Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2025

Alberto González Pandiella
OCDE

Reducir la desigualdad de ingresos y la pobreza son desafíos pendientes en Costa Rica. Después de registrar un aumento durante la pandemia, los indicadores de desigualdad y pobreza han experimentado una caída reciente (Gráfico 2.1). En términos generales, los niveles de pobreza se han mantenido estables, en alrededor del 20%, mientras que, desde mediados de la década de 1990, la pobreza extrema se ha mantenido cercana al 6%. En este capítulo se describen los desafíos clave para reducir la informalidad y la brecha de género en la participación laboral, ambos aspectos esenciales para aliviar la pobreza y reducir las desigualdades en Costa Rica (Gráfico 2.2). Mejorar el acceso de las mujeres al mercado laboral incrementaría el ingreso disponible de sus hogares, reduciría los riesgos de caer en pobreza y ampliaría sus oportunidades económicas. La reducción de la informalidad es un paso esencial para ofrecer mejores salarios y empleos de alta calidad. Desde el 2020, la tasa de informalidad de las mujeres se ha aproximado a la de los hombres; sin embargo, históricamente la informalidad ha sido más alta para las mujeres (Gráfico 2.3). Así, reducir la informalidad podría mejorar significativamente el acceso de las mujeres a empleos de alta calidad y a mejores oportunidades laborales. Además de abordar estos desafíos, la mejora en la cobertura de los programas sociales es otro reto pendiente, como se discute en el Capítulo 1 de este estudio y en el Estudio Económico de 2023. Reducir la fragmentación de las políticas de asistencia social y seleccionar los beneficiarios de los programas sociales a partir del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) son pasos clave para mejorar la cobertura y el alcance de la protección social, así como su efectividad en la reducción de la desigualdad y la pobreza (ver Capítulo 1).

El derecho humano fundamental de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres también incrementa la eficiencia económica; esto a través de una mejor asignación del talento, lo que deriva en grandes beneficios económicos (OECD, 2024[1]). En comparación con los países de la OCDE y los países pares en América Latina, Costa Rica exhibe un buen desempeño en varias dimensiones relacionadas con la igualdad de género. Lo anterior incluye logros educativos, donde las mujeres han alcanzado niveles iguales o superiores de educación que los hombres (OECD, 2024[2]); el acceso a servicios de salud y sus efectos derivados, lo que incluye servicios integrales de maternidad (WEF, 2023[3]); representación política, donde las mujeres han alcanzado cargos importantes en el congreso y el gobierno (OECD, 2023[4]); y una brecha salarial de género relativamente baja (Gráfico 2.6). Actualmente, Costa Rica también impulsa la participación de las mujeres en el comercio, lo que incluye su adhesión al Acuerdo Global sobre Comercio y Género (Capítulo 4). Sin embargo, la participación femenina en el mercado laboral (Gráfico 2.4) es significativamente inferior a la de los hombres, y en años recientes se ha reducido aún más (ver Gráfico 1.3, Capítulo 1). Esto también se observa al comparar a Costa Rica con otros países de la OCDE y con países pares de la región, como Chile, Colombia y Perú. Las ganancias potenciales de aumentar la participación femenina en el mercado laboral de Costa Rica son significativas (Gráfico 2.5). Cerrar la brecha de género en el mercado laboral en su totalidad para 2060, así como también el número de horas trabajadas anualmente, aumentaría el PIB potencial per cápita de Costa Rica en 0,5 puntos porcentuales al año, un incremento más sustancial que en la economía promedio de la OCDE. Adicionalmente, impulsar la participación de las mujeres en el mercado laboral podría ayudar a mitigar el impacto fiscal del envejecimiento poblacional, lo que ayudaría a consolidar la sostenibilidad de las pensiones y del sistema de salud costarricense.

