Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2025

Alberto González Pandiella
OCDE

Costa Rica tiene un modelo económico amigable con el medio ambiente y es el primer país tropical en haber revertido la deforestación (OCDE, 2023_[1]). Su ambiciosa agenda climática incluye el compromiso de alcanzar cero emisiones netas para 2050 (Gráfico 3.1, panel A), en consonancia con los esfuerzos mundiales para limitar el calentamiento a 1,5 °C, un objetivo que pocos países de la OCDE están en camino de cumplir. Para cumplir con esta meta, Costa Rica tiene como objetivo reducir las emisiones para 2030 a los niveles de 2010, y las políticas actuales muestran avances en el logro de estas metas (Climate Action Tracker, 2023[1]). Los avances recientes incluyen la expansión de la infraestructura de vehículos eléctricos, con una flota de vehículos eléctricos que se quintuplicó entre 2021 y septiembre de 2024, y la implementación de políticas para reducir las emisiones de metano en el ganado. Estos son pasos críticos para abordar las emisiones en los sectores del transporte y la agricultura, las dos mayores fuentes de gases de efecto invernadero del país (Gráfico 3.1, panel B). Sin embargo, los avances en el sector de los residuos, el tercer mayor emisor, han sido más lentos, lo que subraya la necesidad de actuar.

A pesar de su liderazgo ambiental, Costa Rica es muy vulnerable al cambio climático, particularmente a medida que se intensifican el aumento de las temperaturas y el nivel del mar, y la alteración de los patrones de lluvia. Estos fenómenos amenazan con erosionar las costas, aumentar la frecuencia y la gravedad de las inundaciones y las sequías, interrumpir la producción agrícola y degradar ecosistemas vitales. Dichos impactos no solo ponen en peligro los recursos naturales de Costa Rica, sino que también plantean serios desafíos a su economía y a los medios de vida de su población. En 2022, el país lanzó un Plan Nacional de Adaptación, priorizando el sistema de gestión del riesgo de desastres y mejorando la resiliencia de la infraestructura. Los riesgos climáticos también se han integrado recientemente en la planificación presupuestaria y en las evaluaciones de riesgos de los bancos. El cumplimiento de los objetivos de descarbonización y adaptación conlleva importantes exigencias fiscales. Se prevé que el cumplimiento de los objetivos intermedios de emisiones y la mejora de la resiliencia de las infraestructuras al cambio climático requerirán aproximadamente el 1% del PIB anual durante los próximos cinco años. Si bien Costa Rica está atrayendo nuevo financiamiento multilateral y privado para apoyar estos esfuerzos, mejorar la eficiencia del gasto público y ampliar la base tributaria, como se analiza en el Capítulo 1 de este estudio, será importante para crear el espacio fiscal adicional necesario para financiar estas inversiones.

Los Estudios Económicos anteriores hicieron hincapié en reducir las emisiones en el sector del transporte, al recomendar tener una red de transporte público más sólida y mejorar el diseño de los impuestos (Tabla 3.1), desafíos aún pendientes en la actualidad. Los ingresos tributarios ambientales en Costa Rica son relativamente altos, pero la introducción de un impuesto al carbono (ver discusión en el Capítulo 1) es otro desafío pendiente para fomentar una mayor reducción de las emisiones de carbono. Esto podría tomar la forma de un componente de impuesto al carbono dentro del gravamen único a los combustibles, e implicaría ajustar ese único a los combustibles para tomar en cuenta el contenido de carbono del combustible del mismo (Capítulo 1). Este capítulo se centra en cómo expandir la electricidad renovable, fundamental para apoyar la electrificación planificada del sector del transporte, y cómo diversificarla, fundamental para apoyar la seguridad energética. El capítulo también explora la urgente necesidad de mejorar las prácticas de gestión de residuos, esenciales para alcanzar los objetivos de descarbonización del país. También ofrece una visión general de las políticas de adaptación, especialmente en la gestión del agua, ya que el cambio climático amenaza cada vez más la disponibilidad de agua.

