadas a sus necesidades. Una agenda de este tipo, común e integradora, le puede permitir aprovechar sus oportunidades de desarrollo y movilizar mayores flujos financieros. Dicha agenda debería abordar los desafíos existentes en el contexto financiero internacional, entre otros el acceso a la liquidez, las percepciones de los riesgos y el acceso a financiamiento concesional, así como la fragmentación y la necesidad de coordinación entre los proveedores de desarrollo.

Para aportar soluciones y propuestas concretas de cara a la Conferencia, es necesario un enfoque más unificado por parte de los países de ALC. De ese modo, se conseguirá una mayor coherencia y se garantizará que los intereses de la región estén debidamente representados y tengan la influencia adecuada en las negociaciones. En primer lugar, se deben garantizar mecanismos que permitan asegurar que los flujos privados están alineados con objetivos de desarrollo y que son sostenibles. Esto conlleva mejorar y armonizar los marcos regulatorios; canalizar mejor las políticas públicas y la inversión extranjera hacia ámbitos de transformación productiva, entre otros la financiación de la UE a través de la AIGG; y dotar a la región de herramientas para que cumpla sus objetivos de aquí a 2030. En segundo lugar, se necesita una mayor articulación entre los actores del sistema financiero internacional, en particular los BMD y las instituciones de financiación del desarrollo de economías desarrolladas y emergentes, con el fin de maximizar la coherencia y la efectividad de los limitados recursos financieros. Para ello, es necesario utilizar flujos tanto públicos como privados, aprovechando las fortalezas de diferentes actores y brindando opciones de financiamiento integradas a la región. ALC puede mejorar sus perspectivas de financiamiento promoviendo alianzas innovadoras en materia de desarrollo con actores privados (p. ej., proveedores filantrópicos) y aprovechando flujos de financiamiento internacionales con los diferentes países en desarrollo. Para asegurarse de que estos flujos privados y públicos se empleen en inversiones de calidad, se requiere un entorno sólido y propicio, con marcos regulatorios claros para la inversión. Las alianzas estratégicas (p. ej., con la UE) ofrecen oportunidades, por ejemplo, para armonizar las taxonomías sostenibles e instrumentos de movilización encaminados a lograr un desarrollo más sostenible.

Asimismo, es clave promover las alianzas internacionales para avanzar hacia soluciones de financiamiento que aprovechen las fortalezas de la región, entre otras su rico entorno natural y el potencial en materia de energía renovable. Los instrumentos de deuda para financiar la agenda de desarrollo sostenible pueden abordar algunos de los desafíos más apremiantes de la región, como son el sobreendeudamiento, las catástrofes climáticas y el riesgo de pérdida de biodiversidad. Una cooperación efectiva para desarrollar dichos instrumentos y adaptarlos de manera que satisfagan las necesidades de la región puede conllevar la superación de algunas de las deficiencias de los instrumentos financieros preexistentes. La implementación efectiva de estos instrumentos requiere el perfeccionamiento de la regulación y la supervisión para mejorar la gobernanza y el desarrollo de capacidades.

Estas soluciones pueden ayudar a recabar un consenso y permitir una representación más efectiva de los intereses de ALC el próximo año, en la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo. La región tiene potencial para impulsar cambios globales en la colaboración y el financiamiento para el desarrollo. Por lo tanto, se beneficiaría de una mejor coordinación y de la participación en soluciones de desarrollo constructivas para afrontar la difícil coyuntura actual, tanto en el ámbito regional como internacional.

[35] AFD (2024), Supporting the financing of Costa Rica’s climate targets alongside BNCR, Agence Française de Développement, Paris, https://www.afd.fr/en/carte-des-projets/costa-rica-supporting-financing-climate-targets-bncr (accessed on 1 July 2024).

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[77] LACIF (2024), Facts & figures LACIF, Latin American and Caribbean Investment Facility, Brussels, https://www.eulaif.eu/en/facts-figures.