Costa Rica muestra una brecha de género relativamente baja al tomar como referencia la mediana de los ingresos brutos de los trabajadores a tiempo completo (Gráfico 2.6). Lo anterior refleja que las mujeres en empleos formales a tiempo completo obtienen ingresos similares a los de los hombres. Sin embargo, los ingresos promedio de las mujeres son más bajos en comparación con los hombres; esto debido a una menor participación laboral y una menor cantidad de horas de trabajo remuneradas. Existe un desequilibrio notable en la cantidad de horas de trabajo remuneradas, ya que las mujeres trabajan, en promedio, ocho horas a la semana menos que los hombres. Las responsabilidades domésticas y de cuido generan cargas desproporcionadamente altas en las mujeres, quienes dedican casi tres veces más tiempo a estas tareas que los hombres (OECD, 2024[2]). Lo anterior limita sus oportunidades de participación en el mercado laboral (Gráfico 2.7) o de trabajar jornadas completas. Dicha limitación afecta a mujeres de todos los niveles de ingreso, pero en especial, a aquellas de ingresos bajos, donde cerca del 80% señalan que las responsabilidades domésticas constituyen una barrera para acceder al mercado laboral. Esta situación afecta particularmente a las madres, cuya tasa de empleo, de un 48%, es considerablemente menor que en otros países de la OCDE (72%).

Ampliar el acceso a educación temprana y cuidados de primera infancia, asequibles y de buena calidad, debe ser una prioridad, ya que ello genera un doble beneficio al impulsar la participación femenina en el mercado laboral, y al mismo tiempo, mejorar la equidad y los resultados educativos (OECD, 2023[6]). Costa Rica debe incrementar sus tasas de matrícula en educación temprana, tanto para niños de entre tres y cinco años, como para niños de menor edad (Gráfico 2.8). Actualmente, la red de educación temprana cubre únicamente un 40% de los hogares en pobreza (tanto pobreza extrema como moderada). Lograr una cobertura total para estos hogares implicaría duplicar el presupuesto disponible actualmente, de aproximadamente un 0,23% del PIB. La organización y provisión de educación temprana y cuidados de primera infancia están fragmentadas, el Ministerio de Educación Pública se encarga del diseño de políticas, mientras que otras tres entidades públicas manejan la prestación del servicio. Este arreglo institucional conduce a una falta de claridad de las funciones y responsabilidades de estas instituciones, que incluyen al comité interinstitucional establecido para realizar la coordinación (CGR, 2023[7]), lo que obstaculiza la prestación del servicio. Los planes para ampliar la cobertura en un 15% entre 2018 y 2022 fueron insuficientes y se registró un crecimiento de apenas un 1,6%. A pesar de la significativa necesidad y demanda de estos servicios, hay muchos centros que operan por debajo de su capacidad, con menos cupos de los que potencialmente pueden albergar. La fragmentación también se traduce en dificultades para alcanzar niveles de calidad homogéneos. Con lo anterior, se revela la necesidad de aplicar reformas institucionales en el área de educación temprana y cuidados de primera infancia.

Actualmente se llevan a cabo esfuerzos para crear un nuevo marco institucional donde se centralice la responsabilidad y la gobernanza en una sola entidad, un nuevo Ministerio de Asuntos Sociales (ver Capítulo 1). La iniciativa anterior tiene el potencial de mejorar la gobernanza en el sector de la educación temprana, además de reducir la fragmentación y ampliar la cobertura. Además, esta iniciativa puede contribuir a fortalecer la supervisión del sector de la educación temprana y garantizar la coordinación con otros programas sociales. Como se recomendó en el Estudio Económico de 2023 (Tabla 2.1), debe darse prioridad de acceso a los hogares de bajos ingresos, mediante financiamiento del presupuesto general. Como siguiente paso, se podrá garantizar el acceso a los hogares de ingresos más altos. La aplicación de modalidades de copago para estos hogares podría ayudar a ampliar la cobertura en un contexto fiscal limitado. Adicionalmente, existe una necesidad urgente de establecer y aplicar estándares de calidad en los centros de educación temprana y cuidados de primera infancia. En evaluaciones recientes se han identificado brechas en estos estándares, mismas que resultan en diferentes niveles de calidad de la educación y cuidados, dependiendo de la institución administradora (CGR, 2023[7]).