Costa Rica es líder en el uso de energías renovables, pero ahora enfrenta el doble desafío del rápido aumento de la demanda eléctrica y el creciente impacto del cambio climático en la energía hidroeléctrica, su principal fuente renovable. Dado que se espera que la electrificación del sector del transporte cuadruplique la demanda de electricidad para 2050 (OECD, 2023[2]), y que posibles nuevos aumentos provengan de la inversión extranjera directa y la integración comercial (analizados en los capítulos 1 y 4), las necesidades de electricidad del país aumentarán sustancialmente. Sin embargo, gran parte de la energía hidroeléctrica sin explotar de Costa Rica se encuentra en áreas naturales protegidas o tierras indígenas, lo cual limita su expansión. Al mismo tiempo, el cambio climático, en particular las estaciones secas prolongadas, ya interrumpe la producción de energía hidroeléctrica, lo cual causa escasez de electricidad y un aumento reciente en la generación de electricidad a partir del petróleo. Por lo tanto, expandir y diversificar las energías renovables también es crucial para fortalecer la seguridad energética, y así reducir la dependencia de los combustibles importados y garantizar un suministro de energía estable y resistente frente a los crecientes riesgos climáticos.

Desde 2015, casi toda la generación de electricidad ha provenido de energías renovables, y la energía hidroeléctrica ha contribuido con alrededor del 70% de la producción total, complementada por fuentes eólicas y geotérmicas (Gráfico 3.2, panel A). Las energías renovables constituyen cerca de la mitad del suministro total de energía, las cuales superan al promedio de la OCDE (Gráfico 3.2, paneles B y D). El petróleo, totalmente importado, representa el 51% de la matriz energética de Costa Rica (Gráfico 3.2, panel B), y se utiliza principalmente para el transporte. El Plan Nacional de Descarbonización de Costa Rica enfatiza la necesidad de diversificar su cartera de energía renovable, reconociendo las limitaciones de depender demasiado de la energía hidroeléctrica debido a los impactos del cambio climático, como la reducción de las precipitaciones. Si bien el objetivo general es mantener una generación de electricidad casi 100% renovable, Costa Rica no tiene actualmente objetivos explícitos que especifiquen la contribución de cada fuente renovable en su matriz eléctrica general.

Costa Rica tiene un importante potencial sin explotar en energía eólica, solar (Gráfico 3.3) y geotérmica. Sus características geográficas únicas, en particular los vientos fuertes y constantes, otorgan a Costa Rica un importante potencial de energía eólica. El potencial técnico de la energía eólica se estima en hasta 3.800 MW, lo que indica un amplio margen de expansión desde los 450 MW de capacidad instalada actual. Varios proyectos que se pondrán en marcha en 2025 y 2026 aportarán 412 MW adicionales de capacidad procedente de fuentes solares, eólicas y de biomasa. Las características geológicas del país, marcadas por numerosos volcanes y puntos calientes geotérmicos, lo hacen muy adecuado para un mayor aprovechamiento de la energía geotérmica.

Liberar el gran potencial de Costa Rica en fuentes eólicas, solares y geotérmicas requiere mejoras tanto en la planificación como en las regulaciones. Una unidad administrativa dentro de la empresa estatal de electricidad, ICE, se encarga de la planificación general del sistema eléctrico. Al mismo tiempo, el ICE opera la mayoría de las centrales hidroeléctricas del país, lo que puede dar lugar a conflictos de intereses. Transferir la planificación del sistema eléctrico a un organismo independiente proporcionaría una perspectiva neutral y objetiva sobre las necesidades a largo plazo del sistema y permitiría una respuesta más rápida a los desafíos emergentes. Fortalecer la planificación podría implicar la optimización de las fuentes de energía durante todo el año, especialmente dada la variabilidad estacional de la energía hidroeléctrica. Una mejor planificación también implicaría ampliar la capacidad de la red para absorber más energía solar y eólica, que puede fluctuar y requerir una gestión avanzada de la red. Este organismo independiente podría encargarse de desarrollar una estrategia a medio plazo para ampliar y diversificar las energías renovables, que incluya establecer objetivos específicos para cada fuente renovable. Una estrategia de este tipo ofrecería una dirección más clara a los inversores públicos y privados, fomentando las inversiones específicas en infraestructura, tecnología e innovación para alcanzar estos objetivos.

