1: Promover un ambiente propicio para las OSC que sea de ayuda en su contribución positiva para la sociedad. Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) defienden diversas necesidades, proporcionan conocimientos políticos, monitorean las acciones del gobierno, contribuyen a los debates públicos y prestan servicios. Para que las OSC funcionen de forma eficaz, el entorno legal que rige sus actividades es especialmente importante. Los aspectos clave de un marco político propicio incluyen el desarrollo de estrategias y políticas para el sector de las OSC; la garantía de procedimientos de registro transparentes y accesibles; la provisión de un financiamiento gubernamental predecible, accesible y sostenible; y la recopilación y publicación de datos para apoyar y desarrollar un enfoque estratégico hacia las OSC.

2: Proteger y facilitar la libertad de expresión. La libertad de expresión es una piedra angular de las sociedades democráticas, que permite el debate abierto y la diversidad de perspectivas. Los miembros de la OCDE podrían introducir medidas como la despenalización de la difamación, la introducción de disposiciones para proporcionar protección jurídica a la información de interés público y la adopción de medidas legales para proteger a las personas y organizaciones de los SLAPPs, esto es, litigios estratégicos contra la participación pública dirigidos a silenciar a los activistas y a los trabajadores de los medios de comunicación.

3: Proteger el espacio cívico en línea, combatiendo también el discurso de odio, la información errónea y desinformación. Proteger el espacio cívico en línea es esencial para que los ciudadanos y la sociedad civil puedan acceder a la información y participar en la vida pública sin miedo. Al mismo tiempo, las violaciones de la privacidad, los contenidos en línea nocivos y el discurso de odio pueden socavar la confianza en el gobierno y obstaculizar la participación. Los gobiernos pueden adoptar un enfoque holístico para hacer frente al odio en línea, que incluya la educación, el apoyo a las víctimas, un mejor acceso a la justicia y la formación de las autoridades para reconocer y responder al discurso de odio. Los gobiernos también pueden comprometerse con un marco político de todo el gobierno y toda la sociedad para generar resiliencia contra la mis- y desinformación y fortalecer la integridad de la información.

4: Fomentar un ecosistema informativo de interés público que promueva el acceso a la información y proteja a los medios de comunicación independientes. El acceso a la información y a los medios independientes permiten a los ciudadanos recopilar información, formarse opiniones, participar en la toma de decisiones y monitorear las actividades del gobierno. Los gobiernos pueden abordar una variedad de acciones, incluyendo mejorar la accesibilidad, la inclusión y la vigilancia del acceso a la información; evitar la concentración de los medios de comunicación; promover el pluralismo de los mismos y salvaguardar a los organismos de vigilancia para monitorear su libertad de comunicación.

5: Resguardar y proteger a los defensores de los derechos humanos en situación de riesgo, así como a los miembros de las OSC, activistas y trabajadores de los medios de comunicación, que desempeñan un papel esencial en la sensibilización de temas críticos entre los responsables políticos y el público. Sin embargo, este papel puede exponerlos a daños, que van desde la estigmatización y el acoso público hasta los ataques violentos. Crear y mantener un ambiente seguro para ellos requiere que los gobiernos adopten marcos legales y políticos exhaustivos, introduzcan mecanismos de protección y recopilen datos para monitorear la intimidación, las amenazas, los ataques y los asesinatos.

6: Proteger y facilitar la libertad de reunión pacífica y el derecho a protestar. El derecho a reunirse pacíficamente es un requisito para una sociedad abierta y democrática. Incluye el derecho a celebrar reuniones, sentadas (sit-ins), huelgas, mítines, eventos y protestas. Los gobiernos pueden salvaguardar este derecho a través de marcos legales y medidas prácticas, como mejorar la transparencia a través de portales informativos, facilitar el diálogo entre los cuerpos de seguridad y los organizadores de las reuniones, actualizar los procedimientos operativos para los cuerpos de seguridad, garantizar la seguridad de los trabajadores de los medios de comunicación durante manifestaciones y responder proporcionalmente a los brotes de violencia.

7: Respetar la privacidad y garantizar la protección de los datos personales, para evitar intrusiones arbitrarias e interferencias en la vida pública. El derecho a la privacidad ayuda a crear las condiciones para que las personas se informen, expresen y organicen sin interferencias indebidas. Los gobiernos pueden ayudar a proteger contra el uso de tecnología de vigilancia; mitigar los riesgos asociados a la recopilación, retención y uso de datos personales; reforzar la supervisión independiente y potenciar el control de las personas sobre sus datos.

8: Combatir la discriminación, la exclusión y la marginación que afectan desproporcionadamente a determinados grupos y actúan como obstáculo para la participación igualitaria en la vida pública. La democracia es más fuerte cuando todos los miembros de la sociedad pueden ejercer las libertades civiles en igualdad de condiciones. La discriminación o la exclusión, por otra parte, pueden socavar la confianza de los ciudadanos y su capacidad y voluntad de comprometerse con las instituciones del Estado. Para reducir las prácticas discriminatorias, los gobiernos pueden introducir marcos legales integrales, apoyar a los organismos de igualdad, reforzar la recopilación de datos y luchar contra los delitos motivados por el odio.

9: Proteger y promover sistemáticamente el espacio cívico como un facilitador de la participación de los ciudadanos y de las partes interesadas en la toma de decisiones públicas para fomentar una gobernanza más abierta, transparente y responsable. Enaltecer la participación de los ciudadanos y las partes interesadas en una serie de marcos y prácticas legales e institucionales puede complementar y reforzar los procesos y los sistemas democráticos tradicionales como las elecciones. Esto podría incluir la promoción del uso de procesos participativos y deliberativos; la consagración del derecho a la participación en los marcos legales; la creación de marcos institucionales para la participación; y la incorporación de procesos participativos en la toma de decisiones.

10: Proteger el espacio cívico tanto a nivel nacional como en los países no miembros como parte de un enfoque político coherente. Los países miembros de la OCDE pueden tomar acción como parte de la cooperación al desarrollo, la ayuda humanitaria, la política exterior, comercial y climática para garantizar un enfoque político coherente y proteger así el espacio cívico. Para ello es necesario ser conscientes de las repercusiones de las políticas nacionales en los países socios y contar con un compromiso político sostenido y de alto nivel. Los gobiernos pueden coordinarse para proteger el espacio cívico tanto a nivel nacional como internacional, apoyando al mismo tiempo a las OSC de los países socios y respetando el principio de no causar daño.