Más allá de la educación temprana, las jornadas escolares de educación primaria también afectan de manera significativa el empleo femenino. Las reformas aplicadas en varios países de la OCDE (Recuadro 2.1) demuestran que al aumentar las horas de estudio en escuelas primarias se puede estimular significativamente la participación de las madres en el mercado laboral, lo que incrementaría el empleo y las horas trabajadas. Aumentar la jornada escolar en Costa Rica, que actualmente es de cuatro horas, para niños de entre tres y cinco años, mejoraría considerablemente el acceso de las mujeres al mercado laboral y a empleos de tiempo completo, lo que permitiría horarios más flexibles de trabajo y tasas de empleo más altas para las madres. Al mismo tiempo, este cambio ofrecería el beneficio de mejorar los resultados educativos, como se analiza en el Estudio Económico de la OCDE para Costa Rica del 2023. Solamente un 8,5% de las escuelas primarias costarricenses ofrecen jornada escolar de día completo, ya que la mayoría de ellas opera en turnos de medio día. Esta situación impide que las mujeres en Costa Rica puedan trabajar a tiempo completo o estén disponibles para trabajar. Al aumentar la cantidad de escuelas con jornadas escolares de día completo, se facilitaría que más mujeres en el país puedan optar por trabajos remunerados y de tiempo completo.

Promover la aplicación de la licencia de paternidad también sería beneficioso. En Costa Rica, las madres tienen derecho a 17 semanas de licencia remunerada tras el parto, lo que se acerca al promedio de la OCDE. En el sector público, los empleados reciben cuatro semanas de licencia de paternidad, y en el sector privado, el beneficio es de 1,6 semanas. En los países de la OCDE existe una tendencia hacia una distribución más equilibrada de las licencias de maternidad y paternidad, lo que gradualmente ha alcanzado una proporción de 50/50 en algunos países como Islandia. Ampliar progresivamente las licencias de paternidad podría alentar una mayor participación de los padres en el cuidado de los niños y en otras tareas no remuneradas y, con ello, mejorarían las cifras de participación de las madres en el mercado laboral, tanto durante como después de sus licencias de maternidad (OECD, 2024[1]). Para aumentar el disfrute de las licencias de paternidad, Costa Rica podría considerar introducir gradualmente semanas de licencia reservadas para los padres, tal como se aplica en Canadá, Dinamarca y Países Bajos. La ampliación de las licencias para los padres se financiaría mediante el sistema de seguridad social, como se hace en el caso de las madres, con miras a facilitar su adopción y evitar estigmas.

De forma desproporcionada, las mujeres también asumen las responsabilidades asociadas al cuidado de familiares de la tercera edad, lo que resalta la necesidad urgente de ampliar el acceso a servicios de asistencia y cuidado de adultos mayores. La disponibilidad de servicios formales de cuidado para adultos mayores, donde trabajadores remunerados apoyen a estas personas en su día a día, también mejoraría sustancialmente la participación de las mujeres en el mercado laboral (OECD, 2024[1]). Sean comunitarios o a domicilio, estos servicios también contribuyen a disminuir costos de salud al fomentar la asistencia preventiva y al reducir las hospitalizaciones. En Costa Rica, el acceso a los servicios de cuidado para personas de la tercera edad es muy limitado, con una cobertura actual de aproximadamente 1600 personas en todo el país. Se han iniciado algunas iniciativas de servicios de asistencia domiciliaria, lo que incluye el reciente programa piloto del Banco Interamericano de Desarrollo, destinado a apoyar a los cuidadores y desarrollar una metodología estándar para la evaluación de los costos de servicios esenciales de asistencia. Ampliar progresivamente los servicios formales de cuidado del adulto mayor, incluyendo tanto servicios comunitarios como a domicilio, también contribuiría con una mayor participación laboral de las mujeres. Priorizar el acceso a hogares de ingresos bajos e implementar mecanismos de copago para los hogares de ingresos más altos brinda la oportunidad de expandir estos servicios de forma fiscalmente sostenible.

Además de ampliar la red de cuido de niños y adultos mayores, las mujeres costarricenses se beneficiarían de una mayor representación en ámbitos profesionales con mejores perspectivas laborales. Aunque las mujeres en Costa Rica se matriculan más en educación secundaria y obtienen más títulos de educación terciaria que los hombres, todavía su representación en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) es menor a la de sus homólogos masculinos. La proporción de hombres graduados en STEM supera el porcentaje de las mujeres en 19 puntos porcentuales, una brecha que, sin embargo, es inferior al promedio de la OCDE de 25 puntos porcentuales. Alentar a niñas jóvenes y mujeres a cursar estudios en STEM, lo que incluye programas de mentorías, como se recomendó en el Estudio Económico de 2023, mejoraría sus posibilidades de obtener empleos de calidad y apoyaría la competitividad de Costa Rica (Capítulo 4).