También serían necesarias reformas regulatorias para fomentar la inversión y la innovación. En la actualidad, la empresa estatal (ICE) tiene casi un monopolio total en el sector de la electricidad, mientras que las empresas privadas están limitadas a la generación de electricidad y obligadas a vender su producción exclusivamente a ICE. Los generadores del sector privado deben competir por los contratos a través del proceso de licitación del ICE, que especifica tanto la cantidad como los términos de las compras de electricidad. La participación de las empresas privadas en la generación de electricidad está limitada al 30% y la inversión extranjera está restringida a un máximo del 65%. La apertura del mercado eléctrico, tal y como se aconseja en anteriores Estudios Económicos (OECD, 2023_[1]) y (OECD, 2020[3]), estimularía la inversión y contribuiría a la expansión y diversificación de las energías renovables. Costa Rica podría seguir el ejemplo de muchos países de la OCDE que han introducido cada vez más algún grado de separación entre la generación, la transmisión y el suministro minorista de electricidad. Separar efectivamente las actividades monopolísticas (como la explotación de la red de transmisión) de las actividades que pueden estar sujetas a competencia (como la generación y el suministro al por menor) puede aportar grandes beneficios en forma de innovación, capacidad de respuesta al cliente y precios más bajos. La introducción de una separación legal sería un buen paso para aumentar el rendimiento, mientras que la separación de la propiedad ofrecería los mayores beneficios. Eliminar gradualmente las restricciones y los límites a la participación del sector privado y la propiedad extranjera serían otras medidas sustanciales para impulsar la inversión. Se ha presentado a la Asamblea Legislativa una propuesta legislativa destinada a reformar el mercado eléctrico que parece estar bien alineada con algunas de las recomendaciones de anteriores Estudios Económicos de la OCDE.

También hay espacio para mejorar el proceso de obtención de permisos para desarrollar proyectos de energías renovables, ya que sigue siendo largo y complejo. Las agencias involucradas en el otorgamiento de permisos tienden a operar en diferentes plazos, lo que causa retrasos significativos. Algunos organismos reguladores se beneficiarían de plazos más estrictos para procesar las solicitudes, lo que ayudaría a evitar largos períodos de espera para los desarrolladores. Los usuarios de paneles solares también se enfrentan a una alta tarifa de "respaldo" o "acceso a la red" impuesta por la empresa estatal de servicios públicos. La tarifa, diseñada para cubrir los costos de mantenimiento de la red eléctrica nacional, puede aumentar los costos de electricidad para los usuarios de energía solar hasta en un 400%, lo que desalienta la adopción de la energía solar. Reducir la tasa haría que la energía renovable fuera más asequible para los consumidores y fomentaría un uso más generalizado de la energía solar, incluso en el sector de la agroindustria. La oposición pública local a la expansión de la energía renovable es relativamente limitada en Costa Rica, en comparación con otros países, en parte porque alrededor del 80% de la población vive en la Gran Área Metropolitana, lo que reduce el impacto local directo de muchos proyectos renovables, como los de áreas rurales o remotas. Sin embargo, involucrar a las comunidades locales afectadas en las primeras etapas del proceso de planificación y toma de decisiones para los proyectos de energías renovables, y garantizar que se mitiguen los daños potenciales a los ecosistemas y la biodiversidad local, ayudaría a generar confianza pública y reducir aún más la oposición.

El aumento sustancial de la demanda eléctrica implica la necesidad de actualizar y ampliar la red eléctrica. Para hacer frente a este desafío, el gobierno podría priorizar el financiamiento para proyectos de infraestructura de red y crear incentivos para la inversión del sector privado en mejoras de la red. Esto incluye el refuerzo de las líneas eléctricas, la mejora de las subestaciones y la ampliación de la capacidad de la red para garantizar un suministro estable a medida que aumenta el consumo de electricidad. Las tecnologías de almacenamiento de energía también serán cruciales para la gestión de las fuentes de energía renovable variables de Costa Rica, en particular la eólica y la solar. El gobierno podría incentivar la investigación, el desarrollo y la implementación de soluciones de almacenamiento de energía como baterías o hidroeléctricas de bombeo. Las soluciones de redes inteligentes también serán esenciales para integrar de manera eficiente la matriz de energía renovable de Costa Rica. Costa Rica está bien posicionada para enfrentar este desafío, ya que está implementando gradualmente medidores inteligentes, lo que ayudaría a implementar sistemas de monitoreo en tiempo real, asegurando que la red pueda responder dinámicamente a las fluctuaciones de la oferta y la demanda.