[106] LAGreen (2023), Impact Report 2023, https://lagreen.lu/wp-content/uploads/2023/04/LAGreen-Impact-Report-2023-1.pdf.

[129] Lazard (2021), Debt-for-SDGs swaps in indebted countries: The right instrument to meet the funding gap? A review of past implementation and challenges lying ahead, Lazard, https://capacity4dev.europa.eu/discussions/debt-sdgs-swaps-indebted-countries-right-instrument-meet-funding-gap_en.

[55] Mayers, M. and R. Ray (2024), Feeling the stones: Chinese Development Finance to Latin America and the Caribbean 2023, The Dialogue, Global Development Policy Centre, https://www.bu.edu/gdp/files/2024/06/GCI-CLLAC-Report-2024-FIN.pdf.

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[137] Ministry of Finance of Brazil (2023), Sustainable Taxonomy of Brazil: Action Plan, https://www.gov.br/fazenda/pt-br/orgaos/spe/taxonomia-sustentavel-brasileira/arquivos-taxonomia/sustainable-taxonomy-of-brazil-december-v2.pdf.

[139] Ministry of Finance of Chile (2023), Estructura del Sistema de Clasificación o Taxonomía de Actividades Económicas Medioambientalmente Sostenibles para Chile, https://www.hacienda.cl/areas-de-trabajo/finanzas-internacionales/finanzas-verdes/taxonomia-para-actividades-economicas-medioambientales-sostenibles/documentos/estructura-del-sistema-de-clasificacion-o-taxonomia-de-actividades-economicas.

[141] Ministry of Finance of Peru (2023), Hoja de Ruta de Finanzas Verdes para el Perú, https://www.scribd.com/document/654498117/DECRETO-SUPREMO-N%C2%BA-007-2023-MINAM.

[31] OECD (2024), Aid (ODA) by sector and donor - Bilateral ODA commitments by donor and recipient, OECD Publishing, Paris, https://data-explorer.oecd.org/vis?tm=ODA%20by%20sector%20bilateral%20commitments&pg=0&snb=5&df[ds]=dsDisseminateFinalDMZ&df[id]=DSD_DAC1%40DF_DAC5&df[ag]=OECD.DCD.FSD&df[vs]=1.1&dq=ALLD.528....Q.&lom=LASTNPERIODS&lo=5&to[TIME_PERIOD]=false (accessed on 2024 August 30).

[30] OECD (2024), Creditor Reporting System (CRS), OECD Publishing, Paris, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=crs1#.

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[3] OECD (2022), The Short and Winding Road to 2030: Measuring Distance to the SDG Targets, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/af4b630d-en.

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[95] UN (2015), Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, United Nations, New York, https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf.

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[84] World Bank (2024), Personal remittances, received (% of GDP) - Latin America & Caribbean, World Bank Group Data (database), World Bank, Washington, DC, https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS?end=2022&locations=ZJ&start=2003.

[147] World Bank (2024), Technical assistance, Lessons and Practices, https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/264181468156582056/technical-assistance.

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[87] World Bank (2023), Leveraging Diaspora Finances for Private Capital Mobilization, https://documents1.worldbank.org/curated/en/099740408142422676/pdf/IDU184dfd61b1e135142421a20213728b2e8fa86.pdf.

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[10] World Bank (2022), Debt Service Suspension Initiative, World Bank Group, Washington, DC, https://www.worldbank.org/en/topic/debt/brief/covid-19-debt-service-suspension-initiative.

[91] World Bank (2020), Measuring Policy Coherence for Migration and Development : A New Set of Tested Tools, World Bank, https://documents1.worldbank.org/curated/en/099435008192425541/pdf/IDU1fa80cd2f18a5b14f621b70214919676c2856.pdf.

[117] World Bank (2013), Mexico MultiCat Bond: Transferring catastrophe risk to the capital markets, Global Facility for Disaster Reduction and Recovery, World Bank Group, Washington, DC, https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/42f4a9ed-6f3d-5bbb-bb5b-e5c2cc6703ae/content.