La informalidad, en alrededor del 40% del empleo total, se mantiene alta (Gráfico 2.9). Es un determinante clave de la desigualdad y la pobreza, y es tanto una causa, como una consecuencia, de la baja productividad. La informalidad es particularmente prevalente entre personas de ingresos bajos, trabajadores sin educación secundaria, trabajadores independientes y agrícolas. Los Estudios Económicos anteriores de la OCDE sobre Costa Rica ( (OECD, 2023[6]), (OECD, 2020[11]), (OECD, 2016[12])) destacaron que reducir la informalidad requiere acciones coordinadas entre distintos frentes de políticas públicas (Gráfico 2.10). Estos incluyen disminuir costos laborales no salariales, reducir las barreras para el establecimiento de empresas formales, simplificar el sistema de salarios mínimos, ayudar a que más costarricenses adquieran nuevas habilidades para acceder a empleos formales (como se discute en el Capítulo 4 y en el Estudio Económico anterior), simplificar los impuestos (como se discute en el Capítulo 1) y fortalecer la aplicación de las regulaciones fiscales y laborales. Esta sección revisa el progreso alcanzado en algunos de estos ámbitos y destaca los desafíos por resolver.

Los cargos de planilla que pagan los empleadores son altos en comparación con el promedio de la OCDE (Gráfico 2.11), lo que también dificulta la formalización. Dada la baja productividad laboral, uno de los mayores obstáculos para la creación de empleos formales es la presencia de contribuciones sociales obligatorias y otros impuestos sobre las planillas que son relativamente altos (Arnold et al., 2024[13]). La experiencia en países como Colombia (OECD, 2024[14]) sugiere que reducir estos costos laborales no salariales ayudaría a disminuir la informalidad laboral.

Actualmente, los cargos de planilla representan un 37% del costo salarial en Costa Rica y los empleadores pagan 72% de estos. Una buena parte de los cargos de planilla (alrededor de un 35%) no están destinados a financiar el sistema de seguridad social. En su lugar, los recursos se asignan para financiar a otras instituciones como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) o un banco público. Esta es una estrategia regresiva e ineficiente para financiar esas instituciones, ya que obstaculiza la formalización, y al mismo tiempo, erosiona la base tributaria. En particular, esta estrategia reduce las oportunidades de los trabajadores menos calificados para acceder a empleos formales, al ampliar la brecha entre su productividad y el costo de la mano de obra. Así, podrían eliminarse las contribuciones financieras a la entidad bancaria pública, que fue establecida en 1969, pero que actualmente es una entidad financiera madura e integrada a los mercados financieros. El INA y Fodesaf podrían comenzar a financiarse gradualmente con el presupuesto general.

Los cambios en la planilla reducirían las cargas sobre los empleadores en 7,25 puntos porcentuales, sin comprometer el financiamiento del sistema de seguridad social. Los cambios podrían resultar positivos, incluso para el sistema de seguridad social, ya que más trabajadores podrían convertirse en trabajadores formales y contribuyentes. Financiar el INA y el fondo social con el presupuesto requeriría aumentar los ingresos, mediante una ampliación de la base tributaria de los impuestos sobre la renta personal y el valor agregado, o eliminar progresivamente algunos gastos fiscales, como se explica en el Capítulo 1 de este Estudio. En el contexto fiscal actual, el cambio en cuestión podría aplicarse gradualmente y la reducción de los cargos de planilla sobre los empleadores podría focalizarse inicialmente en los trabajadores de ingresos bajos.