La gestión de residuos representa el 14,8% de las emisiones en Costa Rica, una proporción mayor que en otros países de la OCDE. Por lo tanto, mejorar la gestión de residuos será crucial para cumplir con las metas de descarbonización y mitigación del cambio climático. La generación de residuos es menor que en el promedio de los países de la OCDE, lo que refleja niveles de ingresos más bajos. Sin embargo, se encuentra en una tendencia creciente, y el aumento esperado de la población y del ingreso per cápita, junto con los cambios resultantes en los patrones de consumo, implican una aceleración de la generación de residuos (OECD, 2023[2]).

Más del 80% de los residuos en Costa Rica son generados por los hogares. En los últimos 15 años, Costa Rica ha cerrado 48 vertederos ilegales. Sin embargo, el país sigue dependiendo de los rellenos sanitarios para la eliminación de residuos, lo que no sólo contribuye a las emisiones de carbono, sino que también ejerce presión sobre los ecosistemas y la salud pública. Los rellenos sanitarios y vertederos restantes reciben casi el 80% del total de los residuos generados (Gráfico 3.4), una de las proporciones más altas entre los países de la OCDE.

Las tasas de recuperación han aumentado desde 2016, pero se mantienen entre las más bajas de la OCDE. En 2022, solo se recuperó el 10,7% del total de los residuos generados; el reciclaje, el compostaje y el procesamiento representó el 4,7%, el 2,8% y el 3,2%, respectivamente. Esto está por debajo del objetivo de recuperación de residuos del 15% establecido en la Estrategia Nacional para la Separación, Recuperación y Valorización de Residuos 2016-21. La modernización de los sistemas de recolección de desechos para garantizar una recolección eficiente y regular en todas las áreas del país, incluidas las regiones rurales y desatendidas, aún es un desafío importante. Las asociaciones público-privadas y una cooperación más estrecha entre las municipalidades, responsables de la recolección de residuos, y el gobierno central podrían ayudar a las municipalidades a fortalecer sus recursos financieros y técnicos para responder a estos desafíos.

A pesar de la obligación legal de establecer planes de gestión de residuos, 15 de los 84 gobiernos locales de Costa Rica aún no lo han hecho. Además, casi el 30% de las municipalidades carecen de regulaciones para los servicios de recolección, depósito y tratamiento de residuos (CGR, 2021[3]). Las prácticas de gestión de residuos en esas municipalidades suelen ser informales o incoherentes, lo que puede provocar ineficiencias, daños medioambientales y riesgos para la salud pública. A partir de los datos más recientes, los servicios de recolección de residuos de materiales reciclables ahora se proporcionan en 300 distritos (61%) de los 486 distritos estudiados, lo que marca un buen avance en la ampliación de la cobertura de residuos reciclables. Sin embargo, los sistemas integrales de recolección selectiva de residuos, que gestionan múltiples tipos de residuos, incluidos los reciclables, los orgánicos y los materiales peligrosos, solo están presentes en 24 municipalidades, lo cual beneficia a alrededor del 14% de los hogares (CGR, 2021 _[5]). En 2022, las municipalidades recolectaron 1,1 millones de toneladas métricas de residuos sólidos, de los cuales sólo 33.165 toneladas (3%) eran reciclables. Esto se queda corto comparado con la meta del 8% establecida por el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (CGR, 2023[4]).

La experiencia de la OCDE sugiere que fomentar la recolección selectiva de residuos para el reciclaje y el compostaje (Recuadro 3.1), así como la construcción de incineradoras de residuos para tratar los residuos residuales, puede ayudar a reducir la generación de residuos per cápita y el uso de rellenos sanitarios. Para hacer frente a este desafío, los planes actuales incluyen fortalecer el papel del gobierno central en la gestión de residuos. Las municipalidades tendrán la opción de adoptar una de tres estrategias para la separación de residuos orgánicos e inorgánicos: enviar los residuos a compostaje, recoger y separar en la fuente, o recoger todos los residuos juntos para su posterior separación. Además, hay planes para implementar un sistema de depósito-reembolso e introducir una tarifa sobre los materiales no reciclables. Estas acciones pueden mejorar sustancialmente la recolección y valorización de residuos.

