Las regulaciones y las leyes desempeñan un papel fundamental en la consecución de los objetivos de política pública, como la protección de la salud humana, el medio ambiente, la lucha contra los monopolios o la prestación eficiente de servicios de agua y saneamiento, entre otros muchos. Las regulaciones de buena calidad persiguen estos objetivos, al tiempo que garantizan que los beneficios que generan para la sociedad son mayores que los costos.
El Análisis de Impacto Regulatorio es una de las principales herramientas de gestión de la regulación recomendadas por la OCDE para mejorar la calidad de la intervención gubernamental. El AIR permite a los responsables de la elaboración de las políticas públicas asegurarse, por ejemplo, de que un proyecto de regulación aborda un problema público relevante y de que es la mejor alternativa disponible frente a, por ejemplo, un impuesto o una subvención. El AIR también ayuda a garantizar que el proyecto de regulación aportará un beneficio neto positivo a la sociedad.
El reporte de la OCDE de 2016 Política Regulatoria en el Perú: Uniendo el Marco para la Calidad Regulatoria recomendó que los reguladores económicos introduzcan un sistema de análisis de impacto ex ante independiente del gobierno central del Perú. Este reporte ofrece una guía para implementar el AIR en la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), la agencia responsable de regular y supervisar la provisión de servicios de saneamiento en Perú. El presente reporte documenta y evalúa el proceso de emisión de normas de la agencia e identifica los elementos clave para implementar sistemáticamente el AIR. El reporte recomienda diseñar las reformas legales necesarias para establecer el AIR como una práctica permanente y asegurar la capacitación necesaria para el personal responsable de su desarrollo.
El reporte también incluye lineamientos técnicos que ayudarán a los funcionarios de la Sunass a realizar un AIR, incluyendo la realización de consultas públicas y la participación de las partes interesadas, la identificación adecuada del problema de política pública en cuestión y la realización del análisis costo-beneficio, entre otros.
El reporte se basa en la Recomendación del Consejo de Política y Gobernanza Regulatoria de la OCDE de 2012, que considera al AIR como un elemento central para la calidad regulatoria. La evaluación y las recomendaciones de este reporte también se basan en los Principios de Mejores Prácticas de la OCDE en Política Regulatoria : Análisis de impacto regulatorio.
Este reporte es el resultado de un amplio proceso de consulta con las partes interesadas a través de una misión física en marzo de 2019 y un taller virtual de desarrollo de capacidades en noviembre de 2020. Fue preparado por el Secretariado Técnico de la OCDE para su publicación.