Contar con un salario mínimo relativamente alto y un sistema complejo de salarios mínimos también puede fomentar la informalidad. Costa Rica ha simplificado su sistema de salarios mínimos en los últimos cinco años, al reducir el número de salarios mínimos de 26 a 16, y actualmente espera reducirlo a 11. El salario mínimo promedio de Costa Rica, de cerca del 90% de la mediana de los salarios promedio de los trabajadores formales a tiempo completo, es alto en términos relativos a otros países de la OCDE (Gráfico 2.12). En el caso de economías emergentes, por lo general caracterizadas por la coexistencia de empleos formales e informales, la presencia de salarios mínimos muy altos, que no se cumplen de forma efectiva, podrían empujar a los trabajadores hacia la informalidad (Del Carpio and Pabon, 2017[15]). Cualquier aumento futuro del salario mínimo debe abordarse con prudencia y debe estar alineado con el crecimiento de la productividad laboral, ya que tendría el potencial de reducir las perspectivas de empleo formal, en especial para trabajadores poco calificados. Realizar una evaluación exhaustiva de cómo el nivel del salario mínimo impacta las oportunidades de los trabajadores jóvenes y poco calificados para acceder a empleo formal puede aportar información a las discusiones y decisiones futuras que deba tomar el comité encargado de asesorar en materia de salarios mínimos. Este comité está integrado por representantes del gobierno, empleadores y trabajadores, y sus análisis podrían reforzarse si se incorporan expertos de la academia en mercado laboral que aporten su conocimiento técnico y permitan la formulación de recomendaciones basadas en evidencia.

La informalidad es particularmente alta entre los trabajadores con jornadas parciales (Gráfico 2.13), situación que es más frecuente entre las mujeres. En la actualidad, no existe un régimen de contribución a la seguridad social para trabajadores de tiempo parcial, quienes se enfrentan a una base mínima de contribución que es fija e independiente de las horas trabajadas. En consecuencia, los trabajadores con jornadas parciales se enfrentan a menudo a contribuciones a la seguridad social que son desproporcionadamente altas con respecto a sus ingresos. Además de las altas tasas de cotización social, la presencia de una base mínima contributiva fija desalienta la formalización de pequeñas empresas, así como la formalización de mujeres y jóvenes que, con mayor frecuencia, trabajan jornadas parciales (OECD, 2017[16]). En reconocimiento de estos desafíos, la Caja Costarricense de Seguro Social aplicó recientemente una base mínima contributiva para trabajadores con jornadas parciales y de ingresos bajos. Esta política se aplicaría inicialmente a trabajadores menores de 35 años en 2023, a trabajadores entre 35 y 50 años en 2024, e incorporaría a todos los grupos etarios para 2025. Es crucial evaluar el impacto de estas reducciones en las tasas de formalización de trabajadores de ingresos bajos. El impacto de introducir un umbral de ingreso debe analizarse cuidadosamente, en particular por los potenciales desincentivos para trabajar más horas, que podría conllevar la pérdida de elegibilidad para la base mínima más baja. Permitir que trabajadores con jornadas parciales contribuyan de forma proporcional a sus ingresos sigue siendo una opción válida para facilitar la formalidad entre estos trabajadores.

Las regulaciones onerosas y los trámites burocráticos también pueden actuar como barreras para la formalización. El indicador OCDE de Regulación del Mercado de Productos (PMR) muestra que Costa Rica cuenta con algunas de las regulaciones más estrictas entre los países de la OCDE, en particular en lo concerniente a la constitución de empresas formales (Gráfico 2.14). Existen espacios para reducir la burocracia y los costos económicos asociados con la formalización de nuevas empresas. Muchos países de la OCDE (entre ellos, Portugal, Nueva Zelanda, Estonia y Dinamarca) han reducido estos costos al implementar ventanillas únicas virtuales, en las que se pueden cumplir con todos los requisitos administrativos en línea y en un solo paso. Costa Rica ha tomado algunas medidas en esa dirección tras la creación de la Ventanilla Única de Inversión (OECD, 2024[17]). En principio, este servicio se limitó a las zonas francas y al área metropolitana de San José; sin embargo, en la actualidad, la ventanilla está disponible para cualquier empresa. La ventanilla tiene el potencial de simplificar aún más la formalización de las empresas al abarcar más requisitos administrativos. Un ejemplo serían las regulaciones y trámites municipales, como licencias y permisos, que aún no están incluidas en la ventanilla y que son cruciales para la creación de nuevos negocios. Hay también margen para incluir a más municipalidades en esta iniciativa, que actualmente abarca solo a 30 de las 84 municipalidades. De la misma forma, la plataforma podría incluir trámites en temas ambientales y de construcción (OECD, 2024[17]). La baja utilización de la modalidad de firma digital entre las empresas y las personas físicas (véase la información en los Estudios Económicos de 2020 y 2023) también es una barrera para alcanzar una digitalización generalizada de los trámites administrativos que podría cubrir la ventanilla única. Se considera que el costo para empresas y personas de una firma digital es elevado (OECD, 2024[17]). Así, iniciativas orientadas a reducir estos costos ayudarían a desbloquear todo el potencial de la Ventanilla Única para simplificar procedimientos administrativos y para promover la constitución de empresas formales. Las iniciativas actuales del Banco Central de Costa Rica para implementar un mecanismo de firma digital en el móvil se proyectan como una vía para reducir los costos asociados con la obtención de firmas digitales y con ello ampliar la base de usuarios.