Los gobiernos locales enfrentan altos costos operativos de recolección que no se reflejan en los modelos tarifarios de recolección de residuos. En el 70% de las municipalidades, las tarifas de recolección de residuos están desactualizadas y el 25% opera de forma deficitaria (CGR, 2021_[5]). El código municipal recomienda a las municipalidades revisar periódicamente sus modelos de recolección de residuos y sus estructuras de costos, pero rara vez lo hacen. El gobierno podría convertir las actualizaciones periódicas de las tarifas en un requisito, y podría apoyar a las municipalidades para que lo hagan, por ejemplo, al publicar modelos de estructuras de tarifas y costos que las municipalidades podrían adaptar a sus circunstancias locales.

Costa Rica tiene un enfoque integral de adaptación al cambio climático, incorporado en las políticas nacionales y estrategias de desarrollo. Su Plan Nacional de Adaptación ya ha impactado positivamente a más de 890.000 personas a través de planes de adaptación personalizados, y ha mejorado la resiliencia en comunidades vulnerables. El plan prioriza las soluciones basadas en la naturaleza, y reconoce el papel fundamental de los ecosistemas en la mitigación de los impactos climáticos. Los esfuerzos incluyen la restauración de humedales, proyectos de reforestación y la conservación de manglares; todos estos ayudan a proteger a las comunidades contra las inundaciones y el aumento del nivel del mar. Para mejorar la resiliencia de los sistemas alimentarios, Costa Rica se enfoca en promover prácticas climáticamente inteligentes en el sector agrícola. Esto incluye mejorar la gestión del suelo, implementar sistemas de riego eficientes en el uso del agua y fomentar la diversificación de cultivos para reducir la vulnerabilidad a los fenómenos meteorológicos extremos. También realiza esfuerzos para mejorar la gobernanza de la adaptación, en particular mediante el fortalecimiento de la función de liderazgo del Ministerio de Ambiente y Energía y del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Si bien Costa Rica ha logrado avances en la integración de la adaptación climática en las políticas nacionales, enfrenta desafíos a nivel local. Las municipalidades, que son actores clave en la implementación de proyectos de adaptación, a menudo carecen de los recursos financieros y la experiencia técnica necesaria para llevar a cabo medidas climáticas efectivas. Para abordar esto, el Ministerio de Ambiente y Energía emitió tres directrices técnicas en 2021 para ayudar a los gobiernos locales a desarrollar planes de preparación y adaptación a los impactos del cambio climático. Fortalecer la capacidad de los gobiernos locales, mediante la capacitación de los funcionarios locales, así como asegurar una mejor coordinación entre las autoridades nacionales y municipales son pasos esenciales para garantizar que los esfuerzos de adaptación al cambio climático lleguen a todas las regiones. También es necesario integrar las consideraciones climáticas en la planificación territorial de manera más firme, como la inclusión de los riesgos climáticos en los instrumentos de gestión territorial.

Mejorar los sistemas de alerta temprana es crucial para la capacidad de respuesta de Costa Rica ante los desastres relacionados con el clima. Existen algunos sistemas de alerta temprana, pero es prioritario actualizarlos para que proporcionen datos en tiempo real y para ampliar su cobertura, particularmente en cuencas donde las inundaciones y los deslizamientos de tierra son más recurrentes y generan más pérdidas, para así abarcar una gama más amplia de amenazas relacionadas con el clima, como las sequías. El SINIRUBE, el registro de beneficiarios de programas sociales, puede facilitar una coordinación más fuerte entre los sistemas de gestión de desastres y los programas sociales, lo cual permitiría una rápida identificación de las poblaciones en riesgo durante los fenómenos meteorológicos extremos.

