En lo que respecta a las políticas para movilizar recursos internos para el desarrollo y mejorar las condiciones fiscales, Colombia ha alineado su marco fiscal y las estrategias de los bancos de desarrollo con los Planes Nacionales de Desarrollo (PND). El Marco Nacional Integrado de Financiamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo garantiza que el Presupuesto General de la Nación para 2020-2024 se integre perfectamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, optimizando las asignaciones presupuestarias en todos los sectores. El Plan Estratégico Institucional de Colombia (2023‑2026) y el PND (2022-2026) coordinan los esfuerzos para reforzar el sistema fiscal y fomentar el crecimiento económico sostenible. El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario democratizó el crédito, promoviendo la inclusión financiera y destinando 35 600 millones de pesos colombianos (COP) a créditos verdes para la agricultura sostenible durante el periodo 2022-26. Las líneas de crédito directas de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (Findeter) a las empresas eléctricas, y la adopción de políticas como el Decreto 263 de 2024 para el desarrollo de viviendas subvencionadas, ponen aún más de relieve el compromiso de Colombia con el crecimiento sectorial y la resiliencia frente a los retos medioambientales.

Por lo que se refiere a las políticas para promover un mercado financiero robusto, inclusivo y sostenible, Colombia ha puesto en marcha iniciativas lideradas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y entidades como Banca de las Oportunidades, Findeter y Bancoldex, para profundizar en la inclusión financiera, apoyar a las pequeñas empresas e impulsar la agricultura a través de programas como “Creo” y Crédito de Desarrollo. Iniciativas como Datos Abiertos y Sistemas de Pagos de Bajo Valor Inmediatos mejoran los productos financieros y agilizan las transacciones, mientras que los esfuerzos para promover la equidad de género, la educación financiera y el desarrollo de los mercados de capitales contribuyen a captar inversiones. La Ley de Financiamiento y modernización del mercado de capitales amplían los instrumentos de mercado y reducen las cargas operativas. Colombia también está integrando la negociación de derivados denominados en COP para el 2025. Esfuerzos como “Colombia, destino de inversión” y la Ley 1955 de 2019 amplían la accesibilidad al mercado, mientras que las reformas normativas impulsan el desarrollo del ecosistema financiero. La agenda en materia de finanzas sostenibles queda evidenciada a través de las emisiones de bonos verdes, sociales y sostenibles, junto con iniciativas como la plataforma de crowdfunding A2censo, que diversifica el financiamiento de las empresas locales. La Superintendencia Financiera impulsa la innovación con los proyectos de finanzas abiertas y supervisión digital, promoviendo el crecimiento de las fintech, el intercambio seguro de datos y la evaluación de riesgos.

En lo que respecta al financiamiento regional e internacional y a las asociaciones para catalizar recursos internacionales, la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional 2023-26 de Colombia asegura 96 millones de USD ―destinados a la acción por el clima, la justicia medioambiental y la inclusión de la población migrante― procedentes de donantes bilaterales e instituciones multilaterales. Iniciativas como “Colombia + Competitiva” promueven la inclusión financiera de las micro, pequeñas y medianas empresas, complementada por el Proyecto de Crédito del Banco Mundial dirigido a impulsar la transformación sostenible de la agricultura. La colaboración con la Agencia Francesa de Desarrollo está impulsando la movilidad con vehículos eléctricos. La preparación de la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo destaca el compromiso de Colombia, centrado en una cartera de transición socioecológica de 4 500 millones de USD para la conservación de la biodiversidad, la mitigación del cambio climático, las energías renovables y el desarrollo rural sostenible.