Costa Rica ha comenzado a reducir el conjunto de regulaciones que generan trabas a la actividad económica formal (Recuadro 2.2). Lo anterior se ha hecho en cooperación con el sector privado, que representa una vía efectiva para identificar cuáles regulaciones ya no son necesarias. Un próximo paso importante sería realizar evaluaciones integrales de los cambios regulatorios aplicados, ya que podrían aportar información para futuras reformas. Un desafío crítico que sigue pendiente es la ausencia de un catálogo o registro único, centralizado, actualizado y completo, que incluya todos los procedimientos administrativos, licencias y los permisos que se exigen a las empresas. En la actualidad, esta información está dispersa en varias páginas web, lo que, en algunos casos, se traduce en incoherencias (OECD, 2024[17]). Construir un registro como el descrito, y realizar las evaluaciones mencionadas periódicamente, sería un aporte clave para reducir duplicidades, armonizar las regulaciones entre las diversas instituciones públicas y mejorar la funcionalidad de la Ventanilla Única.

[13] Arnold et al. (2024), “Towards better social protection for more workers in Latin America: Challenges and policy considerations”, OECD Economics Department Working Papers, No. 1804, OECD Publishing, Paris.

[8] Berthelon, M., D. Kruger and M. Oyarzún (2023), “School schedules and mothers’ employment: evidence from an education reform”, Review of Economics of the Household, Vol. 21/1, pp. 131-171, https://doi.org/10.1007/s11150-022-09599-6.

[9] Cabrera-Hernández, F., M. Padilla-Romo and C. Peluffo (2023), “Full-time schools and educational trajectories: Evidence from high-stakes exams”, Economics of Education Review, Vol. 96, p. 102443, https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2023.102443.

[7] CGR (2023), “Informe de auditoría de carácter especial sobre la gobernanza y estándares de calidad de los servicios de cuido y desarrollo infantil de la redcudi”, Contraloría General de la República. Informe N.° DFOE-BIS-IAD-00010-2023.

[15] Del Carpio, X. and L. Pabon (2017), “Implications of Minimum Wage Increases on Labor Market Dynamics : Lessons for Emerging Economies”, WorldBank.

[10] Felfe, C., M. Lechner and P. Thiemann (2016), “After-school care and parents’ labor supply”, Labour Economics, Vol. 42/C, pp. 64-75.

[2] OECD (2024), “Brechas de género en Costa Rica: Una comparación internacional y subnacional”, in Igualdad de género en Costa Rica: Hacia una mejor distribución del trabajo remunerado y no remunerado, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/42041942-es.

[17] OECD (2024), “Estudio de la Ventanilla Única de Inversión de Costa Rica”, Estudios de la OCDE en Reforma Regulatoria.

[1] OECD (2024), “Gender mainstreaming in OECD Economic Surveys”.

[14] OECD (2024), “OECD Economic Survey: Colombia”.

[4] OECD (2023), “Government at a Glance 2023”.

[5] OECD (2023), Joining Forces for Gender Equality: What is Holding us Back?, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/67d48024-en.

[6] OECD (2023), OECD Economic Surveys: Costa Rica 2023, OECD Publishing, Paris.

[11] OECD (2020), Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2020, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/84cbb575-es.

[16] OECD (2017), OECD Reviews of Labour Market and Social Policies: Costa Rica, OECD Reviews of Labour Market and Social Policies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264282773-en.

[12] OECD (2016), OECD Economic Surveys: Costa Rica 2016: Economic Assessment, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/eco_surveys-cri-2016-en.

[3] WEF (2023), “Global Gender Gap Report 2023”.