Los mecanismos de seguros robustos pueden ayudar a proteger a las comunidades y a las industrias contra las pérdidas relacionadas con el clima. Un primer paso es garantizar que las aseguradoras incorporen consideraciones relativas al cambio climático en sus marcos de gobernanza y gestión de riesgos. Las directrices de buenas prácticas para las compañías de seguros publicadas recientemente (noviembre de 2023) y la taxonomía de finanzas sostenibles (agosto de 2024) ofrecen un valioso apoyo para esta integración. El Plan de Adaptación de Costa Rica tiene como objetivo que el 40% de las compañías de seguros integren consideraciones de riesgo climático en sus marcos de gobernanza y riesgo para el 2026. Los pequeños agricultores costarricenses, que son los más expuestos a la variabilidad climática, tienen hasta ahora un acceso limitado a los mecanismos de seguros. Se llevaron a cabo iniciativas para promover el acceso a los esquemas de seguros contra la pérdida de cosechas, como desarrollar metodologías para medir el riesgo climático y demostrar cómo los seguros pueden reducir la vulnerabilidad a estos riesgos. Mejorar las campañas de concientización pública, para promover que los ciudadanos sean conscientes de los riesgos que plantea el cambio climático podría promover la adopción de mecanismos de seguros.

La gestión del agua es un desafío clave en Costa Rica para adaptarse al cambio climático. Costa Rica tiene abundante agua, al cuantificar los recursos renovables de agua dulce per cápita. Sin embargo, el acceso al agua potable ha disminuido recientemente, del 95,7% al 89,9% de la población (PEN, 2024[5]). Las pérdidas de agua son elevadas, particularmente en las redes de suministro público de agua (Gráfico 3.5) debido a la antigüedad de las tuberías, y últimamente han aumentado. Recientemente, se han implementado restricciones de agua en la Gran Área Metropolitana de San José, ya que la disponibilidad de agua se ha visto obstaculizada por pérdidas, falta de reservorios y tanques estacionales, problemas de almacenamiento y distribución, y conexiones ilegales. Se espera que el estrés hídrico se agrave, a medida que el cambio climático intensifique los fenómenos de La Niña y El Niño, y se vuelvan más impredecibles. Por lo tanto, mejorar la gestión del agua sería clave para fomentar la adaptación al cambio climático en curso.

La disponibilidad de agua también se ve limitada por una red de alcantarillado subdesarrollada y un bajo nivel de tratamiento de aguas residuales, los cuales contribuyen a la contaminación del agua y al deterioro de la calidad del agua de los ríos. Solo alrededor de una cuarta parte de la población de Costa Rica está conectada a una red pública de alcantarillado, proporción significativamente menor que la de la OCDE y sus pares regionales (Gráfico 3.6). La mayor parte de la población cuenta con tratamiento de aguas residuales independiente (tanques sépticos) y menos del 10% está conectado a plantas de tratamiento públicas de aguas residuales. Usualmente, los tanques sépticos capturan solo una pequeña parte de las aguas residuales de los hogares, y el resto se descarga en los ríos sin recibir tratamiento. A menos que se manejen y monitoreen cuidadosamente, los tanques sépticos se filtran al suelo y a las aguas subterráneas, lo cual resulta en contaminación. Además, solo alrededor del 15,5% de las aguas residuales recolectadas mediante alcantarillado reciben algún tipo de tratamiento. (PEN, 2022[6]).

Todo esto resalta que la renovación y expansión de la infraestructura hídrica y el aumento de la inversión en saneamiento y tratamiento de aguas residuales son clave para fomentar la adaptabilidad de Costa Rica al cambio climático y a las temporadas más secas y frecuentes asociadas. Se prevé que solo alrededor del 15% de la población estará conectada a sistemas públicos de tratamiento de aguas residuales para el 2045, lo cual está por debajo del objetivo del 100% establecido por la Política Nacional de Saneamiento de Aguas Residuales para el 2026. La débil planificación y ejecución han obstaculizado las infraestructuras de agua y alcantarillado: solo se ha utilizado la mitad de la asignación presupuestaria de 2023 para infraestructuras hídricas y aproximadamente el 60% de los proyectos en curso han sufrido retrasos. La inversión en aguas residuales se ha descuidado en gran medida desde hace algún tiempo. Costa Rica se beneficiaría de una planificación financiera estratégica a largo plazo para la inversión en infraestructura hídrica y de aguas residuales. Esto debería incluir la exploración de una amplia gama de opciones para movilizar el financiamiento necesario, como las asociaciones público-privadas o los bonos verdes. Establecer una cartera de proyectos de infraestructura, priorizados de manera transparente y basados en criterios sólidos, listos para ser ejecutados a medida que se disponga de financiamiento, aceleraría la disponibilidad de infraestructura hídrica. El contar con planes de proyectos exhaustivos y realistas, que incluyan plazos claros, hitos y asignaciones de recursos, facilitarían la ejecución eficiente de proyectos. En este sentido, Costa Rica ha establecido recientemente un plan para agilizar la ejecución de 51 proyectos prioritarios, de los cuales 45 son proyectos de agua potable, cinco son proyectos de saneamiento y uno está enfocado en mejorar la gestión.

En principio, los gravámenes sobre la utilización del agua deben reflejar el valor del uso del agua y el servicio ambiental que proveen recursos hídricos, y proporcionar parte del financiamiento necesario para mantener y ampliar la infraestructura. Sin embargo, estos gravámenes aún son muy bajos en Costa Rica (OECD, 2023[2]), lo que limita su uso como incentivo económico para el uso responsable del agua y para aumentar los ingresos para la gestión sostenible del agua. Además, las tarifas de abastecimiento de agua y alcantarillado no reflejan el costo económico total de la prestación del servicio. Asimismo, hay margen para mejorar su eficiencia, ya que existen subvenciones cruzadas importantes entre los usuarios: los usuarios residenciales suelen pagar tarifas de agua más bajas respecto a los usuarios comerciales o industriales. Los niveles de tarifas deberían reflejar mejor los costos de la prestación de servicios y los planes estratégicos de inversión a largo plazo. En línea con el ejemplo de otros países de la OCDE, como Francia (Recuadro 3.2), Costa Rica está bien posicionada para abordar los problemas de asequibilidad resultantes mediante transferencias dirigidas a hogares de bajos ingresos, dada la disponibilidad de SINIRUBE, el registro que incluye a todos los beneficiarios de programas sociales en Costa Rica.

Mejorar el control de la calidad del agua también puede ayudar a mejorar la gestión del agua. El sistema de información permanece en una fase inicial, lo que impide obtener una comprensión precisa y completa del estado actual del agua y la evolución de su calidad. Los sitios de monitoreo son limitados y los datos no se recopilan de manera consistente (OECD, 2023[2]), lo que dificulta la detección y el análisis de tendencias a lo largo del tiempo. Para una mejor gestión del agua, es esencial contar con un marco de monitoreo de la calidad del agua más integral y robusto que incorpore recursos hídricos externos (Recuadro 3.3), los cuales son predominantes en Costa Rica. Esto incluye ampliar el número de sitios de monitoreo para cubrir todos los cuerpos de agua críticos, e implementar protocolos de recopilación de datos estandarizados y frecuentes.

[4] CGR (2023), “Informe de seguimiento de la Gestión Pública sobre el Índice de Gestión de Servicios Municipales”, Contraloría General de la República. Informe n. DFOE-LOC-SGP-00004-2023.

[9] CGR (2021), “Indice de Gestión de Servicios Municipales, [Municipal Services Management Index]”, Contraloría General de la República.

[1] Climate Action Tracker (2023), “Climate Action Tracker: Costa Rica.”, https://climateactiontracker.org/countries/costa-rica/.

[7] EEA (2021), “Water management in Europe: price and non-price approaches to water conservation”, European Environment Agency Briefing.

[2] OECD (2023), “Environmental performance”, in OECD Environmental Performance Reviews: Costa Rica 2023, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/2f336a4f-en.

[12] OECD (2023), Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2023, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/09d84187-es.

[3] OECD (2020), Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2020, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/84cbb575-es.

[8] OECD (2020), “Nature-based solutions for adapting to water-related climate risks”, OECD Environment Policy Papers..

[10] OECD (2018), “Implementing the OECD Principles on Water Governance: Indicator Framework and Evolving Practices”, OECD Publishing, Paris.

[11] OECD (2016), “OECD Environmental Performance Reviews: France”.

[5] PEN (2024), “Programa Estado de la Nación 2024”, Programa Estado de la Nación.

[6] PEN (2022), “Informe Estado de la Nación 2022”, Programa Estado de la Nación..